Por: Elin Josué Rodríguez 

El déficit habitacional supera el millón de viviendas, mientras los bajos ingresos, la limitada disponibilidad de financiamiento y los requisitos bancarios dificultan el acceso a una vivienda digna

Al cierre de 2021, una vivienda social costaba alrededor de 1.6 millones de lempiras, pero para finales de 2025 su valor ascendía a 2.8 millones, un incremento de 1.2 millones que profundiza las barreras económicas para acceder a un hogar, según expuso Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el programa televisivo Frente a Frente.

El investigador advirtió que la problemática no se limita a la falta de nuevas construcciones, pues también existe una considerable cantidad de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, entre ellas materiales adecuados, pisos y techos seguros, así como acceso a servicios básicos, factores que determinan si un hogar puede considerarse apropiado para vivir.

De acuerdo con Figueroa, solo el 43 % de las viviendas existentes cumple con los estándares mínimos de habitabilidad, mientras que el 57 % restante presenta algún tipo de déficit, una situación que exige atender tanto la construcción de nuevas unidades como la rehabilitación de aquellas que pueden recuperarse.

El especialista explicó que el déficit cuantitativo corresponde a las viviendas que necesitan construirse, debido a que las existentes no ofrecen condiciones para continuar habitadas, mientras que el cualitativo comprende aquellas que requieren remodelaciones, mejoras estructurales o intervenciones para garantizar condiciones dignas a sus ocupantes.

En cuanto a las dimensiones del problema, el investigador señaló que el déficit cuantitativo ronda el 14.5 % y que el país enfrenta una necesidad de intervención habitacional que supera el millón de viviendas, con departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara y Olancho entre los territorios más afectados, sin dejar de lado las particularidades de Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

Ingresos insuficientes 

La brecha entre el precio de las casas y la capacidad económica de los hogares constituye uno de los principales obstáculos para reducir el déficit, pues, según Figueroa, los ingresos mensuales promedio rondan los 10,000 lempiras a nivel nacional, mientras que las cuotas de financiamiento de una vivienda pueden oscilar entre 17,000 y 24,000 lempiras.

“Es un sueño que muchos no van a alcanzar por el alto costo que tiene la vivienda en nuestro país”, expresó el académico al referirse a las dificultades que enfrentan incluso las familias en las que dos personas perciben ingresos equivalentes al salario mínimo.

A criterio del investigador, la solución requiere una intervención integral en la que participen el sector constructor, las instituciones financieras y el Estado, mediante mecanismos que permitan subsidiar las tasas de interés, mejorar los ingresos de la población ocupada y ampliar las posibilidades de adquirir una vivienda social.

Nancy Ochoa, jefa de la Carrera de Banca y Finanzas de la UNAH, abordada por Presencia Universitaria, señaló que el acceso a una casa continúa condicionado por la capacidad de pago de las familias y por un modelo que privilegia la adquisición de vivienda como una mercancía, en lugar de garantizar las condiciones para ejercer este derecho.

“De la manera actual en que se maneja el abordaje de la vivienda, es una mercancía más, y ya se sabe que todo acceso a mercancía pasa en primer lugar por el ingreso”, explicó Ochoa, al advertir que el encarecimiento de los inmuebles reduce todavía más las posibilidades de compra para los hogares de menores recursos. 

La académica señaló que, aunque existen mecanismos estatales para facilitar el acceso al crédito, estos continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de la demanda, especialmente porque una parte importante de la población trabaja en la economía informal y enfrenta dificultades para cumplir los requisitos exigidos por las instituciones financieras.

Disponibilidad limitada

Ochoa destacó el papel del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), cuyos programas ofrecen tasas preferenciales para vivienda social, aunque advirtió que la disponibilidad limitada de recursos y las condiciones de acceso dejan fuera a numerosas familias que necesitan financiamiento.

Según los datos expuestos por la especialista, la cartera crediticia total del sistema financiero hondureño superó los 346,000 millones de lempiras al cierre de 2025, pero la colocación de créditos para vivienda representó apenas el 14.5 %, equivalente a poco más de 50,000 millones de lempiras, una proporción que, a su juicio, refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento habitacional. 

La experta también contrastó las tasas preferenciales para vivienda social, que pueden situarse entre el 4 % y el 7 %, con las tasas de entre el 12 % y el 14 % aplicadas a créditos otorgados con recursos propios de las instituciones financieras, una diferencia que puede elevar considerablemente el costo de una hipoteca a largo plazo.

A estas barreras se suma el costo de vivir lejos de los principales centros urbanos, pues las familias que optan por proyectos habitacionales más económicos en las periferias deben asumir gastos adicionales de transporte, combustible y tiempo de traslado, factores que terminan encareciendo el acceso a una vivienda que inicialmente parecía asequible.

“Son costos que quizás no están explícitamente en una cuota para la vivienda, pero son costos generados por querer adquirir una vivienda o una unidad habitacional mucho más barata”, puntualizó Ochoa.

Respuesta

Frente a este escenario, Figueroa proyectó que, al ritmo actual, Honduras necesitaría alrededor de 15 años para reducir el déficit habitacional en un 70 % en su componente cuantitativo y en un 50 % en el cualitativo, una perspectiva que evidencia la dimensión del desafío y la necesidad de acelerar las respuestas institucionales. 

Para ambos especialistas, reducir la brecha exige más que construir casas, pues implica ampliar los recursos públicos destinados a vivienda, facilitar el acceso al crédito, atender a los trabajadores informales y desarrollar soluciones habitacionales que respondan a la capacidad económica de las familias.

El desafío para Honduras consiste en evitar que la vivienda digna continúe fuera del alcance de quienes más la necesitan, mediante una política habitacional sostenida que articule al Estado, el sistema financiero y el sector privado, con el propósito de convertir el derecho a un hogar seguro en una posibilidad real para la población.