Periodista: Elin Josué Rodríguez

Honduras y Nicaragua, al igual que otras naciones de la región, quedan fuera del Estatus de Protección Temporal (TPS), iniciativa creada el 5 de enero de 1999 durante la administración del presidente Bill Clinton, con el objetivo de proteger a los hondureños y nicaragüenses que ya se encontraban en Estados Unidos tras el paso del huracán Mitch, que devastó la región.

De 1999 a 2017, el TPS para los hondureños fue renovado automáticamente cada 18 meses por las administraciones que sucedieron a la de Clinton (Bush y Obama), debido a la persistente inestabilidad económica, social y ambiental en el país. Durante este período, miles de hondureños renovaron su estatus regularmente y lograron establecerse, trabajar legalmente y formar familias.

En 2018, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump intentó cancelar el TPS mediante un anuncio realizado el 4 de mayo, alegando que las condiciones que motivaron su otorgamiento ya no existían. Por esta razón, organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron demandas, argumentando que la cancelación fue arbitraria y motivada por razones raciales, lo que llevó a un juez federal a bloquear temporalmente la orden del mandatario.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE UU se produjo un cambio de rumbo, ya que anunció una extensión automática del TPS hasta diciembre de 2022, como parte de una revisión más humanitaria de la política migratoria. Al mismo tiempo, se abrieron nuevas oportunidades de reinscripción para los beneficiarios existentes.

En esa misma línea, el 21 de junio de 2023, mediante el Departamento de Seguridad Nacional, se extendió el TPS para los hondureños hasta el 5 de julio de 2025. Sin embargo, en esa fecha no se renovó el beneficio, y el 7 de julio se anunció oficialmente su cancelación.

Ante esta situación, que afecta a más de 55,000 hondureños, César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que el único recurso que queda es el legal, ya que el canal diplomático fue agotado por parte del Gobierno de Honduras.

Castillo agregó que la cancelación del TPS responde a una política impulsada por la administración Trump, dirigida a beneficiarios de diferentes países, en coherencia con su marcada postura antiinmigrante, la cual se ha endurecido durante su segunda gestión.

Además, recordó que los “tepesianos”, como se les conoce, tienen 60 días para retornar al país o, en su defecto, optar por permanecer de manera ilegal en Estados Unidos.

Economía

Por su parte, el economista Henry Rodríguez, docente de la Máxima Casa de Estudios, calificó la noticia de la cancelación como “nefastamente impactante” para el país y para las familias hondureñas. Explicó que esta decisión afectará, en primer lugar, a los ciudadanos y ciudadanas que residen en Estados Unidos desde hace más de 25 años, muchos de los cuales ya han formado sus familias, están arraigados, han invertido y poseen bienes. Cortar abruptamente esa relación y convertirlos en personas no autorizadas para residir en ese país les generará múltiples dificultades.

Rodríguez proyectó que el país sufrirá efectos directos: “Primero, sobre las familias receptoras que dependen de esos ingresos para su sustento, lo que afectará su consumo y su capacidad de ahorro. Luego se verá impactada la economía nacional, debido a una disminución significativa en las remesas provenientes de Estados Unidos, lo que generará presiones sobre las reservas internacionales y, de alguna u otra manera, sobre el tipo de cambio”.

Enfatizó que el reto recae en el Gobierno de la República: “Es un momento apresurado para generar condiciones y brindar una acogida a los hondureños que vengan deportados por esta vía. Ellos se han sacrificado por Honduras, han mantenido la estabilidad macroeconómica durante todos estos años. Entonces, lo justo es que, de una u otra manera, ahora les retribuyamos”.

Sin embargo y a diferencia de Castillo, Rodríguez se mostró optimista, dijo que la decisión de cancelar el TPS podría revertirse incluso por el mismo Trump, mediante la vía diplomática: “Si se sabe negociar, las oportunidades están abiertas. Lo que se requiere es diligencia y emprender ese camino cuanto antes, no seguir esperando”, concluyó.