Periodista: Yuri Vargas

Una delegación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), encabezada por el rector Odir Fernández Flores y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Erlinda Flores, participan el III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, que se efectúa en Argentina. 

En el marco he dicho encuentro académico que reúne a juristas y especialistas para analizar los principales desafíos que enfrenta esta rama del derecho, Fernández Flores suscribió un convenio de colaboración con el Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (Flade), orientado a fortalecer la cooperación académica y promover actividades conjuntas en materia de Derecho Penal y Procesal Penal.

Durante la firma del acuerdo, representantes de Flade destacaron la importancia de establecer vínculos con la Alma Máter y expresaron su disposición de colaborar en iniciativas académicas, intercambio de conocimientos y espacios especializados de formación.

Por su parte, el representante legal de la institución hondureña señaló que este tipo de alianzas son fundamentales para fortalecer la educación superior y desarrollar el pensamiento crítico en torno a los fenómenos criminales que enfrenta América Latina.

“Si realmente nosotros queremos desarrollar la educación superior y, en este caso, desarrollar el derecho penal y el derecho procesal penal, es con alianzas estratégicas”, expresó, al tiempo que adelantó que para noviembre ya se contempla una primera actividad derivada de esta colaboración.

Cleptocracia, lawfare y Estado de Derecho

Como parte de su participación en el congreso, cuya temática principal son los delitos económicos y la inteligencia artificial, el rector Fernández Flores también brindó una conferencia dedicada a tres conceptos centrales: cleptocracia, lawfare y Estado de Derecho, abordados desde la perspectiva del Derecho Penal Económico y los desafíos contemporáneos de América Latina.

Durante su exposición, el experto planteó que la corrupción puede trascender los hechos individuales y convertirse en una estructura organizada de apropiación de recursos, protección e impunidad, convirtiéndose en un fenómeno en el que la corrupción adquiere capacidad para influir o capturar las instituciones del Estado.

“La cleptocracia es una estructura de poder que convierte la corrupción en un método de gobierno y de acumulación”, sostuvo.

El académico describió distintas etapas que pueden presentarse dentro de estas estructuras, desde la extracción de recursos públicos mediante contrataciones y compras irregulares hasta la conversión de esos recursos en patrimonio privado, la búsqueda de protección e impunidad y la posterior utilización del poder económico para reproducir influencia política.

Asimismo, abordó la captura de instituciones públicas, presupuestos, mecanismos regulatorios y sistemas de justicia como factores que pueden permitir que la corrupción deje de operar como un hecho aislado y se transforme en un fenómeno sistémico.

Otro de los ejes de la conferencia fue el concepto de lawfare, sobre el cual el conferencista advirtió que no debe utilizarse automáticamente para calificar cualquier investigación o proceso penal contra una figura política.

“El lawfare es una hipótesis de instrumentalización jurídica, no una etiqueta para deslegitimar cualquier proceso”, afirmó.

Durante su intervención, explicó que su existencia debe analizarse a partir de hechos verificables, entre ellos la competencia e imparcialidad de los jueces, la aplicación clara del tipo penal, la suficiencia de las pruebas, la igualdad de trato, posibles presiones externas y el momento en que se desarrolla el proceso.

Adicionalmente destacó la necesidad de preservar la independencia judicial y las garantías constitucionales, al considerar que la lucha contra la corrupción no puede justificar la instrumentalización del sistema penal.

Con base en lo anterior, en la parte final de su participación propuso reforzar herramientas como la inteligencia financiera, el seguimiento de los beneficiarios finales de operaciones ilícitas, el compliance público, la cooperación internacional, la transparencia patrimonial y los controles ciudadanos, y señaló la necesidad de investigar las estructuras y redes que se encuentran detrás de los delitos económicos, en lugar de concentrar la persecución únicamente en actores de menor nivel, hasta concluir que la respuesta frente a estos fenómenos no pasa necesariamente por crear más delitos o aumentar las penas, sino por fortalecer las instituciones y garantizar la independencia del sistema de justicia.

“El desafío no consiste en tener más derecho penal. Necesitamos tener un derecho penal que no pueda ser comprado ni capturado y mucho menos utilizado como un arma para neutralizar a las personas”, acotó.