Por: Elin Josué Rodríguez

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha decidido mirar hacia quienes sostienen cada día el funcionamiento de la institución y convertir su formación profesional en una prioridad, el Consejo Universitario aprobó el programa Mi Bienestar Laboral, una iniciativa que comenzará en 2027 con una partida de 30 millones de lempiras destinada a ampliar las oportunidades académicas y profesionales de docentes y personal administrativo y de servicio en todo el país.

El programa contempla becas de hasta el 100 % para maestrías y doctorados propios de la UNAH, apoyo equivalente a una tercera parte del costo de los posgrados que los trabajadores ya estén cursando fuera de la institución, permisos de hasta tres meses con goce de sueldo para quienes realicen movilidad internacional y una asignación de 1,000 dólares mensuales, durante un máximo de tres meses, para quienes participen en programas de movilidad académica internacional.

La decisión coloca al talento humano en el centro de una estrategia que busca no solo mejorar las condiciones de quienes trabajan en la Universidad, sino también fortalecer sus competencias, ampliar sus redes profesionales y generar nuevas capacidades que posteriormente puedan traducirse en una mejor atención a los estudiantes y en una mayor calidad académica.

El programa fue presentado ante el Consejo Universitario por el secretario ejecutivo de Desarrollo Institucional, Oziel Fernández, junto al vicerrector de Relaciones Internacionales, Ricardo Matamoros, quienes explicaron que la iniciativa responde a una de las principales necesidades identificadas mediante un diagnóstico realizado por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional (SEDI).

“Mi Bienestar Laboral viene a beneficiar a los que le dan la vida, a los que le dan el sustento y a los que sostienen esta Universidad”, expresó Fernández, al referirse al alcance de una propuesta que pretende llegar tanto a docentes como a trabajadores administrativos y personal de servicio.

El proyecto se desarrollará en cuatro grandes fases: Formación, Salud, Reconocimiento y Calidad de Vida, aunque en esta primera etapa la Universidad concentrará sus esfuerzos en la formación académica, al considerar que la preparación del talento humano constituye una inversión con efectos que pueden extenderse durante años.

En ese sentido, Matamoros explicó que los recursos no serán entregados bajo un esquema tradicional de liquidación de gastos, sino mediante una transferencia vinculada a resultados verificables, como un avance académico, un título o una publicación, de manera que el beneficio esté relacionado con el cumplimiento del objetivo para el cual fue concedido.

“Se comprobará con el producto y el seguimiento, no con liquidación de facturas”, explicó el vicerrector, quien señaló que el mecanismo toma como referencia un modelo que ya funciona en la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica.

La propuesta también contempla una respuesta para quienes han iniciado estudios de posgrado y, por distintas circunstancias, no han podido concluirlos, en estos casos el rector Odir Fernández explicó que podrán otorgarse apoyos de hasta 50,000 lempiras para facilitar la culminación de esos estudios.

“Esto va dirigido para el personal de la Universidad, no únicamente personal docente, sino que también personal administrativo”, afirmó el rector, quien agregó que la inversión busca incidir directamente en la calidad de los servicios y en el fortalecimiento académico de la institución.

Para hacer posible la ejecución del programa, el Consejo Universitario facultó al secretario ejecutivo de Administración y Finanzas, Eduardo Gross, para identificar los fondos y crear la partida presupuestaria correspondiente a partir de 2027, mientras una comisión tripartita integrada por representantes de estudiantes, docentes y autoridades tendrá la responsabilidad de elaborar el reglamento que establecerá las condiciones de acceso a los beneficios.

La comisión tendrá un plazo de 60 días para presentar la propuesta normativa al Consejo Universitario, donde será analizada y, en su caso, aprobada o modificada antes de que el programa entre en vigencia, un paso que busca establecer reglas claras para la utilización de recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes cumplan los requisitos.

“Son recursos públicos que tienen que erogarse bajo reglas claras”, señaló el rector Fernández  al explicar la importancia de que el programa cuente con una normativa que determine los procedimientos, criterios y mecanismos de seguimiento.

Mi Bienestar Laboral no parte de cero, la Universidad ya desarrolla acciones relacionadas con el bienestar de sus trabajadores mediante servicios de atención médica, psicológica, psicopedagógica y nutricional, además de la apertura de clínicas en distintos campus y una estancia infantil para los hijos de los empleados, pero ahora incorpora con mayor fuerza la dimensión académica y profesional.

La iniciativa tendrá alcance nacional y estará dirigida al personal docente y administrativo de la Máxima Casa de Estudios, con una excepción expresa para las autoridades universitarias, quienes no podrán ser beneficiarias del programa, una condición que, según explicó el rector, busca concentrar los recursos en los trabajadores a quienes está destinada la política.

Detrás de la aprobación hay además una apuesta vinculada al Plan Estratégico Institucional, concebido como una hoja de ruta para orientar las transformaciones de la Universidad, en ese marco, la formación de quienes trabajan en la institución aparece como una inversión en las personas que diariamente hacen posible su funcionamiento “¿Qué mejor que invertir en la educación de cada uno de ellos?”, planteó Fernández al explicar la lógica que llevó a priorizar la formación dentro del programa.