Periodista: Yuri Vargas

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (OUNTAH), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), presentó este jueves un estudio que desnuda las raíces más profundas del fenómeno de la corrupción en el país. 

El documento, titulado “Patrones y tendencias de la corrupción en Honduras”, analiza el comportamiento de 70 instituciones públicas durante el período 2014-2024 y revela 276 patrones de corrupción que evidencian cómo este mal no solo se repite, sino que se transforma y adapta a los cambios políticos e institucionales, afectando la vulnerabilidad y la calidad de vida de la población.

En ese sentido la decana de la FCCSS, Carmen Julia Fajardo, destacó que más que un ejercicio académico, este trabajo es un acto de compromiso social con la comprensión y combate de uno de los problemas estructurales más graves. “Esta investigación no solo busca evidenciar la magnitud del problema, sino también generar conciencia y proponer soluciones concretas y efectivas para combatirlo y poder avanzar hacia un Estado más transparente y justo”, expuso.

Hallazgos

El informe, que tiene como propósito servir de evidencia para comprender las dinámicas de la corrupción como procesos configurados por la interacción entre estructuras institucionales, agencia estratégica de los actores y lógicas organizacionales, expone que como sistema autorregulado se sostiene en tres pilares fundamentales: la captura de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, el uso de la contratación pública como canal para el enriquecimiento ilícito y la impunidad como herramienta de gobierno.

Según detalló Keily Salgado, coordinadora del OUNTAH, entre los hallazgos más reveladores destacan 89 incidencias de patrones de corrupción en instituciones que prestan servicios públicos como energía, agua, telefonía y salud, lo que se traduce en una degradación constante de la calidad de los servicios.

De igual manera, en el ámbito del desarrollo económico y social se detectaron 34 patrones vinculados al clientelismo político, evidenciando cómo la asistencia social muchas veces se utiliza como herramienta de control electoral, y en la administración de justicia 36 patrones que representan el 58% de las incidencias detectadas en este rubro, lo que confirma un alto grado de impunidad estructural.

Asimismo, el informe documenta prácticas como modificación de contratos, compras directas sin licitación y tráfico de influencias, especialmente en situaciones de emergencia, como durante la pandemia del COVID-19.

En su presentación, la funcionaria explicó que el análisis a lo largo de una década permitió identificar mecanismos que persisten pese a los cambios políticos o institucionales. “Estos patrones no desaparecen; mutan. Cuando se crea una ley que intenta frenarlos, siempre surge una nueva manera de vulnerarla. La corrupción se repite dentro de las mismas instituciones o entre diferentes, y muestra una clara intencionalidad de asegurar el apropiamiento de recursos y la impunidad”, afirmó en referencia a la existencia de condiciones habilitadoras, como reformas legales regresivas o desmantelamiento de controles, que permiten la permanencia del fenómeno, así como una normalización social que ha llevado a la ciudadanía a tolerar prácticas como el nepotismo o el uso discrecional de los recursos públicos.

Con base en el análisis, el rector Odir Fernández Flores afirmó que el informe presentado “no es un documento más, sino un espejo crudo de lo que ha sido el país en los últimos diez años”, señalando directamente que “esto tiene nombre y apellido, y los responsables son el sector político que ha gobernado en la última década”.

Asimismo sostuvo que Honduras no está perdiendo la batalla contra la corrupción por incapacidad técnica, sino por falta de voluntad política, señalando que la impunidad, la manipulación de leyes y la neutralidad calculada de quienes deberían liderar han permitido que las redes corruptas se afiancen, por lo que de cara a un nuevo proceso electoral, cuestionó el papel de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, indicando que “ocho de sus diez principales patrones están vinculados a prácticas irregulares”.

Para revertir esta situación, que según la evidencia va más allá de simples irregularidades administrativas o desviaciones éticas, la institución recomendó fortalecer la prevención y detección temprana de riesgos de corrupción, equilibrar la ejecución presupuestaria con la integridad pública, abordar la corrupción como un problema de acción colectiva, no solo penal, y complementar la persecución judicial con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

“Si no actuamos, esto se continuará consolidando. Ante este panorama, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirma que no podemos ser espectadores; hoy tenemos frente a nosotros la posibilidad de elegir algo diferente. Honduras merece instituciones y no feudos, merece servidores públicos y no mercaderes, merece democracia y no cleptocracia, y nosotros estamos del lado de quienes luchan por esa transformación”, concluyó Fernández.