Periodista: Yuri Vargas

El pleno del Congreso Nacional (CN) continúa analizando y debatiendo el proyecto de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), cuya aprobación podría concretarse en los próximos días durante su tercer y último debate, luego de un proceso de socialización con diversos sectores involucrados.

Esta modificación contempla la división de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres compañías independientes encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía, así como la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente que asumiría la administración del Centro Nacional de Despacho y la ampliación de las facultades regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Aunque conforme a lo planteado por los integrantes de la Comisión de Energía del CN, con la referida reforma en el subsector eléctrico del país se busca el saneamiento de las finanzas; para algunos expertos en el tema se trata de una privatización encubierta, ya que la normativa además plantea la derogación de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público, aprobada en el 2022.

Lo anterior tomando en cuenta que por su nivel de endeudamiento y las pérdidas técnicas y no técnicas, el déficit fiscal de la ENEE asciende a unos 50 millones de lempiras diarios, un impacto económico que impide la inversión en la infraestructura energética, sin embargo se debe considerar que con la nueva normativa que modifica al artículo 9 de la LGIE, deroga el artículo 10 del Decreto 46-2022 y amplía los alcances de la reforma contenida en el artículo 5 de la denominada contrarreforma; el modelo centralizado dejaría de existir.

En consecuencia, la reforma energética daría paso a una estructura corporativa e independiente que deja abierta la posibilidad para una futura participación accionaria privada, es decir, de sociedades mercantiles, definidas estas conforme al Código de Comercio de Honduras, como sociedades legalmente constituidas que aportan bienes o capital para desarrollar actividades comerciales con fines de lucro, pudiendo en algunos casos, según su modalidad, ser anónimas o de responsabilidad limitada.

Adicionalmente podría implicar que activos públicos valorados en aproximadamente 1,000 millones de lempiras, adquiridos con recursos del Estado, pudieran pasar a manos privadas, lo que derivaría en el control efectivo de activos estratégicos públicos por parte de actores particulares, debilitando así el sistema eléctrico nacional.

El fenómeno no es reciente

Marco Flores, director del Instituto de Investigación en Energía (IEE) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre el riesgo que estas medidas representan para la soberanía energética del país y cuestionó que las nuevas entidades derivadas de la división de la ENEE sean constituidas como sociedades anónimas.

“Una sociedad anónima es una agrupación de inversionistas de los cuales no se sabe ni su nombre. Al convertir a la ENEE en tres empresas de generación, transmisión y distribución bajo esa figura, se le está quitando el beneficio de ser una empresa estatal y se le está convirtiendo en una empresa comercial”, sostuvo.

A criterio del especialista, la fragmentación de la estatal no resolvería los problemas estructurales que enfrenta el sistema eléctrico nacional y, por el contrario, podría facilitar que activos estratégicos como las centrales hidroeléctricas terminen bajo control privado, comprometiendo la independencia energética del país.

Flores recordó que la crisis financiera de la ENEE no es un fenómeno reciente ni responde únicamente a las pérdidas operativas y en referencia al informe Borrón y Cuenta Nueva, elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2022, recordó que entre 2017 y 2019 se aprobaron amnistías que beneficiaron a diversos sectores empresariales con aproximadamente 1,800 millones de lempiras por concepto de consumo de energía no cobrado.

“Se dice que la deuda de la ENEE ronda los 1,400 millones de lempiras, pero solo con esas amnistías ya se superaba esa cantidad. El problema es de administración y de medidas que han favorecido a unos pocos en perjuicio de la mayoría de los hondureños que sí pagan su factura”, expresó.

Asimismo, señaló que antes de aprobar una reforma de gran alcance como la que se impulsa en la actualidad, resulta necesario revisar a profundidad el proyecto y determinar si fueron incorporadas las recomendaciones planteadas por sectores como la Coalición Patriótica de Solidaridad, representantes de los generadores y del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Químicos y ramas afines de Honduras.

Para el investigador, la división de la ENEE en empresas más pequeñas no constituye una solución a la crisis financiera de la institución, pues el principal desafío continúa siendo la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, así como la recuperación efectiva de la energía consumida y no facturada.

