Periodista: Elin Josué Rodríguez

Una investigación cuantitativa publicada en la revista internacional Frontiers in Sociology demuestra que la educación superior no garantiza el acceso al empleo formal si se es mujer, indígena o habitante de zonas rurales.

​Las barreras para ascender en la estructura social hondureña no dependen de un solo factor, sino de una compleja red de exclusiones donde el género, el origen étnico y el lugar donde se nace interactúan para limitar las oportunidades laborales, esta es la principal conclusión de un exhaustivo estudio sociológico liderado por investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

​El estudio, titulado "Etnicidad, género y clase social en Honduras: un análisis utilizando la encuesta permanente de hogares", analizó los datos de más de 41,000 trabajadores hondureños mediante modelos estadísticos avanzados. Los resultados desmitifican la idea de que el esfuerzo educativo individual es suficiente para romper las cadenas de la pobreza y la informalidad en el país. 

​La paradoja educativa de las mujeres

​Uno de los hallazgos más alarmantes del informe revela que las mujeres en Honduras, y de manera más acentuada las indígenas y afrodescendientes, se encuentran concentradas en el autoempleo urbano y en actividades de servicios precarios. Lo paradójico, según apuntan los autores, es que esta exclusión ocurre a pesar de que las mujeres alcanzan niveles educativos equivalentes o incluso superiores a los de los hombres. 

Una mujer lenca con telares propios de su etnia.

​El mercado laboral formal y protegido sigue mostrando un acceso restringido para ellas, lo que las obliga a refugiarse en la informalidad. No obstante, el estudio identifica dinámicas distintas según la etnia: mientras que las mujeres afrohondureñas tienden a insertarse en trabajos urbanos autónomos o no manuales, las mujeres indígenas quedan mayoritariamente relegadas a actividades agrícolas, domésticas o de subsistencia, muchas de las cuales ni siquiera aparecen de forma adecuada en las estadísticas oficiales del Estado. 

​La ruralidad como castigo estructural

​La investigación destaca que vivir en el campo en Honduras no representa simplemente una condición geográfica, sino un "eje estructural de desigualdad", las zonas rurales carecen de diversificación productiva y empleo formal, lo que condena históricamente a las poblaciones que las habitan. 

​El impacto es severo para los pueblos indígenas, debido al acceso limitado a la educación y a su alta concentración en zonas rurales, la probabilidad de que un ciudadano indígena termine trabajando en la agricultura de subsistencia o en el sector informal es críticamente elevada. Por el contrario, los entornos urbanos y la educación superior actúan como imanes que facilitan el acceso al empleo formal y de servicios, pero estos beneficios se distribuyen de manera profundamente desigual. 

​Políticas aisladas: una receta ineficaz

​El grupo de investigadores de la UNAH y de la Universidade Federal de Viçosa (Brasil) enfatiza que la estructura de clases en Honduras es "interseccional". Esto significa que la etnicidad, el género, el territorio y la educación se condicionan mutuamente; ningún factor opera solo. 

​Ante este escenario, la academia lanza una advertencia contundente a los tomadores de decisiones del Gobierno: las políticas públicas que abordan la educación, el empleo, el género o la etnicidad de forma aislada están destinadas al fracaso.

El estudio concluye que, para alterar las jerarquías de clase vigentes y avanzar hacia una sociedad más justa, el Estado hondureño debe diseñar intervenciones integrales que ataquen, al mismo tiempo, la discriminación racial, las brechas de género, las carencias del sistema educativo y el abandono histórico de las regiones rurales.

Los autores del artículo que ha sido publicado en cuartil 1 son: ​Sara Ney Simons, David Pineda Talavera, José Octavio Llopis Hernández, Kevin Alberto Cruz, Mario Enrique Pineda Talavera, Cristian Sierra Cáceres y Delmer Roberto Marcía Hernández, del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y Departamento de Trabajo Social de la Universidade Federal de Viçosa (Brasil).

Normativa inclusiva

Por problemas estructurales como estos, la Máxima Casa de Estudios, con el programa UNAH Virtual, pretende que los pueblos originarios y población rural tengan acceso a la educación superior de calidad, pero las políticas para la inserción laboral corresponden a los tomadores de decisiones. 

Asimismo, a mediados de 2025 entró en vigencia la Ley de Empleo Inclusivo que establece que las instituciones estatales y grandes empresas privadas deberán incorporar al menos un 5 % de personal perteneciente a los pueblos lenca, maya-chortí, tawahka, tolupán, chorotega, pech, miskito, nahua, garífuna y afrodescendientes de habla inglesa o creole.

Además, la ley amplía la inclusión a la representación en el servicio exterior, al ordenar que el Poder Ejecutivo y la Cancillería integren un mínimo del 5 % de personas de estos pueblos en cargos diplomáticos, bajo criterios de mérito, idoneidad y representatividad cultural.