Por: Marleny Mendoza 

La democracia hondureña todavía está lejos de alcanzar estándares que la ubiquen como una nación participativa, inclusiva, equitativa e igualitaria, respetuosa de los derechos de todas y todos sus habitantes, revela el estudio presentado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en la UNAH.

El estudio fue compartido con estudiantes de la Cátedra de Estudios de la Mujer (CEM) con el objetivo de conocer y analizar la percepción ciudadana sobre la participación política de las mujeres en Honduras, destacando las barreras, oportunidades y niveles de apoyo hacia la paridad en la representación política.

A 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en política, la subrepresentación persiste en los espacios de decisión. Aunque las mujeres representan el 52 % de la población y el 54 % del padrón electoral, solo hay 20 alcaldesas de 298 municipalidades, y de 128 curules en el Congreso Nacional, únicamente 34 son ocupadas por mujeres. Esto equivale a una participación del 27 % en el legislativo y del 6.4 % en las alcaldías, brecha que se incrementa más de 5 % entre elecciones internas y generales.

Entre las principales barreras se encuentran, de mayor a menor porcentaje: la cultura machista, que cuestiona a las mujeres por dedicarse a la política y abandonar su rol doméstico; la falta de recursos económicos, el incumplimiento por parte de los partidos políticos de la ley de cuotas o la llamada “trenza”, la ausencia de leyes que aseguren su participación, la violencia contra las mujeres en política, la falta de formación y, en menor medida, la falta de apoyo familiar y las responsabilidades del hogar.

Esta lógica machista organizacional se traduce en escaso apoyo financiero para las candidaturas femeninas, pese a que las mujeres enfrentan mayores dificultades económicas: hay más mujeres desempleadas y con empleos precarios y mal remunerados en comparación con los hombres.

Desde esta perspectiva, un defensor de derechos humanos afirmó: “Los partidos políticos, desde hace mucho tiempo, dejaron de ser ese puente entre la sociedad y el Estado. Ahora tienen dueños que toman decisiones nada democráticas”. Para un político, “los partidos tienden inevitablemente a conformarse en una especie de secta y se convierten en cúpulas que negocian privilegios y transan entre ellas”.

Conclusiones
El estudio revela que la reducción en la participación de las mujeres en todos los niveles electivos se incrementa hasta en más del 5 % entre elecciones internas y generales. Esto evidencia la persistencia de barreras estructurales y socioculturales que obstaculizan su participación política, sustentadas en estereotipos de género y roles tradicionales reforzados por los medios de comunicación. El Estado no ha asumido plenamente su obligación de erradicar estas prácticas discriminatorias.

Aunque la sobrecarga de cuidados constituye una de las principales limitantes para el ejercicio político de las mujeres, la población no la reconoce como tal, lo que refleja la naturalización del modelo patriarcal. De igual forma, la violencia política de género permanece invisibilizada y normalizada, a pesar de los indicios de discriminación simbólica y verbal hacia las mujeres en espacios públicos.

Existe un consenso social mayoritario (87 %) a favor de la paridad y un reconocimiento significativo (65 %) sobre la desigualdad de condiciones en la política, lo cual representa una base favorable para impulsar reformas electorales orientadas a una paridad real y sustantiva. El sistema de partidos continúa reproduciendo estructuras masculinizadas que limitan la participación efectiva de las mujeres, perpetuando su exclusión de los espacios de poder.

Recomendaciones 
En este escenario, la investigación recomienda:

Crear mecanismos eficaces dentro del marco electoral para asegurar la paridad y sancionar su incumplimiento, avanzando hacia una democracia inclusiva.

Promover el principio de “paridad en todo” mediante una reforma constitucional que garantice la igualdad sustantiva en todos los niveles y poderes del Estado.

Impulsar el debate público sobre democracia paritaria, economía del cuidado y los impactos de los roles de género en la participación política.

Diseñar e implementar políticas públicas y educativas que eliminen los estereotipos de género y fortalezcan el liderazgo político femenino.

Promover procesos formativos sobre democracia paritaria y cuidados, y liderar reformas legales que garanticen igualdad real en todos los ámbitos.

Cumplir con las disposiciones legales sobre equidad y violencia política de género, revisar las estructuras organizativas para garantizar representación paritaria y promover liderazgos femeninos mediante formación y acompañamiento.

Impulsar reformas a la Ley Electoral que aseguren la paridad vertical y horizontal en elecciones internas, primarias y generales, y establecer mecanismos de seguimiento y sanción para su cumplimiento.

En ese sentido, “La primera encuesta nacional sobre la percepción de la participación de las mujeres en política” de Cespad, recomienda aprobar leyes y reformas que garanticen una participación política equitativa y libre de violencia, incluyendo la Ley de Prevención contra la Violencia Política hacia las Mujeres y disposiciones que institucionalicen la paridad en todos los poderes del Estado.