Por: Elin Josué Rodríguez 

Ante el prolongado impacto del fenómeno El Niño y la fuerte sequía que afecta a distintas zonas del país, más en encarecimiento de la canasta básica y de servicios y la disminución de la capacidad adquisitiva,  familias hondureñas, tanto del área rural como urbana, están comenzando a vender sus bienes y parte de su patrimonio familiar como una estrategia de subsistencia, alertó el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La coordinadora del Obsan, María Luisa Rodríguez, explicó que algunas familias se han visto obligadas a vender terrenos, aves de corral y ganado para obtener ingresos con los cuales cubrir sus necesidades de alimentación y otros servicios básicos.

“Esa es una de las consecuencias que están accediendo a sus bienes, a su patrimonio familiar para poder sobrevivir”, señaló Rodríguez, al advertir que esta situación refleja el nivel de vulnerabilidad al que están llegando los hogares afectados por la sequía.

El problema comienza en el campo, donde la pérdida de los cultivos de primera ha reducido la disponibilidad de alimentos y amenaza con disminuir la producción nacional, ante este escenario, el país podría verse obligado a incrementar la importación de granos básicos, verduras y otros productos para suplir la demanda interna.

Para Rodríguez, esta situación tendrá un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, debido a que una menor oferta de productos nacionales puede provocar un aumento de precios, a ello se suma la posibilidad de que los productos importados lleguen a los mercados con un mayor costo, reduciendo todavía más la capacidad adquisitiva de los hogares.

María Luisa Rodríguez, coordinadora del Obsan.

Conflictos sociales

La crisis incluso está generando disputas por los recursos disponibles, la coordinadora del Obsan relató que en algunos municipios donde las lluvias permitieron obtener pequeñas cosechas de maíz se han registrado robos, mientras que determinadas familias también han enfrentado conflictos por el acceso al agua de pozos.

“Se dan hasta pleitos”, explicó Rodríguez, al señalar que la escasez no solo compromete la alimentación, sino que también genera incertidumbre e inestabilidad emocional entre las personas afectadas.

Los efectos también alcanzan la salud, la especialista señaló un incremento de problemas emocionales y psicológicos, particularmente preocupante en las comunidades rurales, donde el acceso a servicios especializados es mucho más limitado que en las zonas urbanas.

Salud

A esta situación se suman problemas de salud asociados con las condiciones de vulnerabilidad, entre ellos casos de diarreas crónicas, especialmente entre niños menores de cinco años, mujeres en período de lactancia y adultos mayores.

El deterioro de los ingresos constituye otro de los factores que profundiza la crisis, Rodríguez recordó que la canasta básica alimentaria ya supera el valor de un salario mínimo y que una amplia mayoría de la población no cuenta con un ingreso mensual permanente.

Según los datos expuestos por la coordinadora del Obsan, únicamente alrededor del 22 % de la población recibe un ingreso mensual permanente, mientras que el 78 % restante enfrenta condiciones laborales más inestables, particularmente quienes dependen del sector informal o de actividades agrícolas.

En el área rural, la situación es todavía más compleja para quienes dependen de la agricultura o venden su fuerza de trabajo, pues la falta de lluvias impide cultivar a quienes poseen pequeñas parcelas y, al mismo tiempo, reduce las oportunidades laborales para quienes dependen del trabajo agrícola.

Subsistencia

Cuando los ingresos disminuyen y los alimentos se encarecen, las familias comienzan a modificar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que consumen, el resultado, advierte el Obsan, puede traducirse en un aumento de la desnutrición, principalmente entre niños y adultos mayores.

La dimensión del problema alcanza a más de 800 mil hogares distribuidos en 103 municipios de ocho departamentos. De acuerdo con los datos presentados por Rodríguez, 327,201 hogares corresponden al área rural y 488,324 al área urbana.

En conjunto, estas cifras evidencian la magnitud de una crisis que ya afecta a aproximadamente 1.8 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria y nutricional y que no tienen garantizados sus tres tiempos de comida.

Para el Obsan, las consecuencias podrían agravarse durante los próximos meses, si la sequía persiste hasta el cierre de 2026 y se prolonga durante 2027, aumentará la población en inseguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que más familias podrían verse obligadas a sacrificar sus bienes, reducir la calidad de su alimentación o recurrir a otras estrategias para poder sobrevivir.

La venta del patrimonio familiar, en este contexto, deja de ser una decisión económica y se convierte en una señal de alarma; hogares que durante años construyeron sus pequeños activos ahora están desprendiéndose de ellos para garantizar algo tan básico como la alimentación.