Periodista: Yuri Vargas

En el marco de la participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ) en el Precongreso de Investigación Científica y de Posgrados UNAH 2025, los investigadores Nery Mauricio Miranda Sanabria y Jacobo Santos Espinal advirtieron este martes 4 de noviembre sobre el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar en el país.

Durante la ponencia denominada “La prisión preventiva en Honduras y su afectación al principio de presunción de inocencia”, los juristas indicaron que la privación de libertad sin que exista un juicio y por ende una sentencia genera una serie de consecuencias negativas, entre ellas la vulneración del principio de presunción de inocencia y un grave hacinamiento carcelario.

De acuerdo con los datos citados en la investigación, diversos informes indican que más del 50% de la población penitenciaria nacional se encuentra sin condena firme, situación que coloca a Honduras en una posición crítica en la región.

“La implicación práctica de este colapso sistémico es doble: por un lado, se violan masivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad; por otro, se compromete la capacidad del Estado para gestionar eficazmente su sistema penitenciario seguridad”, expresó Miranda.

Propuestas y reformas necesarias

Los ponentes resaltaron que la solución ante dicha problemática no radica en la falta de soluciones, sino en la falta de voluntad política y capacidad institucional para implementarlas.

Asimismo, resaltaron que la implicación práctica más relevante es que cualquier reforma debe ser integral, abordando no solo los aspectos legales, sino también los culturales e institucionales que perpetúan el abuso de la prisión preventiva.

Entre las alternativas planteadas, con base en la doctrina y la jurisprudencia comparada, así como en la experiencia de países como Chile y Colombia, destacan la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, la implementación de medidas alternativas y la creación de unidades de evaluación de riesgo. 

Asimismo, señalaron que para que tengan éxito, las reformas procesales penales que se implementen deben ser integrales e ir acompañadas de un cambio en la cultura jurídica de los operadores del sistema.

Recomendaciones

La intervención concluyó con tres recomendaciones dirigidas al Poder Judicial como al Poder Legislativo y a la academia, además del llamado a fomentar un debate público informado que contrarreste el populismo punitivo y promueva una cultura de respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos. 

Al Poder Judicial se recomienda fortalecer los criterios para la imposición de la prisión preventiva, exigiendo a los jueces una motivación reforzada que demuestre, más allá de toda duda razonable, la absoluta necesidad de la medida. Asimismo, se debe promover activamente la aplicación de medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, como la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario, mediante la creación de protocolos claros y programas de capacitación continua para los operadores de justicia.

Al Poder Legislativo, revisar y reformar el marco normativo que regula la prisión preventiva para establecer límites temporales más estrictos y criterios de aplicación más rigurosos, en línea con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta que es crucial legislar para crear y financiar Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares que ofrezcan a los jueces evaluaciones de riesgo objetivos.

A la Academia y Sociedad Civil, desarrollar programas de veeduría social y monitoreo de la aplicación de la prisión preventiva para generar datos empíricos que evidencien su impacto.

Otras ponencias

Durante la jornada de la FCJ, que se desarrolló de manera simultánea en la Sala de Juicios Orales, ubicada frente al edificio Alma Máter de Ciudad Universitaria, y el auditorio del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG), también se dieron a conocer los resultados y avances de las investigaciones siguientes:

• Análisis comparado del sistema electoral legislativo y de representación política en Honduras y Alemania, por Allan René Andrade Amador, donde se examinan las similitudes y diferencias entre ambos sistemas electorales.
• Trabajo infantil agrícola en Honduras: revisión de la normativa nacional y su concordancia con los estándares de la OIT, elaborado por los estudiantes Jennifer Michelle Rodas Sauceda, Valeria Alejandra Romero Portillo, Rebeca María Rico Durón y Allan René Andrade Amador.
• Entre la ley y la impunidad: análisis crítico del combate al lavado de activo”, a cargo de Elías Rosendo Landa Vásquez, que reflexiona sobre los vacíos normativos y la efectividad de los mecanismos judiciales.
• Roles de género en las comunidades lencas y su relación con tratados internacionales de derechos humanos, presentado por Carlos Francisco Padilla Díaz, que aborda la equidad de género desde una perspectiva intercultural.
• Implicación de la no aplicación de la conciliación laboral en vía administrativa y judicial para comprender las consecuencias para el Estado, de Rubén Eduardo Izaguirre Ochoa, que examina los efectos de la falta de conciliación en el ámbito laboral público y privado.