Periodista: Yuri Vargas

En Honduras, las muertes violentas mantienen un patrón constante. Cada día, en promedio, seis personas pierden la vida de forma homicida y, aunque la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, la violencia contra la población femenina presenta características particulares que revelan un problema estructural aún no resuelto por el Estado.

Cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) indican que en lo que va del 2026, al menos 29 mujeres han sido asesinadas, siendo el grupo de mayor riesgo el comprendido entre los 15 y 29 años.

En cuanto a la distribución territorial, los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Comayagua, especialmente en municipios como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés.

Ante este fenómeno con dinámicas propias, vinculadas a desigualdades estructurales, impunidad judicial y fallas institucionales históricas que entre el 2005 y 2024 cobró la vida de 7,746 hondureñas y que en los últimos cuatro años se ha mantenido en alrededor de 25 víctimas mensuales, más un promedio de impunidad de 95 %, Migdonia Ayestas, coordinadora de dicho ente adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), recomienda pasar de solo medidas reactivas a la prevención.

Según indicó la experta, al igual que en la generalidad de los hechos registrados por el ONV a lo largo de más de dos décadas de existencia, la mayoría de los casos han sido cometidos con arma de fuego, situación que pese a mantener al país entre las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en América Latina, se ha normalizado y ha pasado a formar parte de la cotidianidad informativa y social.

En ese contexto, la académica señaló que el principal desafío no radica únicamente en reducir las cifras, sino en comprender las condiciones que permiten que la violencia contra las mujeres se reproduzca de manera sostenida, pues a su juicio, históricamente los esfuerzos se han concentrado en respuestas posteriores al delito, priorizando la investigación criminal y la persecución penal, mientras los factores de riesgo permanecen prácticamente intactos, lo que evidencia que la violencia no solo responde a dinámicas del crimen organizado, sino también a expresiones persistentes de violencia de género arraigadas en la estructura social.

Relaciones de poder 

El artículo 208 del Código Penal (CP) vigente establece que comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género, y las penas establecidas son de 20 a 25 años de prisión, que pueden aumentar hasta 30 años cuando concurren circunstancias agravantes, como la relación previa entre agresor y víctima, la comisión del hecho en el contexto de un grupo delictivo organizado, actos previos de violencia sexual, mutilaciones o exposición pública del cuerpo, entre otras.

Al respecto Carlos Quiroz, exjuez de Sentencia, docente de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ-UNAH) y magistrado asistente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que este tipo de delitos responden a patrones de control y dominación, más que a hechos aislados, y sus autores, que no necesariamente son pareja o expareja de la víctima, pueden actuar con escalada de violencia o sin escalada visible previa.

En el primero de los casos detalló que el femicida desarrolla un proceso progresivo de agresión, es decir que previo al acto de violencia extrema en el cual le arrebata la vida a la víctima, comienza mostrando un control exacerbado de impulsos, celos patológicos y una necesidad extrema de dominio.

Perfil psicológico

Desde el punto de vista psicológico, señaló que suele tratarse de individuos con rasgos narcisistas, baja tolerancia a la frustración, carencia de empatía y una profunda necesidad de dominio sobre la víctima, por lo que el femicidio constituye el desenlace fatal de un ciclo de violencia que inicia con agresiones verbales o control emocional, luego evoluciona hacia violencia física, sexual o económica y atraviesa fases repetitivas de tensión, explosión violenta, arrepentimiento y una aparente reconciliación conocida como “luna de miel”.

Entre los principales indicadores de riesgo, el funcionario del Poder Judicial mencionó amenazas constantes, manipulación o exhibición de armas, intentos de estrangulamiento, aislamiento social y control creciente sobre la vida cotidiana de la víctima. Asimismo, advirtió que muchos agresores mantienen una imagen pública aparentemente normal o incluso carismática, lo que dificulta la detección temprana del peligro.

En los casos sin escalada visible explicó que los agresores ejercen control coercitivo mediante manipulación psicológica, vigilancia constante o dependencia económica, sin violencia física inicial, y dado que suelen carecer de antecedentes penales y ser percibidos como socialmente integrados, aunque mantienen una visión posesiva de la mujer, considerando la ruptura de la relación como el principal detonante del crimen.

El experto insistió en que dichos actos de violencia extrema caracterizados por múltiples heridas y altos niveles de saña son similares a los denominados crímenes pasionales, evidenciando odio y dominio hasta el final, por lo que las alertas deben activarse desde los primeros indicios, ya que una persona agresora de violencia doméstica puede convertirse potencialmente en femicida y posterior suicida, como reflejo de su dependencia emocional extrema y la lógica de posesión absoluta.

Con base en lo anterior destacó que la ubicación del femicidio dentro del Código Penal en un título independiente denominado violencia contra la mujer, y no entre los delitos comunes contra la vida, responde a una política del Estado orientada a reconocer la vulnerabilidad estructural de las mujeres y a prevenir este tipo de violencia conforme a estándares internacionales de protección.

“El Estado ha procurado, de acuerdo a todos los estándares y todas las convenciones sobre la protección; prevenir la violencia contra las mujeres que como grupo en condiciones de vulnerabilidad prácticamente son sometidas a diversas situaciones hasta quebrantar su vida”, afirmó.

No obstante, indicó que estos casos suelen ser complejos judicialmente y rara vez concluyen con sentencias condenatorias, principalmente porque, aunque se trata de un caso concreto al cual se aplican todos los criterios de violencia, en el 70 % de los hechos no existen antecedentes, lo que limita la capacidad probatoria de las autoridades, por lo que insistió en la importancia de denunciar.

“Una persona que genera violencia doméstica se puede convertir potencialmente en un feminicida. Por eso las alertas vienen desde las simples agresiones, previo a que escale”, enfatizó, al tiempo que indicó que hoy en día el incremento de casos de sicariato ha generado entonces que el autor intelectual no siempre sea el autor material.

Ayestas, por su parte señaló que otro patrón diferenciador de los femicidios respecto a otros homicidios son los espacios donde ocurren, pues una proporción significativa se registra en entornos cercanos a la víctima, lo que evidencia que la violencia no solo responde al crimen organizado y al control territorial en algunas comunidades, que además genera desplazamiento forzado, sino también a dinámicas de violencia de género arraigadas socialmente, por lo que resaltó la urgente necesidad de organización comunitaria y participación ciudadana para crear redes de protección social que actúen como barreras frente al reclutamiento criminal y la violencia.

Políticas públicas

Adicionalmente consideró indispensable fortalecer las políticas públicas basadas en transparencia institucional, prevención social y coordinación interinstitucional y entre las principales recomendaciones señaló la de mejorar la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, implementar reformas policiales orientadas a garantizar controles internos, y redistribuir estratégicamente los recursos hacia prevención, fortalecimiento investigativo y atención integral a las víctimas.

De igual manera enfatizó que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede recaer únicamente en instituciones de seguridad, sino que requiere un enfoque integral que incluya al sistema de salud, considerando que muchos agresores presentan dificultades para manejar la ira y reproducen patrones culturales que legitiman la posesión sobre las mujeres, por lo que resulta indispensable ampliar la atención psicológica y psiquiátrica desde centros de salud y hospitales en todo el país.

Asimismo, señaló que numerosas víctimas niegan inicialmente la violencia por temor o dependencia emocional, lo que vuelve esencial la intervención de equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y pedagogos.