Periodista: Yuri Vargas

En Honduras las mujeres representan más del 50 % de la población y según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encabezan el 38.5 % de los hogares, sin embargo, a pesar de su contribución como sostén de la familia, motor económico y pilar social del país y de las fechas conmemorativas en su honor, continúan siendo uno de los principales blancos de la violencia homicida.

Conforme a las cifras más recientes del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH), en lo que va de 2026 se registran al menos 84 víctimas mortales, algunas de ellas ejecutadas con crueldad, lo que evidencia no solo el deseo de los responsables de acabar con su vida, sino además el odio con que lo hacen.

Este recrudecimiento ocurre en un contexto donde el crimen organizado muestra señales de transformación frente a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah durante sus primeros 100 días de gestión.

Diversos informes sobre el tema señalan que ante la presión estatal, las estructuras criminales han adoptado nuevas formas de intimidación y control territorial que trascienden el acto delictivo y la violencia ha dejado de ser únicamente un medio para eliminar o someter y ha pasado a convertirse en un mensaje, tal como ha ocurrido en los últimos meses con los supuestos carteles que han grabado y difundido las ejecuciones, replicando prácticas asociadas principalmente a contextos como los de México o Colombia, que han inspirado taquilleras películas, series y narconovelas.

Los expertos advierten que este fenómeno está vinculado a factores culturales como el machismo y estructurales como la impunidad, producto de deudas históricas en materia de prevención, atención y sanción; más la circulación de contenidos explícitos en redes sociales y plataformas digitales que han ocasionado la amplificación del horror, pues la ejecución ya no se limita al hecho violento en sí, sino que con su difusión genera temor colectivo y refuerza el poder simbólico de los grupos criminales hasta llegar, de forma indirecta, a la normalización de dichas narrativas.

En vísperas del Día de la Madre, el próximo domingo 10 de mayo, y en general sin importar la fecha, edad, origen, estado civil o condición económica, estos seres capaces de cargar vida en su vientre no solo corren el riesgo de ser víctimas de homicidios, sino de formas de violencia marcadas por la saña, tortura, exposición pública y mensajes explícitos asociados al crimen organizado; una profunda contradicción en la sociedad hondureña que por un lado exalta su valor en discursos y fechas conmemorativas, pero por otro, no logra garantizarles el derecho a la vida y a vivir libres de violencia.

Aunque el artículo 208 del Código Penal (CP) vigente establece que comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género, y las penas establecidas son de 20 a 25 años de prisión, que pueden aumentar hasta 30 años cuando concurren circunstancias agravantes como la relación previa entre agresor y víctima, la comisión del hecho en el contexto de un grupo delictivo organizado, actos previos de violencia sexual, mutilaciones o exposición pública del cuerpo, entre otras; alrededor del 95 % de los casos permanece en la impunidad.

Al respecto, Carlos Quiroz, exjuez de Sentencia, docente de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FCJ-UNAH) y asistente de magistrado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que estos casos suelen ser complejos y rara vez concluyen con sentencias condenatorias, principalmente por la poca cultura de denuncia, en el 70 % de los hechos no existen antecedentes, lo que limita la capacidad probatoria de las autoridades.

Por su parte Migdonia Ayestas, coordinadora del ONV-UNAH, insistió en la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas basadas en transparencia institucional, prevención social y coordinación interinstitucional, y entre las principales recomendaciones señaló la de mejorar la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, implementar reformas policiales orientadas a garantizar controles internos y redistribuir estratégicamente los recursos hacia prevención, fortalecimiento investigativo y atención integral a las víctimas.