Periodista: Elin Josué Rodríguez

La deuda del Estado con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha sido histórica. En los últimos años, ningún gobierno ha cumplido con la asignación presupuestaria constitucional del 6 %. Además, en varios ejercicios fiscales no se ha desembolsado ni siquiera la partida aprobada. Tal es el caso de la administración reciente, que dejó una deuda de 719 millones de lempiras, así como del período 2018-2022, que acumuló 420 millones de lempiras sin transferir a las cuentas de la Máxima Casa de Estudios.

La falta de este financiamiento completo ha generado diversas repercusiones para la universidad. Estas limitaciones presupuestarias impactan directamente en la apertura de nuevas carreras, el desarrollo de infraestructura y la ejecución de proyectos académicos, así como en el cumplimiento oportuno de pagos a proveedores.

Cabe resaltar que, aun con todas estas limitantes, gracias a la planificación estratégica y al manejo transparente de los recursos, la Máxima Casa de Estudios no ha sacrificado el pago de sueldos y salarios ni los beneficios estudiantiles, como el programa Mi Bienestar, que incluye becas y transporte gratuito.

Deuda estatal

Eduardo Joaquín Gross, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la UNAH, detalló que únicamente del año anterior quedaron pendientes 719 millones de lempiras, correspondientes a transferencias estatales que no se realizaron de manera regular.

De acuerdo con Gross, estos fondos ya se encuentran precomprometidos bajo un modelo contractual, lo que significa que su pago es indispensable para cumplir con obligaciones previamente adquiridas, las cuales deberán ser honradas durante el año 2026. A esta cifra se suman 40 millones de lempiras en gastos de capital, así como otros compromisos financieros que diversas instituciones del Estado mantienen con la universidad.

Entre estas obligaciones destacan las deudas provenientes de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), relacionadas con el pago de becas estudiantiles. El funcionario explicó que, aunque dichas becas fueron cubiertas el año pasado con recursos propios de la UNAH para no afectar a los estudiantes, en 2026 la universidad ha decidido no adelantar estos pagos hasta que las transferencias correspondientes sean efectivamente realizadas por las entidades responsables.

Ilustración de la deuda del Estado con la UNAH.

Más deuda

A este panorama se suma un reclamo administrativo interpuesto en 2021, que aún no ha sido resuelto y que representa 420.1 millones de lempiras adicionales. Este monto forma parte de la denominada deuda histórica del Estado con la universidad, una situación que, según las autoridades universitarias, limita significativamente la capacidad financiera de la institución para planificar y ejecutar proyectos estratégicos.

La problemática financiera se profundiza al contrastar estas cifras con el mandato constitucional del 6 % del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, establecido en el artículo 161 de la Constitución de la República. Gross señaló que, de acuerdo con los cálculos institucionales, la UNAH debería recibir alrededor de 16 mil millones de lempiras anuales; sin embargo, el presupuesto asignado para este año asciende únicamente a 8,600 millones, es decir, cerca del 50 % de lo que correspondería por mandato constitucional.

Presupuesto constitucional

Ante esta brecha presupuestaria, las autoridades universitarias han solicitado la conformación de una mesa técnica con la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de esclarecer el cálculo real del 6 % constitucional. Gross explicó que existen “quites” establecidos en las disposiciones generales del presupuesto, los cuales reducen el monto base antes de aplicar el porcentaje, generando una “nebulosa de duda” que la universidad busca despejar mediante un análisis técnico conjunto.

Finalmente, Gross indicó que, aunque el presupuesto de 8,600 millones de lempiras se mantendrá sin recortes ni incrementos durante el presente año, el respaldo financiero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la UNAH. La expectativa de las autoridades universitarias es que el diálogo técnico permita transparentar las cifras y sentar las bases para un financiamiento justo y acorde con lo que establece la Constitución.

En los mismos términos se refirió Mauricio Díaz Burdett, director de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y reconocido economista, quien señaló que la Máxima Casa de Estudios es una de las instituciones del Estado que ejecuta más del 90 % de su presupuesto asignado, lo que podría abrir una ventana de oportunidad para que el Estado considere, en el mediano plazo, el reembolso de las obligaciones pendientes.

Díaz Burdett explicó que esta deuda coloca a la UNAH en una situación financiera compleja, afectando su planificación, ya que se encuentran programados diversos proyectos de infraestructura en todos sus campus, así como la puesta en marcha de nuevos programas académicos y de beneficios estudiantiles.

Reunión entre autoridades de la UNAH y Sefin.

Acuerdo

La semana pasada, autoridades de la Alma Máter sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y su equipo. En ese espacio, el rector Odir Fernández fue enfático al detallar la crisis de liquidez que enfrenta la UNAH. “Se nos adeuda del año 2025 más de 719 millones de lempiras, lo que pone en detrimento la continuidad del transporte gratuito, los programas sociales y el cumplimiento de los salarios a nuestros empleados”, lamentó.

Según el rector, esta falta de transferencias asfixia la operatividad de la universidad y afecta directamente a la comunidad estudiantil y laboral.

Tras la reunión, Fernández informó haber recibido con agrado el compromiso de las autoridades de Finanzas, quienes aseguraron que se respetará la disposición constitucional y que los desembolsos se realizarán en los próximos días.

De igual manera, tal como lo establece la Constitución de la República, el rector indicó que la UNAH está en total disposición de apoyar al Estado con toda su capacidad técnica para realizar estudios e investigaciones que contribuyan a atender la problemática estructural del país.