Por: Esdras Díaz Madrid 

La investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) busca aportar soluciones a los principales problemas del país. En ese compromiso, la Alma Máter desarrolla estudios que contribuyen a comprender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, un fenómeno marcado por el silencio y la falta de denuncia, cuyos hallazgos pueden fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención integral a las víctimas.

Así lo explicó Marjorie Echenique, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), quien informó que el Observatorio de la Violencia de la UNAH y en colaboración con Medicina Forense del Ministerio Público (MP) realizó un análisis de los registros de evaluaciones médico-legales relacionadas con delitos sexuales contra personas de entre 0 y 18 años durante los últimos cinco años.

Los resultados, basados en al menos 10,000 requerimientos fiscales, fueron presentados ante el Congreso Nacional como parte de los aportes académicos a la construcción de la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral de los Abusos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ley CASI.

“Hemos dialogado directamente con la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Vallecillos; hemos dialogado con los miembros de la comisión también. Ese día presentamos nuestras observaciones, que fueron muy puntuales y que tienen ese sustento en esa investigación que nosotros hemos hecho desde el IUDPAS”, afirmó la funcionaria.

Echenique explicó que la participación de la Universidad respondió a una solicitud oficial del Congreso Nacional, particularmente de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, que trabaja en esta propuesta legislativa y requiere datos con rigor científico. En este proceso, la UNAH aporta orientaciones e insumos técnicos, mientras que la decisión sobre el contenido y la aprobación de la ley corresponde a los congresistas.

Datos para orientar

La investigación se desarrolló a partir de registros administrativos existentes, debido a que el levantamiento de información primaria requeriría investigaciones adicionales y un trabajo de campo más amplio. Según la directora del IUDPAS, Honduras mantiene importantes debilidades en la sistematización de estadísticas, lo que dificulta dimensionar la magnitud real de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia.

Aunque calificó la tarea como “desafiante”, Echenique destacó que el Observatorio de la Violencia cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el manejo de bases de datos y la consolidación de información, experiencia que permitió desarrollar el análisis.

Hallazgos

Los resultados identificaron que el 87.5 % de las víctimas registradas eran mujeres y que el grupo de 12 a 17 años concentraba la mayor cantidad de requerimientos fiscales analizados. Asimismo, siete de cada diez agresores eran personas conocidas por las víctimas, pertenecientes a su entorno familiar o de confianza.

En cuanto a los lugares donde ocurrían las agresiones, la directora indicó que el 62 % de los casos se registraba en viviendas. Además, el análisis identificó 12 homicidios en los que Medicina Forense estableció la existencia de una agresión sexual vinculada con la muerte.

Estos hallazgos permiten a los investigadores de la UNAH identificar características de las víctimas, de los agresores y de los entornos en los que se producen las agresiones. De acuerdo con Echenique, esta información puede contribuir a orientar las disposiciones de la propuesta de ley.

No obstante, la directora aclaró que los registros examinados no representan la totalidad de los casos de violencia sexual ocurridos en el país, sino únicamente aquellos que llegaron a las instancias correspondientes para una evaluación médico-legal. Por tanto, la magnitud real del problema podría ser considerablemente mayor.

Subregistro: una realidad marcada por el silencio

Uno de los principales desafíos identificados es que la información administrativa refleja solo una parte del fenómeno. El silencio, la falta de una cultura de denuncia y el hecho de que las agresiones puedan ocurrir dentro de círculos familiares o de confianza dificultan que muchas víctimas busquen ayuda, explicó Echenique.

Para ilustrar esta realidad, la directora hizo referencia a una encuesta sobre violencia contra la niñez y la adolescencia realizada en 2017. Según sus resultados, casi dos de cada tres mujeres consultadas que habían experimentado violencia sexual durante su niñez nunca se lo habían contado a nadie, lo que evidencia la dimensión de un problema que permanece oculto en la sociedad hondureña.

La misma encuesta, de acuerdo con los datos citados por la funcionaria, indicó que solo el 7.9 % de las mujeres que habían vivido violencia sexual durante su niñez había buscado algún servicio de ayuda, incluidos los servicios psicológicos, de salud o del sistema de justicia.

A partir de estos resultados y de los registros médico-legales, Echenique expuso una estimación para ilustrar la posible dimensión del subregistro. Mientras los datos analizados equivalen a un promedio de cinco evaluaciones médico-legales diarias, la directora planteó que la cifra de agresiones podría superar tentativamente las 50 al día.

La funcionaria aclaró que esta proyección debe confirmarse mediante estudios adicionales y no debe interpretarse como un registro oficial de los casos. Sin embargo, puede ofrecer indicios sobre la magnitud del problema que permanece oculto debido al silencio de las víctimas y a las dificultades para denunciar.

Recomendaciones para fortalecer la prevención

A partir de los hallazgos, el IUDPAS formuló al menos 16 recomendaciones para fortalecer la propuesta legislativa. Entre los componentes destacados por Echenique figura la educación integral en sexualidad como herramienta de prevención, junto con el desarrollo de capacidades de autoprotección y autocuidado desde la niñez y la adolescencia.

La directora sostuvo que, cuando las agresiones ocurren en entornos familiares o de confianza, es fundamental que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer conductas inapropiadas y sepan que tienen derecho a pedir ayuda, independientemente de quién sea la persona agresora.

“Si estamos viendo que la agresión se está dando en entornos de confianza, debemos de incorporar el empoderamiento de niñas y niños, sobre todo adolescentes, en el componente preventivo”, manifestó Echenique.

En ese sentido, señaló que la prevención no puede limitarse a advertir sobre los riesgos provenientes de personas desconocidas, sino que también debe contemplar los espacios cotidianos en los que las víctimas pueden encontrarse con personas de confianza.

Asimismo, añadió que la aprobación de una ley, por sí sola, no resolverá el problema, pues también será necesario desarrollar programas y medidas específicas de atención y protección para las víctimas.

Finalmente, indicó que la participación del IUDPAS en esta iniciativa no se limita a la colaboración en este proyecto legislativo. La Universidad también mantiene otros espacios de trabajo conjunto con comisiones del Congreso Nacional, en los que aporta datos e investigaciones sobre violencia, género, educación y otros problemas sociales.

NM. MB