Periodista: Yuri Vargas
La violencia y la criminalidad continúan marcando la vida cotidiana en Honduras, donde la población femenina sigue siendo uno de los sectores más vulnerables con un promedio de seis víctimas mortales al día.
Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), en lo que va del 2026 se registran al menos 84 muertes violentas de mujeres, muchas de ellas cometidas con evidentes niveles de crueldad.
Migdonia Ayestas, coordinadora de este ente adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), detalló que las hondureñas que corren mayor riesgo son las comprendidas entre los 14 y 29 años de edad, especialmente en municipios como el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Sulaco y Olanchito.
Asimismo alertó que el perfil más recurrente corresponde a mujeres solteras, amas de casa, estudiantes y comerciantes, y en cuanto a los escenarios donde ocurren los hechos, señaló que la mayoría se registra en la vía pública y en viviendas del área urbana.
Otro dato alarmante es que en aproximadamente el 70 % de los casos el instrumento de muerte es el arma de fuego y la forma en que se cometen estos crímenes refleja patrones de violencia estructural basados en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
“Los hombres enamoran, agreden y matan a las mujeres. Esta violencia está basada en el marco de relaciones desiguales de poder”, expresó Ayestas, quien señaló que muchas de estas conductas se sustentan en la creencia de que las mujeres son propiedad de los hombres y que estos pueden controlar sus cuerpos y sus vidas.
Ayestas explicó que estas prácticas responden a estructuras patriarcales históricas que han buscado someter, controlar y subordinarlas, situación que se agrava en contextos de impunidad y expansión del crimen organizado.
Ante este escenario, insistió en la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas enfocadas en prevención, transparencia institucional, investigación criminal y atención integral a las víctimas, además de impulsar reformas orientadas a mejorar los controles internos y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.
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