Por: Esdras Díaz Madrid

A cuatro días de las elecciones generales, Honduras entra en su recta final rumbo a una jornada cívica que ha requerido una inversión significativa del Estado. Bajo ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el pasado 3 de octubre el padrón definitivo que regirá en los comicios de este próximo domingo 30 de noviembre.

Según información proporcionada por el CNE, el censo incluye 6,522,577 votantes: 6,026,477 residentes en el territorio nacional y 496,307 en el extranjero. Paralelamente, el Congreso Nacional aprobó meses atrás un presupuesto de 1,737 millones de lempiras para garantizar el proceso electoral.

Si este monto se divide entre el total de ciudadanos habilitados para votar, el costo asciende a 266 lempiras por cada hondureño incluido en el padrón. Este dato, destacan especialistas, debe motivar una reflexión sobre la importancia de ejercer el sufragio y evitar que esta inversión pública se desperdicie.

Para el sociólogo Marco Tinoco, jefe del Departamento de Sociología de la UNAH, “la democracia es costosa”, especialmente porque requiere invertir en formación ciudadana. No obstante, señala que pese a las tensiones políticas, Honduras mantiene uno de los sistemas democráticos más estables de Centroamérica, sobre todo en comparación con países donde predominan partidos frágiles o gobiernos autoritarios.

Sin embargo, advierte que el abstencionismo debilita la democracia y abre las puertas a líderes autoritarios, como ha ocurrido en otras naciones de la región.

El abstencionismo ha sido una constante en la historia electoral de Honduras. Según un informe de Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), los niveles con frecuencia superan el 40 % de los ciudadanos habilitados para votar. En distintos procesos, factores como la desconfianza en los partidos políticos, el desencanto ante la falta de soluciones a problemas estructurales y la percepción de que “nada cambia” han reducido la participación ciudadana.

Para los expertos, esta tendencia no solo debilita la legitimidad de los gobiernos electos, sino que también limita la capacidad del país para fortalecer su institucionalidad democrática, dejando espacios para la incertidumbre y el avance de discursos autoritarios.

Tinoco subraya que la crisis democrática en América Latina se debe, en parte, a que los sistemas no resuelven problemas estructurales como empleo, educación, salud y servicios públicos, lo que provoca descontento, apatía y desconfianza en la ciudadanía.

Por su parte, el catedrático y jefe del Departamento de Economía de la UNAH,  Henry Rodríguez recuerda que, además del presupuesto asignado, existe la llamada deuda política, mediante la cual el Estado retribuye 45 lempiras por cada voto recibido por los partidos. Solo por ejemplificar, el experto dice que “si votaran cuatro millones de personas, esa cantidad se sumaría al gasto de los 1,700 millones ya aprobados”, elevando de esa forma la inversión estatal. Para Rodríguez, cuando la ciudadanía no participa, el país pierde recursos: votos no ejercidos se traducen en inversión desperdiciada.

Rodríguez también señala que Honduras tiene uno de los costos electorales más altos de Centroamérica, solo superado por Guatemala, esto debido a su mayor población.

Ambos especialistas coinciden en que el próximo 30 de noviembre los hondureños tienen una responsabilidad crucial. Votar no solo es un derecho, sino una manera de convertir en valor democrático la inversión que el Estado ha destinado al proceso electoral. Abstenerse, en cambio, vuelve ese gasto un recurso perdido.