Por: Nadia Mendoza

Conocer quién financia la política, de dónde provienen los recursos y cómo son utilizados es uno de los desafíos que enfrenta Honduras para fortalecer la transparencia y la integridad democrática, una discusión que cobró relevancia durante la conferencia y conversatorio “Acceso a la información y transparencia del financiamiento político: desafíos para la integridad democrática en Honduras”.

El evento fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (OUNTAH), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información y reunió a representantes de la academia, instituciones públicas, cooperación internacional y sociedad civil para analizar el derecho ciudadano a conocer el origen, destino y utilización de los recursos vinculados con la actividad política.

“Como institución académica tenemos un compromiso con la sociedad hondureña y por ello consideramos fundamental promover este tipo de espacios de análisis y de diálogo, sobre todo que contribuyan a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana y la integridad democrática”, expresó la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Julia Fajardo.

Decana Carmen Julia Fajardo.

Por su parte, Lucy Hernández, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), advirtió sobre la urgencia de transparentar el manejo de los recursos en la política nacional. Señaló que la información sobre el origen, destino y fiscalización de los recursos destinados a las actividades políticas debe estar sujeta a reglas claras, mecanismos de control efectivos y condiciones que permitan su conocimiento por parte de la sociedad.

“Garantizar esta fiscalización no es tarea de una sola institución, sino un compromiso colectivo que involucra a la academia, los medios y la ciudadanía para fortalecer la integridad democrática del país”, señaló la comisionada del IAIP.

Lucy Hernández, comisionada del IAIP.

La jornada también incluyó una conferencia magistral impartida por José Sarmiento, especialista en monitoreo digital e integridad de la información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientada a brindar un marco conceptual y comparado sobre la transparencia del financiamiento político desde la perspectiva del derecho de acceso a la información.

Sarmiento hizo referencia al informe regional del PNUD sobre democracia y señaló dos áreas especialmente relacionadas con el debate hondureño: limitar la influencia del poder económico y proteger el ecosistema informativo y la deliberación democrática.

De los informes a la rendición de cuentas

La discusión adquiere especial relevancia tras los resultados de las elecciones generales de 2025, ya que, de las 2,116 candidaturas obligadas a presentar informes sobre sus gastos de campaña, 1,560 cumplieron y 556 no lo hicieron, entre estas últimas figuran 14 personas que resultaron electas, mientras la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) publicó los resultados el 17 de septiembre de 2026, casi diez meses después de los comicios.

Desde la UFTF, Juan Pablo Hernández destacó que el cumplimiento ha mejorado respecto a procesos anteriores y recordó que en 2021 fue inferior al 60 %. “Este avance nos indica que para los comicios de 2029 aspiramos a alcanzar, como mínimo, entre el 80 % y el 85 % de cumplimiento”, afirmó.

El funcionario también defendió los mecanismos de fiscalización implementados desde la creación de la UFTF en 2017, aunque reconoció que aún existen desafíos. “Hace falta mucho, pero lo principal sería no solo aplicar la ley, sino capacitar a la población en general, porque es necesario rendir cuentas”, sostuvo.

Para Yajaira Padilla, del IUDPAS, uno de los principales retos está en conectar la información que generan distintas instituciones para seguir la ruta de los recursos. “Hay que avanzar hacia un sistema que integre datos que provengan de distintas instituciones, por ejemplo, de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, del SAR, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros”, explicó.

A esta discusión se suma la protección de los datos personales de los electores. Carlos Tábora, asesor del IAIP, informó que la institución impulsa un anteproyecto de ley sobre protección de datos y advirtió que la ausencia de esta normativa representa un desafío para los procesos electorales.

“Es un derecho humano el poder ir a un proceso electoral completamente bajo los principios de independencia y el principio de confidencialidad que todas las personas deberíamos tener”, afirmó.

Asimismo, anunció que la institución desarrolla una inversión de siete millones de lempiras para modernizar su centro de datos y servidores, con el objetivo de actualizar los portales de transparencia hacia datos abiertos, habilitar una plataforma virtual de aprendizaje y fortalecer las consultas ciudadanas.

El debate deja planteado un desafío que trasciende a las instituciones electorales: que la información sobre el dinero de la política no solo sea pública, sino también oportuna, comprensible y útil para que la ciudadanía pueda ejercer control sobre quienes buscan y ocupan cargos de elección popular.