Por: Mario Barahona, abogado y periodista, director de Comunicación Estratégica UNAH

* Esta columna de opinión refleja la postura personal del autor y no representa una opinión oficial de la institución.

Las redes sociales han transformado profundamente la forma en que nos comunicamos, otorgándonos una voz global de forma instantánea. Hoy, cualquiera puede compartir sus pensamientos, noticias o experiencias con solo un clic. Sin embargo, esa facilidad también conlleva responsabilidades. No todo lo que se publica es cierto, ni todo lo que decimos está exento de consecuencias. En este espacio donde la libertad de expresión se encuentra con la desinformación y el daño a la reputación, es esencial cuestionarnos: ¿dónde están los límites?

La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero esto no significa que podamos decir lo que queramos sin pensar en el impacto. Este derecho tiene restricciones cuando afecta la dignidad, la privacidad o la reputación de los demás. Publicar información falsa sobre una persona, hacer acusaciones sin pruebas o difundir rumores puede dañar gravemente su imagen y bienestar. Lo que para unos puede ser solo una opinión, para otros puede convertirse en un problema legal o en un daño emocional profundo.

Fact-checking: el filtro necesario

Las redes sociales han acelerado la velocidad con la que circula la información, pero no todo lo que se comparte es verídico. La desinformación puede causar confusión, influir en la opinión pública e incluso generar daños irreparables. Por eso, verificar antes de compartir debe ser una responsabilidad colectiva.

Algunas preguntas clave pueden ayudarnos a filtrar información falsa:

1. ¿Quién publicó esta información? ¿Es una fuente confiable?

2. ¿Otros medios serios han informado lo mismo?

3. ¿El contenido está sacado de contexto o tiene un marco más amplio?

4. ¿Está diseñado para manipular o provocar una reacción emocional?

Pequeños hábitos como contrastar fuentes y pensar antes de compartir pueden marcar la diferencia entre contribuir a un debate informado o alimentar la desinformación.

El derecho al honor en la era digital

En un entorno donde las opiniones y reacciones son inmediatas, el derecho al honor se ha vuelto más vulnerable. Un comentario negativo, una acusación sin fundamento o una publicación sacada de contexto pueden arruinar la reputación de una persona en cuestión de horas. Las redes sociales han dado lugar a linchamientos digitales donde la presunción de inocencia desaparece y la condena pública llega antes que los hechos.

Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) enfrentó un caso de desinformación cuando un video, publicado por una página anónima con evidente intención maliciosa, comenzó a circular en redes sociales. En la grabación se acusaba falsamente a un docente de impartir clases bajo los efectos del alcohol. Sin verificar la veracidad de la información, varios medios de comunicación nacionales difundieron la acusación como noticia, sin aportar contexto ni pruebas.

Ante esta situación, la UNAH actuó con responsabilidad e inició una investigación para esclarecer los hechos, confirmando que la denuncia carecía de fundamentos. No obstante, la viralidad del video hizo que la acusación se asumiera como una verdad absoluta, convirtiendo al docente en blanco de juicio público sin evidencia alguna, mientras los usuarios asumían el papel de jueces en un tribunal digital.

Por ello, es fundamental recordar que detrás de cada perfil hay una persona real, con una historia, una vida y sentimientos. Proteger la dignidad ajena en el mundo digital no es solo una cuestión legal, sino también ética y de convivencia.

Rol de las instituciones ante la desinformación

La responsabilidad de actuar con prudencia en las redes sociales no recae solo en los usuarios. Las instituciones, tanto públicas como privadas, también deben tener estrategias claras para enfrentar la desinformación y proteger el derecho al honor. Establecer protocolos de respuesta ante noticias falsas, fomentar una comunicación clara y promover campañas de educación digital son pasos fundamentales para afrontar estos desafíos.

Toda institución tiene la responsabilidad de proporcionar información veraz, investigar en profundidad y aclarar cualquier contenido que pueda ser tergiversado.

Cuando las instituciones implementan mecanismos efectivos para manejar estos problemas, no solo protegen su credibilidad, sino que también contribuyen a una sociedad más informada, equitativa y responsable, promoviendo una comunicación ética y justa.

Las redes sociales han modificado nuestra manera de interactuar, pero también nos han presentado nuevos retos. La libertad de expresión es invaluable, pero debe ir acompañada de responsabilidad. La desinformación no solo afecta a la sociedad, sino que puede destruir vidas. Y el derecho al honor no es solo un principio abstracto: es la protección de la dignidad humana en un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa.

Pensar antes de publicar, verificar antes de compartir y respetar a los demás en el entorno digital son acciones esenciales para crear un espacio en línea más humano, ético y consciente.