Periodista: Yuri Vargas

A través del Boletín Oficial número 080, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) plantea seis ejes de intervención para impulsar una transformación de la estructura productiva del país, con énfasis en la diversificación económica, la generación de empleo formal, el financiamiento productivo, una política fiscal progresiva y el fortalecimiento de la infraestructura y la energía.

La publicación correspondiente al mes de septiembre de 2026 sostiene que Honduras ha mantenido estabilidad en sus principales variables macroeconómicas durante distintos períodos, pero esta no se ha traducido en una transformación profunda de la estructura productiva, un aumento sostenido de la productividad ni una ampliación significativa del empleo formal.

El documento, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (FCEAS), da continuidad al Boletín Oficial número 079, dedicado a la ausencia de un Plan de Nación vigente, y propone insumos técnicos para la discusión nacional sobre la transformación económica que debe acompañar una visión de desarrollo de largo plazo.

Como punto de partida coloca una economía caracterizada por la dependencia de actividades de bajo o moderado valor agregado, una informalidad laboral superior al 70 % y un consumo sostenido en buena medida por las remesas familiares.

Frente a este escenario, la institución como rectora del sistema de educación superior hondureño propone seis ejes de intervención:

1. Transformación productiva y diversificación: avanzar hacia la agroindustria, manufactura de mayor contenido tecnológico y servicios exportables.

2. Soberanía y seguridad alimentaria: elevar la productividad de la pequeña y mediana producción y estabilizar el abastecimiento nacional.

3. Empleo digno y formalización: ampliar el empleo formal, la cobertura de la seguridad social y la productividad laboral.

4. Financiamiento del desarrollo: orientar el ahorro nacional y las remesas hacia la inversión productiva.

5. Política fiscal progresiva: aumentar y hacer progresiva la recaudación para financiar la inversión pública.

6. Energía, infraestructura y transición verde: reducir los costos de producción, las pérdidas del sistema eléctrico y la vulnerabilidad climática.

Adicionalmente, la Alma Máter señala que el país ya avanza en algunos de estos ámbitos mediante instrumentos en formulación como la Política Industrial, la Estrategia Nacional de Comercialización Agrícola y el Programa Alianza País.

Asimismo, destaca la importancia de incorporar un enfoque territorial, tomando como referencia los 298 perfiles sociodemográficos municipales elaborados por diferentes carreras universitarias, que evidencian brechas de productividad y acceso a servicios entre los municipios.

Acciones para el corto, mediano y largo plazo

El boletín, titulado “Del plan de largo plazo a una estrategia productiva para el desarrollo”, organiza las orientaciones de política en tres momentos:

Para los primeros 24 meses propone, entre otras medidas, reorientar el crédito público hacia las micro, pequeñas y medianas empresas; establecer compras públicas con preferencia por la producción nacional, revisar las exoneraciones fiscales y ejecutar un programa de productividad agroalimentaria, así como fortalecer las estadísticas públicas y crear un tablero nacional de indicadores de cambio estructural.

Para el mediano plazo, es decir de 2 a 5 años, plantea fortalecer la coordinación entre Estado, empresa privada, trabajadores y academia; impulsar políticas sectoriales para cadenas con potencial como el café y cacao con valor agregado, turismo sostenible y servicios digitales; reformar la banca de desarrollo y articular la formación técnica y universitaria con las necesidades productivas.

Para un horizonte de 5 a 15 años, propone consolidar un sistema nacional de innovación que vincule universidades, centros tecnológicos y empresas, avanzar hacia una economía basada en productividad, calidad y diferenciación, universalizar la protección social y ejecutar un programa nacional de infraestructura logística y ordenamiento territorial con criterios de adaptación climática.

De igual manera plantea que las políticas públicas deben estar sujetas a metas verificables, evaluación periódica, transparencia y sostenibilidad fiscal, con información pública sobre los beneficiarios de incentivos y contratos estatales y que el cambio productivo requiere la participación articulada del Estado, el sector privado, el sistema financiero, la academia, los trabajadores, los gobiernos locales y la sociedad civil.

La publicación aclara que la propuesta no busca sustituir el proceso de formulación del Plan de Nación ni cerrar la economía o reemplazar el mercado por el Estado, sino generar las capacidades que un mercado pequeño y abierto no produce por sí solo, entre ellas talento calificado, infraestructura, financiamiento de largo plazo e innovación.

En ese sentido sostiene que Honduras cuenta con capacidades y procesos sobre los cuales construir una estrategia de largo plazo, pero requiere un acuerdo nacional que permita ordenar los esfuerzos y darles continuidad más allá de los cambios de gobierno.