Periodista: Nadia Mendoza

El Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción (OUNTAH), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), presentó los resultados del Monitoreo Presupuestario del I Trimestre de 2026, a través de un informe que revela un panorama complejo marcado por la ausencia de un presupuesto aprobado y una estricta política de ajuste fiscal.

De acuerdo con el análisis, el Estado opera actualmente con el presupuesto de 2025. Al respecto, Keilyn Salgado, coordinadora del OUNTAH, calificó esta situación como "atípica", señalando que la falta de aprobación genera un entorno de incertidumbre. "La ausencia de un presupuesto aprobado afecta la operatividad del Estado y limita la capacidad de planificación institucional", advirtió Salgado.

Presupuesto 2025

De un monto asignado de 443,736.41 millones, solo se han ejecutado L70,648.92 millones, es decir, el 15.92%. El informe segmenta este desempeño en dos extremos; por un lado la alta ejecución liderada por el Instituto de Previsión Militar (IPM) con un 25%, el Banco Central (BCH) con 23% y la Secretaría de Infraestructura (SIT) con 21%, mientras que la baja y crítica ejecución corresponde a sectores como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (7%) y la Secretaría de Agricultura (5%) y aún más alarmante es la ejecución de apenas el 1% en la Secretaría de Energía, el Poder Judicial y Banadesa.

Sobre estas disparidades, Salgado explicó que la ejecución evidencia marcadas diferencias en la capacidad administrativa. "Un grupo reducido muestra mayor dinamismo frente a otras entidades con niveles críticos, situación acentuada por la falta de un marco presupuestario vigente para 2026", señaló.

Concentración del gasto y decretos de emergencias

El monitoreo destaca que el 70% del presupuesto se concentra en 18 instituciones de sectores estratégicos como Energía, Salud, Educación y Seguridad. Para la coordinadora del OUNTAH, esta concentración, sumada a la baja ejecución actual, "refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas".

El informe también hace mención de los decretos de emergencia sanitaria y vial aprobados y en ese sentido, la funcionaria indicó que si bien estos decretos de emergencia que se dieron en el primer trimestre de 2026 incorporan mecanismos orientados a agilizar la ejecución del gasto público con el propósito de atender de manera inmediata necesidades urgentes en sectores estratégicos, la adopción de estos mecanismos excepcionales implica una modificación de las condiciones ordinarias de las compras públicas, al reducir requisitos asociados a la competencia, la publicidad y los controles previos. "En este contexto, el uso de la contratación directa limita y disminuye la transparencia en la selección de proveedores y ejecución de contratos, lo que incrementa el riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones", puntualizó.

Transparencia

Uno de los hallazgos más críticos es el indicador de Transparencia y Control, situado en un escaso 2.66%, esto, explicó Salgado, se traduce en que las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción cuentan con una asignación limitada, lo que incide directamente en sus capacidades operativas y plantea desafíos mayores para el país.

"Se observa que las instituciones encargadas del control, la fiscalización y aplicación de la ley en materia de transparencia y lucha contra la corrupción cuentan con una asignación aproximadamente del 2.66% del presupuesto General de la República, lo que demuestra una participación limitada dentro del gasto público total", mencionó.

Recomendaciones

De cara al segundo trimestre, el OUNTAH advierte que una ejecución acelerada para "recuperar tiempo" no garantiza eficiencia y podría incrementar los riesgos financieros, por lo que como medidas urgentes, el Observatorio recomienda fortalecer la planificación, dinamizar proyectos sin comprometer la legalidad.

"Esto implica fortalecer la planificación y el monitoreo con la debida publicación de información, estableciendo controles que garanticen la legalidad y eficiencia del gasto", recomendó Salgado.

Finalmente, la funcionaria de la UNAH enfatizó que desde el OUNTAH se dará seguimiento a estos hallazgos mediante la publicación periódica de informes técnicos con evidencia que contribuyan a los tomadores de decisiones en cuanto a la prevención de riesgos de corrupción y al fortalecimiento de los mecanismos de control en las compras públicas y contrataciones de emergencia.