Periodista: Nadia Mendoza, Presencia Universitaria

Con el panel “Corrupción y derechos humanos” concluyó el Foro Universitario de Derechos Humanos que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde expertos dialogaron sobre los avances y desafíos en el combate a la corrupción en el país.  

El evento contó con la presencia del jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien lamentó que pese a que han existido avances en materia de combate a la corrupción, estos no son suficientes ante la falta de recurso humano que demanda la investigación criminal. 

“La derogación de la Ley de Secretos es uno de los avances, pero no es suficiente, porque si bien nos da acceso a información, de qué sirve si no existe el recurso humano para poder analizarla y procesarla”, lamentó Santos, quien confesó que aunque se creó la Uferco, esta ha sido debilitada.

El jefe de la Uferco señaló que los retos para combatir la corrupción pasan primeramente por el cambio del fiscal general, ya que para Santos, el actual fiscal ha demostrado que no tiene interés en la lucha anticorrupción.

Asimismo, señaló la necesidad de contar con más personal, tecnología de punta y que sean aprobados los protocolos de actuación de la Uferco, los cuales se encuentran desde hace cuatro año en el despacho del fiscal general. “Esperamos que con el nuevo fiscal general esos protocolos sean revisados, actualizados y aprobados”, expresó Santos.

El evento también contó con Pedro Mejía, abogado del bufete Estudios para la dignidad que litiga el Fraude sobre el Gualcarque, caso a través del cual se evidencia cómo impacta la corrupción en los derechos humanos, a tal grado de asesinar a quienes se oponen a los abusos de algunas empresas que gozan de privilegios, como ocurrió con la ambientalista Berta Cáceres.

Mejía se refirió al impacto del amparo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Fraude en el Gualcarque y la mejora del acceso a la justicia de las victimas de violaciones a derechos humanos  como consecuencia de la corrupción, tras un proceso teñido de impunidad.

El abogado relató que “fue hasta en agosto del 2021 que la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció el carácter de victimas y el derecho a conformarnos como acusación privada en representación del Consejo Indígena Río Blanco y, particularmente, del Copinh”, organizaciones que denunciaron a la empresa Desarrollos Energeticos SA (DESA) por el contrato para generar energía derivada de fuentes renovables.

Finalmente, el jefe de la misión en Honduras de Abogados Sin Fronteras Canadá,  Lucas Valderas, abordó el impacto de la corrupción en los derechos humanos, los vínculos más importantes y su impacto en la sociedad, visibilizando la necesidad de poner a la ciudadanía en el centro del combate a la corrupción.

“Yo creo que es muy importante que la Universidad se implique en el debate sobre la corrupción, hay mucho que se puede hacer y la comunidad académica e investigativa tienen que implicarse en estos temas, mantener una linea permanente de reflexión, investigación y discusión pública”, sostuvo Valderas.