Por: Esdras Díaz Madrid

Xenia Yadira Murillo Santos, residente de Villa Los Laureles, salida al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña, conoce de primera mano lo que significa la inseguridad en el transporte público en Honduras y el valor de los programas de apoyo estudiantil que han sido impulsados desde la administración de la UNAH, y que ahora se tambalean debido al golpe financiero a la principal casa de estudios del país.

El reciente anuncio de un recorte superior a 1,441.6 millones de lempiras al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para 2026 trasciende el ámbito de las cifras y los debates legislativos en el Congreso Nacional, donde se ratificará en los próximos días el Presupuesto General de la República. Se trata de una decisión que impacta directamente en la estabilidad y las aspiraciones de miles de familias hondureñas, que ven en la Alma Máter y en sus programas de apoyo un pilar fundamental para acceder a una educación superior digna y de calidad.

Asaltos 

En agosto de 2019, su hija, Ruth Alejandra Franco Murillo, fue víctima de la violencia que diariamente enfrentan los usuarios del transporte público en el país. Mientras se dirigía a una actividad cerca de la universidad, el bus en el que viajaba fue asaltado en las inmediaciones del Anillo Periférico a la altura de Altos del Trapiche. En medio del pánico, la joven se levantó de su asiento; el asaltante la empujó fuera del bus en movimiento, su cuerpo impactó contra el pavimento.

“Mi hija impactó en el pavimento… afortunadamente no venía ningún carro”, recuerda su madre un hecho que pudo terminar en tragedia; por suerte una conductora que pasaba por la zona la auxilió, y posteriormente fue atendida en el Hospital Escuela. Le hicieron 66 puntos que ahora son la cicatriz física en su cráneo, sin embargo, en la memoria hay cosas que no borran ni con el inexorable paso del tiempo, asegura, tras recordar ese doloroso momento.  La denuncia fue interpuesta ante las autoridades, pero, como señala Xenia, el caso terminó siendo “una estadística más” en un país marcado por la impunidad y una alta mora judicial; en lo que va del 2026, el Observatorio de la Violencia de la UNAH ha reportado más de 70 muertes de mujeres que han perdido la muerte de manera violenta en el país.

A pesar del trauma, Ruth logró recuperarse, continuar sus estudios y se graduó en 2021 con excelencia académica de la Carrera de Administración Pública, sin embargo, la experiencia aún perdura como un recordatorio que afuera en las calles el peligro es latente. Hoy, otros dos hijos de Xenia estudian en la UNAH: Andrea Fernanda, pasante de la Carrera de Microbiología, y Marco Antonio, de Odontología. Ambos utilizan el sistema de transporte universitario como parte del programa Mi Bienestar.

Ruth Franco, con su título universitario una vez recuperada del vil ataque. 

Para Xenia, ese servicio no es un lujo, es una especie de garantía de seguridad con la marca UNAH. “Ellos van tranquilos, se sienten seguros… saben que las personas que van a su alrededor son estudiantes”, explica, pues más allá del alivio económico que representa el transporte gratuito, destaca algo que no se puede cuantificar: la tranquilidad. “Eso no tiene precio”, afirma en una entrevista telefónica a este diario.

Ese mismo programa que le devuelve paz a familias como la suya es uno de los que está en riesgo ante el ajuste presupuestario proyectado. El rector Odir Fernández ha advertido que, de no haber una ampliación presupuestaria, la universidad se verá obligada a priorizar la sostenibilidad de lo existente, dejando en pausa proyectos de expansión académica y territorial. Esto impacta incluso el cumplimiento del decreto legislativo 4-2026, que contempla llevar la educación superior a departamentos históricamente excluidos. 

El problema no es menor, la asignación prevista quedaría por debajo del 4 % del presupuesto general de la República, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 6 % para la UNAH, en un contexto donde la institución proyecta superar los 80,000 estudiantes en 2026 y recibir a cerca de 20,000 aspirantes para la próxima prueba PHUMA, el recorte implica menos cupos, menos cobertura y por lo tanto menos oportunidades.

También implica historias como la de Xenia que podrían repetirse, incluso multiplicarse, sin programas de apoyo; muchos estudiantes volverían a depender de un sistema de transporte público que, como evidencia su testimonio, puede ser inseguro y, en casos extremos, casi mortal.

“Que pongan la mano en la conciencia”, pide al gobierno central, incluso estaría dispuesta a pagar un valor simbólico adicional en la matrícula con tal de que el servicio continúe, dice la profesional también graduada de la Alma Máter, quien no solo habla como una la madre, sino como alguien que ya vivió las consecuencias de no tener alternativas seguras en un país donde el acceso a la educación superior es limitada, contrario a la violencia y la inseguridad, que tal parece no van a disminuir en las calles.