En ese sentido, explicó que las pérdidas técnicas son consecuencia, en gran medida, de décadas de insuficiente inversión en subestaciones, transformadores y líneas de transmisión, mientras que las pérdidas no técnicas se originan en conexiones ilegales y consumo no registrado.

De igual manera indicó que la propia ENEE cuenta con información detallada sobre los circuitos donde se registran mayores pérdidas, las cuales se concentran principalmente en la zona norte del país. Por ello, consideró que las acciones deberían orientarse a identificar los puntos críticos y ejecutar operativos conjuntos con personal técnico, fiscales y cuerpos de seguridad para detectar conexiones irregulares y garantizar que todos los usuarios paguen por la energía que consumen.

“Partir la ENEE en empresitas no va a solucionar nada. Lo que realmente puede ayudar es tener un control sobre las pérdidas y una gestión eficiente de la empresa”, expresó.

Preocupación por los activos públicos y las pérdidas

Durante el proceso de socialización, Dennis Rivera, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), recordó que desde la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica se planteó la separación de la ENEE, pero señaló que originalmente el proyecto incluía la figura de sociedades anónimas, una disposición que fue retirada ante las críticas de las diferentes bancadas legislativas por considerar que abría las puertas a la privatización.

Al respecto, sostuvo que la nueva propuesta vuelve a generar preocupaciones en torno a la propiedad de los bienes públicos, porque la redacción del borrador “parece una expropiación” por parte de la empresa privada.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Congreso Nacional, el ingeniero Rivera advirtió que separar completamente las operaciones de generación, transmisión y distribución implicaría perder economías de escala en áreas como adquisiciones, logística y administración, aunque aclaró que la separación administrativa de las tres empresas podría realizarse sin mayores dificultades.

También expresó preocupación por la apertura del mercado eléctrico sin haber resuelto previamente las pérdidas de la estatal, pues a su juicio, si la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) reduce significativamente el umbral para los consumidores calificados, la industria y el comercio, podrían adquirir energía directamente de los generadores, dejando a la ENEE Distribución con la mayor parte de las pérdidas del sistema.

“Si nosotros abrimos un mercado de energía y no se resuelve el tema de pérdidas, alguien se va a tener que quedar con esas pérdidas”, alertó, al tiempo que señaló que la generación estatal posee una ventaja competitiva al contar con centrales hidroeléctricas como El Cajón, Cañaveral y Río Lindo, cuya energía es más barata que la producida por la mayoría de generadores privados, por lo que cuestionó que ENEE Generación todavía no estuviera inscrita como agente generador ante la CREE, situación que, según indicó, le impide competir en igualdad de condiciones.

Otro de los puntos expuestos por el docente universitario fue la falta de transparencia sobre la composición de las pérdidas del sistema eléctrico y la ausencia de acciones contundentes para combatir el hurto de energía, situación ante la cual reclamó no un decreto legislativo, sino voluntad para resolver el problema.

El profesional consideró que la reducción de pérdidas podría ser delegada a una empresa especializada, siempre con acompañamiento del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, y criticó que hasta ahora ningún gobierno haya emprendido acciones sostenidas para enfrentar este problema, pese a que constituye una de las principales causas del deterioro financiero de la ENEE.

Igualmente cuestionó la falta de licitaciones para la contratación de nueva energía desde la creación de la CREE en 2016 y consideró que el ente regulador debe fortalecer su papel de fiscalización para garantizar precios competitivos y proteger a los abonados.

“Si dejamos una ENEE que se queda con las pérdidas, se le van los clientes y al final sigue pagando deuda. Esas cosas se deben ordenar previo a abrir un mercado de energía”, concluyó.

Entre las recomendaciones planteadas por el CIMEQH destacan, además de lo expuesto por Rivera, la creación de una legislación específica para sancionar el hurto de energía, la elaboración de un plan transparente para la distribución del pasivo entre las subsidiarias, la publicación de una evaluación técnica y financiera independiente antes de la implementación de la reforma, y la incorporación del colegio profesional en las juntas nominadoras de los organismos del sector para fortalecer la independencia y reducir posibles conflictos de interés.