Por: Kelssin Vásquez 

Uno de los impactos económicos más trascendentes que generará la expiración de la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) es el retorno forzado de miles de hondureños a su país y una merma sostenida de los flujos de las remesas familiares que a diciembre de 2025 ascendió a 12,212 millones de dólares. La Corte Federal de Apelaciones en San Francisco (Noveno Circuito) ha concedido una suspensión provisional (stay) a la decisión de una jueza de distrito que había bloqueado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Al respecto César Castillo, quien es el coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresó en un foro transmitido en un canal de televisión: “Tenemos entre 55 y 60 mil personas bajo TPS, pero más de medio millón sin ningún estatus migratorio. La política migratoria no se va a suavizar. Se están eliminando incluso derechos adquiridos como la ciudadanía por nacimiento”.

La situación es extremadamente difícil, continuó, "porque hay personas que no salen a trabajar ni llevan a sus hijos a la escuela por miedo a ser capturados. También están los retornados: personas con 20 o 25 años en Estados Unidos, adultos mayores, enfermos, que regresan a comunidades donde ya no tienen redes familiares ni acceso a salud.

De manera histórica, antes se deportaba desde Estados Unidos a quienes eran capturados en tránsito; sin embargo, ahora se deporta a personas con décadas de residencia. Esto genera separación familiar dentro de la unión americana.

Por otra parte, el impacto psicológico es enorme, porque a corto plazo pueden aumentar las remesas, pero a largo plazo disminuirán. Honduras sigue siendo el país expulsor. No hay condiciones para la reinserción.

Mientras no se mejoren las condiciones estructurales -seguridad, empleo, combate a la extorsión- la migración continuará. Invertir en Honduras sigue siendo riesgoso por la criminalidad y la corrupción institucional.

Según datos oficiales, las remesas familiares desde Estados Unidos y España son la principal fuente de ingresos que recibe el país y se han convertido en el soporte para mantener la estabilidad del lempira frente al dólar en el ámbito macroeconómico y en el soporte financiero de miles de familias que reciben las transferencias económicas para la alimentación, consumo y salud, entre otros gastos e inversiones.

¿Todo está perdido? A criterio de Castillo y desde el punto de vista legal, aún hay esperanza. Las demandas continuarán. La política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido restrictiva; lo que cambia ahora es el discurso: se criminaliza al migrante y se le asocia directamente con delincuencia. Es notorio que Estados Unidos expulsa mano de obra que necesita, pero abre procesos para atraer trabajadores más calificados. Es una política de control total de la migración.

No obstante, se presentan una serie de interrogantes, muchas de ellas aún sin responder para los hondureños que se encuentran en Estados Unidos y los que iniciaron una solicitud de asilo. ¿Qué le pasará a los que abandonen el proceso o a quienes se les niegue el asilo?, ¿se quedarán en Honduras? Y es que los acuerdos de “tercer país seguro” ahora cambian de lógica: personas que solicitaron asilo en Estados Unidos pueden ser transferidas a Honduras mientras esperan resolución, sin que el país tenga capacidad logística, económica ni de seguridad para recibirlas.

Trágico inicio

A finales de octubre de 1998, miles de personas fallecieron o simplemente desaparecieron debido al poderoso paso por el territorio nacional del huracán Mitch, que en su tránsito también dejó miles de millones de dólares en pérdidas económicas por destrucción de infraestructura pública y privada, así como de unidades productivas e industriales en los cuatro puntos cardinales de Honduras.

Castillo recordó que esta fue una de las principales razones por la cuales se incrementó de manera significativa y sostenida el flujo migratorio de personas hacia Estados Unidos, país que brindó el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS) a centroamericanos afectados por el meteoro tropical.

“El TPS es temporal. De hecho, el gobierno de Estados Unidos planteó que las condiciones que obligaron a estas personas a migrar en 1999 ya no existían, lo cual tampoco fue cierto. Nunca se consideraron otras condiciones estructurales que seguían obligando a la población a migrar”, recordó Castillo, quien agregó que Honduras también enfrentó otros desastres naturales en décadas posteriores.

En este sentido, el TPS se fue prorrogando durante muchos años, pero en el segundo mandato del gobierno de Donald Trump se decide cancelar el estatus para la mayoría de países. En este gobierno no se ha ampliado ningún TPS. El caso de El Salvador fue una ampliación previa al gobierno de Trump. Todo esto debe verse enmarcado en una política antiinmigrante que fue promesa de campaña: expulsar a la mayor parte de la población en condición irregular.

¿Qué pasó luego? El TPS se cancela en julio de 2025 y se otorgan 60 días para que los hondureños abandonen Estados Unidos, bajo amenazas de multas, capturas y confiscación de bienes. Posteriormente, asociaciones tepesianas interponen demandas judiciales. Se logra una suspensión temporal, luego el gobierno apela y finalmente, el 31 de diciembre de 2025, se deja en suspenso la cancelación. Sin embargo, el gobierno vuelve a apelar y gana, permitiendo continuar la cancelación del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepaleses.

“Este proceso judicial ha generado un desgaste enorme. Cada vez que se gana una apelación se cancelan permisos de trabajo, lo que pone a las personas en alto riesgo”, advirtió el académico.