Por: Nadia Mendoza

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presentó datos que evidencian la magnitud y complejidad de las tensiones sociales en Honduras, ya que entre enero y abril de este año se han registrado 148 acciones colectivas de conflictividad social vinculadas a demandas laborales, territoriales y ambientales.

De acuerdo con la Infografía No. 1 sobre Conflictividad Social en Honduras, los conflictos se reportaron en los 18 departamentos del país, siendo Francisco Morazán el más afectado con 73 casos, seguido de Cortés con 27. También se identificaron incidencias importantes en Colón, Comayagua y Olancho.

“A diario se registra, en promedio, una protesta, y hay días en los que incluso se han contabilizado hasta siete protestas. Esto podría agudizarse en el futuro”, señaló Yahaira Padilla, coordinadora del Área de Democracia del IUDPAS.

Demandas sociales

El informe indica que el principal ámbito de conflicto está relacionado con el medio ambiente, la tierra y el territorio, y que el 60.8 % de las demandas sociales fueron impulsadas por trabajadores, partidos políticos y grupos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Entre los actores sociales más involucrados destacan los trabajadores, con 54 acciones, equivalentes al 36.5 % del total, seguidos por los partidos políticos, con 23 casos, y los grupos indígenas y afrodescendientes, con 13.

Las principales demandas sociales estuvieron orientadas a la defensa del trabajo y las condiciones laborales, con 59 registros. También se reportaron exigencias relacionadas con la mejora de servicios e infraestructura, la defensa del ambiente y el territorio, las garantías democráticas y la participación ciudadana.

Acciones

El estudio detalla que los bloqueos de carreteras y los mítines o concentraciones fueron las principales medidas de presión utilizadas por los manifestantes, ya que de las 148 acciones colectivas registradas, 60 correspondieron a bloqueos y 50 a concentraciones públicas. Asimismo, se contabilizaron marchas, reuniones, ocupaciones de propiedades, huelgas y paros.

Al respecto, Padilla aclaró que las acciones colectivas generalmente se asocian con actos negativos, aunque no necesariamente es así. “Si bien estas acciones surgen en contextos problemáticos, potencialmente podrían generar condiciones para mejorar algunas situaciones de la colectividad que lucha por la defensa o ampliación de derechos”, señaló.

El documento también advierte sobre la limitada respuesta institucional frente a las demandas sociales, ya que el 86.5 % de los conflictos no recibió atención efectiva por parte del Estado, mientras que únicamente en algunos casos se alcanzaron acuerdos mediante negociación o recepción formal de denuncias.

En cuanto a la contención de las protestas, el informe señala que hubo presencia policial o militar en 33 acciones y uso de la fuerza en nueve de ellas, asimismo menciona que las entidades a las que van dirigida la acción son principalmente al gobierno en general y a las secretarías de Estado.

Finalmente, esta unidad académica recomendó al Estado hondureño fortalecer los mecanismos de diálogo, mediación y atención temprana de las demandas sociales, especialmente en los conflictos laborales, territoriales y ambientales, con el objetivo de prevenir una mayor escalada de tensiones en el país.

“Estamos trabajando para generar información que permita a las autoridades tomar decisiones al respecto, porque, básicamente, la conflictividad en Honduras continúa polarizándonos”, lamentó la funcionaria del IUDPAS.