Periodista: Cristina Canahuati

El flagelo sociopolítico que afecta a Honduras registra 437 acciones colectivas derivadas de la alta conflictividad social durante los primeros seis meses del año, según el boletín informativo presentado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

Para el país, la conflictividad social ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en parte de la cotidianidad. Cada semana, distintos sectores salen a las calles para exigir soluciones que, en muchos casos, no llegan. Trabajadores, estudiantes, padres de familia, comunidades indígenas y organizaciones sociales encuentran en las manifestaciones una forma de visibilizar sus demandas.

"En lo que va de estos seis meses de gobierno hemos tenido 106 acciones en las que ha habido presencia policial. En nueve de ellas se registró uso de la fuerza, como golpes, agresiones físicas y otros mecanismos para disuadir algunas acciones de protesta, sobre todo las relacionadas con bloqueos de carreteras", expresó Yajaira Padilla, coordinadora del Área de Democracia del IUDPAS.

El boletín muestra que el 88.6 % de las demandas sociales no recibió una respuesta institucional, mientras que solo el 11.4 % fue atendido por las autoridades. Esta situación favorece la continuidad de las protestas y otras formas de presión ciudadana.

Asimismo, el informe señala que el 78.8 % de las acciones colectivas ocurrió a nivel local. Solo en el Distrito Central se registraron 141 acciones, equivalentes al 32.3 % del total, mientras que San Pedro Sula ocupó el segundo lugar con 44 acciones.

El análisis también identifica a los trabajadores del sector público como el principal actor de la conflictividad social, al representar el 36.2 % de las acciones colectivas. Sus demandas estuvieron relacionadas principalmente con el pago de salarios atrasados, la estabilidad laboral, los nombramientos y los reintegros, situaciones que el informe vincula con los procesos de transición gubernamental y los cambios en la administración pública.

La educación figura entre los ámbitos más afectados, al concentrar el 31.1 % de las acciones colectivas. El informe refleja la inconformidad de los padres de familia con el sistema educativo, lo que los convierte en el segundo grupo con mayor participación en las protestas, motivados por la preocupación de garantizar la continuidad y la calidad del proceso educativo de sus hijos.

Otro aspecto que destaca la investigación es que 50 conflictos surgieron por el incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados entre el Estado y los actores sociales, lo que evidencia que la falta de seguimiento a los compromisos asumidos también alimenta la conflictividad.

Asimismo, el documento señala que, en promedio, Honduras registró dos acciones colectivas por día, alcanzando su punto más alto el 2 de junio, cuando se contabilizaron 34 protestas en una sola jornada, distribuidas en los 18 departamentos del país.

A ello se suman las protestas relacionadas con el medio ambiente, la tenencia de la tierra, la salud y la seguridad, entre otros factores que continúan afectando al país.

Como parte de sus recomendaciones, el IUDPAS plantea que el Estado debe fortalecer los mecanismos de atención temprana de las demandas ciudadanas, mejorar los procesos de diálogo y garantizar el cumplimiento del marco legal en materia de contratación pública y derechos laborales. Además, advierte que criminalizar la protesta o responder únicamente con medidas de contención no resolverá los problemas estructurales que continúan generando conflictividad. Por ello, considera indispensable construir respuestas institucionales oportunas que fortalezcan la gobernabilidad democrática.