Periodista: Yuri Vargas

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la delincuencia organizada transnacional como la actividad delictiva llevada a cabo por un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material, y que presenta carácter transnacional.

Mientras tanto, el artículo 3.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, establece que un delito sea considerado transnacional cuando se comete en más de un Estado; se prepara, planifica o controla en un Estado distinto a donde se ejecuta; el grupo organizado opera en más de un Estado o se comete en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro.

Al respecto, el artículo denominado "Delincuencia organizada transnacional, el fenómeno que amenaza a la humanidad"; de los investigadores Manuel Enrique Alvarado Casco e Hilsa Danely García Aguilar, destaca que los grupos delictivos organizados están cimentados en factores como la corrupción infiltrada en el sector público, la impunidad favorecida por la ausencia de mecanismos de justicia y la inequidad social que constituye el asidero para la transgresión de derechos humanos.

En dicha publicación, que forma parte del número 46 de la Revista de Derecho, presentada por el Instituto de Investigación Jurídica (IIJ-UNAH) en diciembre de 2025, los autores exponen que este fenómeno delictivo ha evolucionado de manera acelerada gracias a la globalización, el desarrollo tecnológico y la apertura de fronteras, factores que también han sido aprovechados por las estructuras criminales para ampliar sus operaciones y fortalecer sus redes internacionales.

Asimismo señalan que la delincuencia organizada transnacional no se limita al narcotráfico, sino que abarca actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico ilegal de armas, los delitos ambientales y los ciberdelitos, entre otros, y advierten que estas organizaciones poseen estructuras jerárquicas y altos niveles de planificación, lo que les permite infiltrarse en instituciones públicas y privadas, debilitando el Estado de derecho y afectando la gobernabilidad de los países.

Impacto humano detrás de las redes criminales

El artículo disponible en https://www.camjol.info/index.php/LRD/article/view/21569/26270 retoma datos de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), según los cuales durante 2021 se rescató, brindó protección y atención integral a 101 nuevas víctimas, de las cuales 81 fueron explotadas dentro del territorio nacional y 20 en el extranjero, y se mantuvo seguimiento a 193 víctimas rescatadas en períodos anteriores, alcanzando un total de 294 personas atendidas mediante asistencia psicológica, social y legal.

Los investigadores sostienen que estas cifras evidencian la magnitud de la delincuencia organizada transnacional y el impacto humano que genera, especialmente en sectores vulnerables como niñas, niños y mujeres, quienes con frecuencia son captados mediante engaños, falsas promesas de empleo y mecanismos de explotación vinculados al uso de tecnologías y redes sociales.

De igual forma, el artículo plantea que el combate de este fenómeno requiere cooperación internacional efectiva, fortalecimiento institucional y marcos jurídicos actualizados que permitan enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado.

La publicación también resalta la importancia de la Convención de Palermo como instrumento jurídico internacional para la prevención y combate de la delincuencia organizada transnacional, debido a que establece mecanismos de cooperación entre los Estados en materia de investigación, extradición, asistencia judicial y decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas.

“La violación al orden y a la seguridad jurídica hacen necesario el abordaje de instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,  con el propósito de crear un marco legal internacional regulatorio que sancione conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles del hombre en sociedad, aplicable y congruente con   las disposiciones que conforman el cuerpo normativo en cada país”, cita uno de los párrafos.

Según los autores, uno de los mayores desafíos para las naciones consiste en reducir los niveles de corrupción e impunidad que facilitan el crecimiento de estas estructuras criminales, así como impulsar políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades sociales que, en muchos contextos, favorecen la expansión de las redes delictivas.

La investigación concluye que la delincuencia organizada transnacional representa una amenaza directa para la paz, la seguridad y el desarrollo de los Estados, por lo que su abordaje demanda acciones integrales y coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil.