Por: Elin Josué Rodríguez 

Las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, aprobadas la noche del martes 27 de octubre por 118 diputados del Congreso Nacional de la República, que buscan endurecer las penas de 30 años hasta la cadena perpetua para miembros de pandillas y estructuras criminales, preocupa a muchos sectores, entre ellos a la academia.

El primero que sentó su postura al respecto fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, abogado de profesión con maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal y doctorados en Derecho Penal, Ciencias penales y en Derecho Constitucional, además de un posdoctorado en Derecho Público.

El académico especialista en esa área planteó que “el derecho penal no debe convertirse en una competencia por establecer quien propone las penas más severas” y aconsejó que la verdadera discusión debe centrarse en quien ofrece las mejores soluciones para reducir la criminalidad.

Fernández argumentó que “endurecer las leyes sin fortalecer las instituciones puede producir una sensación inmediata de seguridad, pero difícilmente construirá una justicia sostenible”.

El penalista y constitucionalista enfatizó que la firmeza del Estado no se demuestra únicamente castigando más, sino investigando mejor, reduciendo la impunidad y evitando que el delito vuelva a reproducirse.

Debilidades del sistema

Por su parte, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) también se pronunció sobre el nuevo paquete de reformas a la Ley para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.

Ayestas, funcionaria del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), al igual que el rector Fernández, planteó que antes de endurecer las penas tanto en aumento de años como la restricción de derechos en los centros penitenciarios, primero se debe de fortalecer las instituciones para que la ciudadanía tenga confianza en ellas y así hacer las respectivas denuncias.

Dentro de esas fortalezas, la directora del ONV dijo que es necesario mejorar los procesos de investigación criminal porque esa debilidad ha sido el talón de Aquiles de la justicia hondureña.

En cuanto a los derechos humanos de los privados de libertad, la funcionaria de la Máxima Casa de Estudios dijo que Honduras es garante de Las Reglas Nelson Mandela (oficialmente Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), las cuales son un conjunto de 122 normas internacionales adoptadas en diciembre de 2015 para garantizar que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con dignidad y derechos humanos, donde se les debe respetar su dignidad humana, la no discriminación y menor lesividad, donde quedan prohibida la tortura, o cualquier trato o pena cruel, inhumano y degradante.

“Se priva la libertad, no los demás derechos; por lo tanto, se les debe garantizar el derecho a la alimentación, al no hacinamiento y a un poco de sol”, especificó.

También se refirió a los allanamientos a propiedad privada sin orden de un juez, de lo cual dijo que los mismos deben respetar las garantías constitucionales.

Marcados 

En cuanto a los tatuajes como evidencia de pertenencia a estructuras criminales ahora denominadas terroristas, Lidia Cálix, decana de la Facultad de Humanidades y Artes recordó que los mismos forman parte de la historia de la humanidad desde hace más de 5,000 años, con evidencias que se remontan a la Antigüedad y al Neolítico

“El cuerpo es nuestro primer territorio autónomo y el derecho a decidir sobre él forma parte esencial de las libertades individuales. Llevar un tatuaje es una forma de expresión personal que, por sí misma, no vulnera ningún derecho ajeno”, planteó.

Cálix cuestionó que la apariencia física pueda convertirse en motivo de sospecha sin considerar el contexto y las circunstancias particulares de cada persona, y advirtió sobre el riesgo de que las medidas de seguridad afecten derechos que deben ser protegidos por el Estado.

La académica dijo: “Lo verdaderamente preocupante es que mientras algunas personas se escandalizan por lo que alguien decide dibujarse en la piel, parecen mostrar una sorprendente indiferencia ante los abusos de poder, las prácticas autoritarias y las amenazas a los derechos humanos”.

La decana concluyó que las reformas deben analizarse también desde su impacto en la democracia y las libertades ciudadanas, al advertir sobre el riesgo de que, en nombre de la seguridad, se debiliten garantías fundamentales, “mucha preocupación por la piel ajena y muy poca por la democracia”.

Las posiciones de los académicos de la UNAH sitúan el debate más allá de la duración de las condenas y llaman a examinar la capacidad del Estado para investigar los delitos, reducir la impunidad, garantizar condiciones penitenciarias dignas y proteger los derechos constitucionales, elementos que consideran fundamentales para construir una respuesta sostenible frente a la criminalidad.