Periodista: Elin Josué Rodríguez
El indulto presidencial, una de las facultades más amplias otorgadas al mandatario de Estados Unidos, permite perdonar o reducir las consecuencias legales de una condena federal.
Según la Constitución estadounidense, en su Artículo II, Sección 2, el presidente puede “conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de impeachment (juicio político)”, una atribución que ha generado debate cada vez que se aplica en casos polémicos.
En términos prácticos, el indulto -conocido como pardon- elimina o atenúa las consecuencias de una condena federal, aunque no borra el historial criminal. Esta acción puede restaurar derechos civiles como votar, desempeñar cargos públicos o portar armas. Junto a esta figura, la Casa Blanca puede otorgar conmutaciones de pena, aplazamientos de sentencia y remisiones de multas, todas clasificadas como formas de clemencia presidencial.
El procedimiento regular inicia con una solicitud formal ante la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia, que analiza factores como el tiempo transcurrido desde la condena, la conducta del solicitante y el impacto social del caso. Posteriormente, emite una recomendación al presidente, quien tiene la última palabra y no está obligado a seguir el dictamen técnico. De hecho, la ley estadounidense permite al mandatario conceder indultos incluso sin una petición previa y en cualquier momento, antes o después de una sentencia.
El uso de este poder no es nuevo y ha sido objeto de controversia histórica. Gerald Ford indultó a Richard Nixon tras el escándalo de Watergate; Barack Obama otorgó miles de conmutaciones en casos relacionados con drogas; y administraciones más recientes han recurrido a esta prerrogativa para resolver situaciones jurídicas de alto perfil.
Aunque es amplio, el poder presidencial tiene límites: no puede aplicarse a delitos estatales, cuya clemencia corresponde a los gobernadores, ni puede revertir sanciones derivadas de un proceso de impeachment.
Con ello, el indulto presidencial se mantiene como una herramienta única dentro del sistema jurídico estadounidense, capaz de modificar el destino legal de ciudadanos condenados bajo leyes federales, tal fue el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos y ayer 1 de diciembre, según el sitio oficial del Federal Bureau of prisions (BOP, por sus siglas en Inglés) recuperó la libertad tras indulto del presidente Donald Trump.
Fernando Santos, jurista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que el indulto es prerrogativa que le da la Constitución de los Estados Unidos al presidente para que la use en favor de quien a él le parezca.
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