Periodista Yuri Vargas

Las recientes reformas al delito de femicidio, aprobadas por el Congreso Nacional, fueron objeto de análisis durante el III Simposio de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde especialistas coincidieron en que el fortalecimiento de la respuesta penal debe complementarse con políticas de prevención, investigación criminal y acciones institucionales que contribuyan a reducir la violencia contra las mujeres en el país.

Como parte de la jornada académica organizada por los Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ), la abogada Jenny Almendárez Flores abordó este martes 21 de julio de 2026, a través de la conferencia magistral Las reformas al delito de femicidio y su impacto en la prevención de la violencia contra las mujeres, el alcance jurídico de las modificaciones introducidas al Código Penal y su relación con la protección de los derechos humanos.

Almendárez, quien en 2023 obtuvo la calificación más alta en el proceso de selección de fiscal general y fiscal general adjunto por parte de la extinta Junta Nominadora, señaló que el delito de femicidio debe analizarse desde una perspectiva integral que incorpore la política criminal, la criminología y los derechos humanos, al considerar que este tipo penal responde a una manifestación específica de violencia basada en relaciones históricas de desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

En ese sentido resaltó que no toda muerte violenta de una mujer constituye femicidio, ya que para su configuración deben concurrir las circunstancias establecidas en la legislación penal e indicó que la tipificación de este delito representa el reconocimiento, por parte del Estado, de que existen formas particulares de violencia contra las mujeres que requieren una respuesta diferenciada.

De igual manera explicó que las reformas mantienen el elemento esencial del delito, pero fortalecen la respuesta penal mediante la incorporación de nuevas circunstancias agravantes y la creación de órganos jurisdiccionales especializados, cuya implementación contribuirá a una atención más adecuada de estos casos, y advirtió que una reforma legal, por sí sola, no erradicará la violencia de género.

"Puede fortalecer la protección jurídica, incrementar la respuesta del Estado y transmitir un mensaje de intolerancia frente al femicidio, pero una ley no elimina por sí misma la desigualdad estructural ni la violencia contra las mujeres", manifestó.

La conferencista recordó que Honduras continúa enfrentando cifras preocupantes de violencia contra las mujeres y que cada caso representa una vida perdida, una familia afectada y un desafío para las instituciones encargadas de garantizar justicia.

Al cierre del encuentro Almendárez sostuvo que además del endurecimiento de las sanciones, es indispensable impulsar políticas públicas de prevención que contribuyan a erradicar la violencia de género y eviten que más hondureñas pierdan la vida por su condición de mujeres.

En la misma línea el abogado Sergio Mejía, quien desarrolló el tema Dogmática funcionalista y política criminal en el contexto de los derechos fundamentales, afirmó que el aumento de las penas por sí solo no resolverá el problema mientras persistan altos niveles de impunidad, que en Honduras superan el 95 %.

El académico sostuvo que es urgente fortalecer la investigación criminal mediante mayor inversión en personal especializado, presupuesto y laboratorios forenses, de manera que el Ministerio Público cuente con el respaldo técnico-científico necesario para sustentar las acusaciones y garantizar una justicia más eficaz.

"La ciudadanía pide que ataquemos la criminalidad, pero la única estrategia que utilizamos es el aumento de la pena. No nos vamos a oponer, pero no es la única medida para perseguir a los criminales y tener una justicia eficaz y efectiva", concluyó el docente universitario.