Periodista: Yuri Vargas

Luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, ya entraron en vigencia las reformas al Código Penal que endurecen las penas por los delitos de violencia contra la mujer en Honduras.

Con el propósito de combatir este flagelo, que al cierre del primer semestre de 2026 dejó al menos 139 muertes violentas de mujeres, y garantizar una respuesta judicial más contundente, el Congreso Nacional reformó los artículos 208, referente al delito de femicidio; 210, sobre la disposición común aplicable a esta figura; y 66, relativo al concurso real de delitos, y además ordenó la creación de órganos jurisdiccionales especializados.

Con la nueva normativa se mantienen las penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes cometan femicidio, sin embargo, cuando concurran circunstancias agravantes, como la comisión previa de delitos sexuales, la privación ilegal de libertad o actos de tortura, las condenas podrán incrementarse a entre 30 y 40 años, con una acumulación efectiva máxima de hasta 60 años de prisión.

La reforma también incorpora nuevas circunstancias agravantes, entre ellas que el responsable sea un funcionario o agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el delito.

Principales víctimas

Con base en la evidencia que coloca al mes de junio como el más violento del año, con 3 casos adicionales respecto a los 25 registrados en junio 2025; Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), detalló que el mayor riesgo lo enfrentan las mujeres adultas de entre 30 y 59 años, sobre todo las amas de casa.

Respecto a la normativa vigente para castigar a los responsables señaló que, si bien el reciente endurecimiento de las penas mediante reformas al Código Penal envía un mensaje estatal disuasorio hacia la violencia de género, el aumento de los castigos no es suficiente para disminuir las cifras si persiste la impunidad, la cual supera el 95 % de los casos.

“Para frenar este fenómeno de manera estructural, se requiere un enfoque integral que trascienda lo punitivo y abarque las acciones urgentes de prevención integral de la violencia, promoción de la resolución alternativa de conflictos y la construcción de nuevas masculinidades desde el sistema educativo para desmontar las conductas machistas y el mandato de masculinidad”, resaltó.

La funcionaria de dicho órgano adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), resaltó además la necesidad de la protección efectiva de las mujeres sobrevivientes, la asignación de presupuesto y la cobertura de las casas refugio para brindar espacios seguros para las mujeres.

Adicionalmente consideró indispensable fortalecer la investigación criminal y el sistema de justicia para romper el ciclo de impunidad, asegurando respuestas rápidas y con perspectivas de género por parte del sistema de justicia.