Periodista: Nadia Mendoza

Representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Instituto Nacional Penitenciario (INP) trabajan en un convenio de cooperación para que la Máxima Casa de Estudios imparta certificados universitarios y programas académicos a funcionarios de esta institución y privados de libertad.

La iniciativa surgió tras una reunión entre las máximas autoridades de ambas instituciones, quienes acordaron la construcción de un documento que permita desarrollar programas, como parte de un proceso de formación continua y profesionalización.

“Ya está un equipo delegado por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, como por parte del Instituto Nacional Penitenciario, trabajando junto con el director de la Dirección Académica de Formación y Tecnología (DAFT)”, informó la decana de la Facultad de Ciencias Jurídica, Erlinda Flores.

La decana explicó que se contempla la implementación de microcredenciales y certificados en diversas áreas del derecho, entre ellas Derechos Humanos, Derecho Penal y temas relacionados con el ámbito penal y penitenciario. Asimismo, se analiza la posibilidad de que el personal penitenciario pueda incorporarse a maestrías ya existentes en la UNAH, como las especialidades en Derechos Humanos y Derecho Penal.

“El interés del Instituto es capacitar a su personal, elevar sus competencias técnicas y fortalecer su gestión bajo estándares modernos y con enfoque en derechos humanos”, señaló la funcionaria de la UNAH.

Privados de libertad

Otro de los puntos clave discutidos fue la ampliación de oportunidades educativas para las personas privadas de libertad, y en ese sentido, quienes aspiren a cursar una carrera universitaria deberán aprobar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA). El rector Odir Fernández aclaró que, una vez superado este requisito, podrán optar a cualquiera de las seis carreras virtuales que ofrece la universidad.

De acuerdo con la decana de Ciencias Jurídicas, la UNAH se comprometería a brindar tutorías preparatorias en áreas como español y matemáticas, similares a las que reciben los aspirantes regulares, como paso previo a la realización de la prueba. No obstante, para concretar este proceso será necesaria la formalización del convenio interinstitucional.

Además, se planteó fortalecer el trabajo del Consultorio Jurídico Gratuito, que ya realiza visitas a centros penales como el de Támara, tanto en el módulo de mujeres como de varones, donde estudiantes de Derecho desarrollan prácticas relacionadas con procesos de libertad y otros trámites legales en favor de personas privadas de libertad.

También se discutió la posibilidad de que estudiantes realicen su práctica profesional en el Instituto Nacional Penitenciario, y que en el futuro se incorporen otras disciplinas como Psicología, Trabajo Social y Pedagogía, ampliando así el alcance del servicio y la atención integral dentro de los centros penitenciarios.

Las autoridades penitenciarias destacaron que esta alianza permitirá fortalecer competencias en áreas como administración penitenciaria, tratamiento y clasificación de la población privada de libertad, reinserción social, seguridad penitenciaria y manejo integral de centros penales.

Impacto en el país

De acuerdo con la decana de Ciencias Jurídicas, este tipo de alianzas tiene un impacto directo en la sociedad hondureña. “Las personas privadas de libertad han perdido su derecho civil, pero no han perdido el derecho a la educación. Muchos son jóvenes que, al salir, podrán reinsertarse a la sociedad con una formación universitaria”, expresó.

Añadió que el acceso a la educación superior no solo beneficia a quienes cumplen condena, sino también a sus familias. “Vamos a tener jóvenes con una educación universitaria que van a ayudar a su familia, porque muchas veces dejan esposa e hijos afuera, y esto les va a permitir mejorar sus oportunidades”.

Finalmente, Flores reiteró que ya se está empezando a construir el convenio, y la propuesta que dejó en la mesa el rector Fernández es que esté listo para que en marzo se discuta en el Consejo Universitario.