Redacción 

A casi 40 días del inicio de gobierno, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de un comunicado, dio a conocer una radiografía desde la academia sobre la gestión del presidente Nasry Juan Asfura Zablah. A continuación, el análisis de la UNAH:

Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a cuarenta días del inicio de la actual administración gubernamental en Honduras, consideramos necesario realizar una reflexión pública, responsable y académica sobre los avances o la ausencia de ellos en la conducción del Estado. Este análisis no pretende constituirse en un ejercicio de oposición política, sino en una evaluación crítica desde la ciudadanía y la institucionalidad democrática que exige resultados concretos en la gestión pública.

El tiempo transcurrido desde la toma de posesión del nuevo gobierno comienza a generar preocupación en amplios sectores de la sociedad hondureña. Aunque los primeros días de una administración suelen estar marcados por procesos de organización interna, la magnitud de los problemas estructurales del país exige señales claras de conducción, dirección estratégica y capacidad de respuesta.

Sistema de Salud enfrenta su crisis sin una conducción definida

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la ausencia de autoridades formales en áreas estratégicas del Estado, situación que no solo debilita la conducción administrativa, sino que también proyecta una imagen de improvisación que resulta incompatible con la gravedad de los desafíos nacionales.

Particularmente, esto resulta alarmante en la Secretaría de Salud. En un contexto en el que el país enfrenta una profunda crisis sanitaria, con hospitales desbordados, listas de espera quirúrgicas y una demanda creciente de servicios médicos, resulta incomprensible que aún no exista una conducción firme que asuma la responsabilidad de dirigir una política sanitaria integral para un sistema que requiere decisiones urgentes, planificación estratégica y liderazgo técnico que brinde certeza y respuestas rápidas a la ciudadanía.

A esta situación se suma la crisis estructural que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Pese a las aportaciones mensuales de miles de trabajadores, la institución, que debería garantizar protección social a los trabajadores del país, continúa mostrando signos evidentes de deterioro institucional y administrativo. Las largas esperas, el desabastecimiento de medicamentos y la precariedad de la atención constituyen una realidad cotidiana para los afiliados.

Hasta ahora, no se observan medidas estructurales encaminadas a recuperar la confianza ciudadana en esta institución ni a impulsar una verdadera reforma del sistema de seguridad social.

Acuerdos políticos sin proyecto de país

Otro elemento que genera inquietud es la dinámica política que parece estar configurándose en el marco de un cogobierno con actores provenientes de diferentes fuerzas políticas.

Si bien la construcción de acuerdos políticos puede ser positiva para la gobernabilidad, preocupa que algunos sectores estén asumiendo el control de instituciones públicas sin un proyecto claro de país, sino motivados por intereses de recuperación de espacios de poder o beneficios administrativos que dejaron de percibir durante periodos anteriores.

La administración pública no puede convertirse en un botín político. Cuando las instituciones son capturadas por intereses particulares, se debilita la función del Estado y se traiciona la confianza de la ciudadanía.

La gobernabilidad democrática no se construye mediante la distribución de cuotas de poder, sino a través de una gestión pública orientada a resultados, sustentada en políticas públicas claras y en funcionarios que asuman la responsabilidad de servir al país, bajo una conducción institucional que responda a criterios de capacidad técnica, transparencia y compromiso con el interés nacional.

Educación: Sin una ruta definida, el país compromete su futuro

En el ámbito educativo, particularmente en la educación prebásica y básica, tampoco se percibe hasta ahora una política pública claramente definida.

Honduras enfrenta uno de los mayores retrasos educativos de la región. Los efectos acumulados de la pobreza, la desigualdad y las interrupciones en los procesos educativos durante los últimos años han profundizado las brechas de aprendizaje.

Ante este panorama, resulta indispensable conocer cuál será la ruta estratégica para transformar el sistema educativo. El país necesita una visión clara sobre el futuro de la educación de sus niños y niñas. Sin planificación educativa de largo plazo, no existe posibilidad real de desarrollo nacional.

Del bacheo a una política nacional de infraestructura

En materia de infraestructura, se observan actualmente acciones de bacheo en diferentes vías del país, aparentemente orientadas a mejorar las condiciones de tránsito previo al período de Semana Santa.

Si bien estas acciones pueden aliviar temporalmente algunos problemas de movilidad, preocupa que dichas intervenciones se limiten a soluciones superficiales y de corto plazo. Honduras necesita una política nacional de infraestructura basada en planificación técnica, mantenimiento sostenible y transparencia en el uso de los recursos públicos. De lo contrario, existe el riesgo de que estas acciones terminen convirtiéndose en simples ejercicios de gasto sin impacto estructural.

