Periodista: Elin Josué Rodríguez

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) convocó a diversas instituciones estatales y civiles a integrar una Mesa Técnica Interinstitucional Anticorrupción de Honduras, iniciativa que busca pasar de la denuncia a generar investigaciones que lleguen a la persecución del delito y a la deducción de responsabilidades, pero también a la prevención del delito mediante la emisión de alertas tempranas.

Esta iniciativa de la Máxima Casa de Estudios, por medio del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (OUNTAH) de la Facultad de Ciencias Sociales es acompañada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La coordinadora del OUNTAH, Keily Salgado, explicó que este primer acercamiento busca sentar las bases de una mesa técnica interinstitucional que permita identificar los principales riesgos de corrupción en el país, así como los sectores más vulnerables. “Las instituciones han demostrado un interés real para conformar esta mesa, con el objetivo de generar resultados útiles para los tomadores de decisiones”, afirmó.

Rol de la UNAH

Salgado detalló que el observatorio de la UNAH fungirá como secretaría técnica, encargándose de sistematizar y consolidar la información generada por las distintas instituciones, este rol será clave para garantizar la continuidad del trabajo más allá de los cambios de gobierno, además de permitir el seguimiento a denuncias y la generación de investigaciones que orienten acciones concretas contra la corrupción.

En ese sentido, la académica subrayó que el enfoque no se limitará a la reacción ante denuncias, sino que priorizará la identificación de riesgos y la prevención. Asimismo, destacó la participación de instancias como el Poder Judicial y el ente acusador del Estado, Ministerio Público, lo que permitirá articular esfuerzos que trasciendan el análisis y se traduzcan en acciones legales.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Julia Fajardo, por su parte, destacó que la academia asumirá un papel articulador dentro de la mesa, apostando por la sostenibilidad del proceso mediante la coordinación técnica.

Señaló que la Universidad, a través de sus observatorios, busca validar datos, generar metodologías de análisis y proponer soluciones que permitan no solo evidenciar los problemas, sino también incidir en su resolución.

Objetivos

Fajardo enfatizó que uno de los principales objetivos será transformar la denuncia en procesos efectivos que eviten la impunidad. “No podemos quedarnos únicamente en señalar el problema; debemos analizar cómo se procesa esa denuncia para que no quede sin consecuencias”, apuntó, al tiempo que resaltó la necesidad de generar alertas tempranas que contribuyan a prevenir delitos.

Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, valoró positivamente la convocatoria y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta en temas de transparencia, prevención y educación ciudadana. “Esta es una oportunidad para responder a una demanda histórica de la población: mayor rendición de cuentas y menos impunidad”, expresó.

Castellanos indicó que existe apertura por parte de las instituciones participantes para integrar esta mesa, lo cual considera un paso clave para fortalecer la lucha anticorrupción, no obstante, advirtió que será necesario delimitar competencias y establecer prioridades para lograr resultados concretos, destacando además la oportunidad de articular este esfuerzo con la construcción de una política pública anticorrupción.

Datos

En los últimos años, Honduras ha obtenido alrededor de 23–24 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de Corrupción (IPC), lo que la ubica entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina. En el ranking global suele posicionarse aproximadamente entre los últimos 20–30 países más corruptos.

Organismos internacionales han demostrado que en el país existen factores como: debilidad institucional, impunidad en casos de corrupción, influencia del crimen organizado en estructuras del Estado y falta de transparencia en contratación pública.

El evento fue liderado por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Odir Fernández, y contó con el acompañamiento de Dagoberto Aspra, titular de la PGR y el magistrado de la CSJ, Walter Sabio, entre otras personalidades y funcionarios.