Periodista: Elin Josué Rodríguez

Honduras y el juicio político: entre el control democrático y los desafíos de su aplicación

En el proceso de fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras, la incorporación del juicio político en la Constitución de la República representa un avance en la construcción de mecanismos formales de control del poder público, en un contexto históricamente marcado por crisis institucionales y tensiones entre los poderes del Estado.

Durante décadas, el país careció de una figura jurídica que permitiera al Congreso Nacional investigar y eventualmente destituir a altos funcionarios por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Esta ausencia derivó en que conflictos de alto nivel se resolvieran mediante decisiones políticas o judiciales que, en muchos casos, generaron cuestionamientos sobre su legitimidad.

Destituciones antes del juicio político

Ocho años después del retorno a la democracia, en 1990, Oswaldo Ramos Soto asumía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, no obstante, en 1992, fue destituido por el Congreso Nacional que presidía Rodolfo Irias Navas.

17 años después, la sociedad hondureña vivía un episodio nunca antes visto por las nuevas generaciones menores de 50 años, un golpe de Estado en el 2009 que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya.

Después de ese acontecimiento, la clase política del país inició un proceso de reformas orientadas a redefinir los equilibrios entre los poderes del Estado, en ese contexto, el juicio político comenzó a tomar forma como una herramienta necesaria para fortalecer la rendición de cuentas.

No obstante, en el 2012, el Congreso Nacional destituyó de su cargo a cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que integraban la Sala de lo Constitucional, tras emitir un fallo que declaró inaplicable el proceso de depuración policial.

Aprobación

En respuesta a estos escenarios, el Congreso Nacional aprobó en 2013 reformas constitucionales que dieron vida a la figura del juicio político, de acuerdo con la normativa, este mecanismo tiene como objetivo permitir la investigación de altos funcionarios —incluyendo al presidente de la República, designados presidenciales, magistrados de la CSJ, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el CN — cuando existan denuncias graves relacionadas con actuaciones contrarias a la Constitución, al interés nacional o por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus funciones.

Desde esta perspectiva, el juicio político se concibe como una herramienta orientada a fortalecer la rendición de cuentas y garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado.

Para el abogado Mario Barahona, titular de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), “se trata de un mecanismo constitucional legítimo de control del poder público, orientado a preservar el orden democrático y asegurar la responsabilidad de los altos funcionarios”.

Sin embargo, su aplicación práctica ha sido limitada, diversos intentos de activarlo en el Congreso Nacional —contra fiscales, magistrados y presidentes— no han prosperado en su mayoría, lo que evidencia tanto la complejidad política del instrumento como las dinámicas institucionales que condicionan su uso.

En ese sentido, Barahona plantea que el análisis del juicio político debe considerar no solo su fundamento legal, sino también el contexto en el que se aplica ,la amplitud de sus causales exige una interpretación rigurosa y objetiva, mientras que la concentración del proceso en el ámbito legislativo reduce la existencia de contrapesos externos”, señala.

Asimismo, advierte que la ausencia de control jurisdiccional sobre este mecanismo refuerza su carácter político, lo que implica la necesidad de garantizar altos estándares de transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso.

Bajo esta doble dimensión —normativa y práctica—, el juicio político puede ser entendido tanto como un instrumento legítimo de control democrático, como una figura cuya aplicación puede verse influenciada por las condiciones políticas del momento.

Desde la perspectiva académica, este balance resulta clave, como apunta Barahona, “su legitimidad no depende únicamente de la norma que lo regula, sino de la forma en que se aplica, lo que lo convierte en una expresión del grado de madurez institucional del Estado”.