La política exterior debe traducirse en beneficios reales

El presidente ha realizado varios viajes internacionales, particularmente hacia los Estados Unidos, país que históricamente ha sido un aliado estratégico para Honduras.

No obstante, hasta el momento no se perciben resultados concretos derivados de estas gestiones. Las deportaciones de hondureños continúan, las presiones sobre las remesas familiares persisten y miles de compatriotas en el exterior siguen enfrentando incertidumbre sobre su situación migratoria.

La política exterior debe traducirse en beneficios tangibles para los ciudadanos. La diplomacia no puede quedarse en gestos protocolarios; debe producir acuerdos, soluciones y oportunidades para el país.

Modernización del Estado sin convertirlo en botín político

Reconocemos que el país requiere avanzar hacia una reducción racional del aparato estatal, especialmente en aquellas instituciones que han perdido funcionalidad, utilidad pública o presentan duplicidad administrativa. Sin embargo, este proceso debe realizarse con responsabilidad institucional, respeto a los derechos laborales y pleno resguardo de la seguridad jurídica de los empleados públicos.

Preocupa que una eventual reducción del Estado pueda convertirse en un mecanismo selectivo para despedir a trabajadores vinculados en el pasado a otras fuerzas políticas, mientras simultáneamente se utilicen esos espacios para nombrar correligionarios del partido gobernante o de las fuerzas que actualmente participan en el cogobierno. La modernización del Estado no puede ser utilizada como una herramienta de revancha política ni como un mecanismo de sustitución clientelar. La reforma del aparato público debe responder a criterios técnicos, de eficiencia administrativa y de transparencia.

Asimismo, se observa con preocupación que en algunas instituciones públicas se están designando funcionarios que mantienen pendientes procesos penales por hechos ocurridos en el pasado y vinculados a prácticas contrarias a la transparencia administrativa. El fortalecimiento institucional del Estado requiere servidores públicos con solvencia ética, integridad personal y trayectoria profesional intachable. La designación de personas con antecedentes cuestionables debilita la confianza ciudadana en las instituciones y reproduce las prácticas que durante años han erosionado la credibilidad del sistema público.

Resulta igualmente preocupante la percepción creciente de que algunas designaciones en la administración pública responden más a compromisos políticos o familiares que a criterios de mérito, capacidad o experiencia. La historia reciente del país ha demostrado que los llamados “familiones” en la administración pública han generado profundas distorsiones institucionales. Estas prácticas fueron negativas en el pasado y continúan siéndolo en el presente.

El Estado no puede ser utilizado como un sistema de recompensas para quienes participaron en campañas políticas. La ciudadanía espera profesionalismo, transparencia y responsabilidad.

Seguridad institucional sin excesos ni privilegios

También preocupa observar en algunas instituciones la proliferación innecesaria de esquemas de seguridad y escoltas asignados a funcionarios que no enfrentan riesgos reales para su integridad.

El uso de escoltas y dispositivos de seguridad debe responder a evaluaciones técnicas de riesgo y no a prácticas orientadas a proyectar poder o estatus mediante el uso de recursos públicos. En un país con enormes carencias sociales, la sobriedad en el ejercicio del poder debe ser un principio fundamental.

Por todo lo anterior, exhortamos respetuosamente al presidente de la República a asumir con mayor firmeza el liderazgo que el país demanda. Honduras necesita un mandatario que marque dirección, que ordene su gobierno y que comience a mostrar resultados concretos en la gestión pública. El país no puede continuar atrapado en la lógica de las justificaciones permanentes. La ciudadanía ya no espera discursos, sino soluciones.

Honduras requiere un gabinete capaz, con visión técnica, con vocación de servicio y con la determinación de enfrentar los enormes desafíos nacionales. Desde la academia dejamos constancia de que observaremos con atención el desarrollo de la gestión pública en los próximos meses. Nuestro compromiso es contribuir al debate democrático, señalar los errores cuando sea necesario y acompañar las decisiones que realmente contribuyan al fortalecimiento institucional del país.

El país necesita respuestas concretas: generación de empleo, mejoras reales en el sistema de salud, fortalecimiento de la educación pública y un compromiso auténtico de los servidores públicos con el bienestar colectivo. No podemos permitir que los errores que marcaron la última década se repitan. Honduras necesita resultados, responsabilidad y visión de futuro. No más excusas ni justificaciones, el país exige soluciones.