Periodista: Yuri Vargas

Mientras en diciembre de 1948 Costa Rica abolió su ejército y reasignó el presupuesto militar a educación y salud; con la reforma del artículo 274 de la Carta Magna en abril de 2014 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, en Honduras el Congreso Nacional elevó a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), otorgándole facultades de seguridad pública y combate al crimen bajo la estructura de las Fuerzas Armadas.

El contraste entre ambos modelos ha reavivado el debate sobre la posibilidad de una desmilitarización en Honduras inspirada en el caso costarricense. Al respecto Luca Pennisi, docente de Ciencias Políticas, en su artículo “Desmilitarización de Honduras al estilo costarricense: ¿un sueño posible?”, sostiene que la eliminación del ejército puede traducirse en fortalecimiento institucional, estabilidad democrática y mayor inversión social.

El análisis publicado en diciembre de 2025 por el Instituto de Investigación Jurídica (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el número 46 de la Revista de Derecho indica que Honduras ha seguido el camino contrario, incrementando progresivamente la participación militar en funciones de seguridad pública y en otros espacios de la vida estatal.

Según el autor, este fenómeno responde a contextos de violencia, crimen organizado y debilidad institucional que han llevado a distintos gobiernos a recurrir a las Fuerzas Armadas como mecanismo de control y respuesta inmediata.

El académico de la Alma Máter hondureña también advierte que la militarización de la seguridad pública puede generar riesgos para el Estado de derecho y los derechos humanos, especialmente cuando las funciones policiales y militares se confunden o se amplían más allá de sus competencias tradicionales.

En ese sentido, plantea que una eventual desmilitarización hondureña requeriría de profundas reformas institucionales, fortalecimiento de la Policía Nacional, mayor inversión en educación y programas de prevención de la violencia, ya que mientras Costa Rica consolidó tempranamente instituciones civiles fuertes y un sistema democrático estable, Honduras ha enfrentado históricamente crisis políticas, altos índices de violencia y una fuerte presencia militar en asuntos internos.

“Costa Rica representa un precedente muy importante, sobre todo para Honduras y la región centroamericana, porque tienen un pasado en común y por ende características históricas, sociales y culturales muy parecidas que nos permiten pensar que los cambios costarricenses puedan tomarse en cuenta para el contexto hondureño”, cita uno de los párrafos.

De acuerdo con el investigador, aunque teóricamente se trata de una reforma posible, para que pueda concretarse es necesario contar con la firme voluntad de los líderes en acuerdo con alguna instancia u organismo inter o supranacional que pueda fungir de garante de la defensa contra eventuales amenazas, pero no se trataría de una verdadera abolición del ejército, sino de una reconfiguración y reestructuración del mismo, con eventual cambio de nombre y de prácticas de capacitación y formación, para que el adiestramiento de los integrantes ya no sea de naturaleza militar, sino para que funjan como facilitadores en los procesos democráticos del país o gestionando la ayuda humanitaria y la protección civil en caso de necesidad.

Con base en lo anterior, el estudio concluye que, a pesar de los evidentes obstáculos, la desmilitarización no debe considerarse una utopía, sino una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de seguridad y democracia que el país desea construir en el futuro.

MB