Periodista: Elin Josué Rodríguez

Llenar el tanque de combustible en Honduras se ha convertido en un reflejo directo de las tensiones globales y de las decisiones fiscales internas, con el galón de la gasolina superior rondando los L 134.07 y el diésel cerca de 128.42 lempiras, el impacto trasciende las estaciones de servicio: golpea el bolsillo de los hogares, presiona la inflación y amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria.

Detrás de cada galón existe una compleja estructura de precios regulada por la Secretaría de Energía (Sen) y el Congreso Nacional. El Sistema de Precios de Paridad de Importación (PPI) -que representa entre el 64% y el 84% del costo final- está marcado por factores internacionales como el alza del petróleo, que ha superado los 110 dólares por barril, a esto se suma la carga tributaria y los márgenes de comercialización, configurando un esquema que deja poco margen de maniobra frente a choques externos.

Impuestos

Uno de los componentes más sensibles es el Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), creado mediante el Decreto 131-98 y reformado en 2022 para reducir el impacto inflacionario, actualmente, los impuestos representan hasta el 22.63% del precio de la gasolina superior, (unos 30.32 lempiras por galón), mientras que el diésel mantiene una carga menor (12.54%), (que representa unos 16.10 lempiras por galón) para proteger sectores productivos clave.

Márgenes regulados

La cadena de comercialización también está regulada, las estaciones de servicio reciben entre L 6.07 y L 8.38 por galón, mientras que los mayoristas obtienen entre L 1.55 y L 3.21. El transporte terrestre agrega alrededor de L 1.53.

Estos valores son definidos por el Estado, lo que convierte al mercado en un sistema parcialmente controlado.

Aun así, el encarecimiento internacional ha obligado al Estado a intervenir, mediante subsidios aprobados en decretos ejecutivos recientes, el gobierno ha absorbido hasta el 50% de los incrementos en la gasolina regular y el diésel, en el caso del gas LPG doméstico, el congelamiento de precios ha significado un gasto estatal superior a los 3,000 millones de lempiras anuales.

Infografía realizada con IA.

Inflación en ascenso y menor poder adquisitivo

Para el economista Sergio Zepeda, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el panorama es claro: el aumento de los combustibles se traducirá en una presión inflacionaria sostenida.

“Esperaríamos que la inflación vaya en ascenso, como ocurrió en 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania”, advierte, según explica, el encarecimiento del petróleo no solo impacta el transporte, sino también la generación de energía eléctrica, en un país cuya matriz depende en gran medida de combustibles fósiles.

El efecto es en cadena: mayores costos de producción, incremento en bienes y servicios y una reducción directa del poder adquisitivo “entre más aumente la inflación, menor es la capacidad de compra de los hogares”, subraya Zepeda, quien además alerta sobre un factor adicional: la especulación en los precios, que acelera el encarecimiento de la canasta básica incluso más allá del impacto real del combustible.

El experto también señala que Honduras enfrenta una “inflación importada”, derivada de su dependencia de materias primas y combustibles del exterior. En 2022, este componente llegó a representar más del 50 % de la inflación en algunos meses, y podría volver a tener un peso significativo en 2026.

El impacto directo en la alimentación

Las consecuencias no se limitan al ámbito macroeconómico. Desde el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan), su coordinadora, María Luisa García, advierte que el alza en los combustibles está profundizando una crisis social ya existente.

Actualmente, 1.8 millones de hondureños viven en inseguridad alimentaria, cifra que podría aumentar a 2.2 millones al cierre de 2026, es decir, casi medio millón de personas más podrían enfrentar dificultades para acceder a los tres tiempos de comida diarios.

“El incremento en los carburantes se traduce en aumentos en los 30 productos de la canasta básica alimentaria”, explica García; estos precios fluctúan constantemente y afectan directamente a los hogares, que ya destinan más del 50 % de sus ingresos únicamente a la compra de alimentos.

Esta situación obliga a muchas familias a sacrificar gastos en salud y educación, debilitando aún más sus condiciones de vida, “el principal problema no es solo la disponibilidad de alimentos, sino el acceso, el poder adquisitivo”, enfatiza.

Fragilidad

El panorama se complica aún más con factores como el cambio climático, que amenaza la producción agrícola, y la dependencia de insumos importados como fertilizantes, sequías o inundaciones, que podrían reducir la oferta de alimentos, encareciéndolos aún más.

Frente a este escenario, las soluciones no son simples: mientras el subsidio a los combustibles se mantiene como la principal herramienta de contención, expertos advierten sobre su costo fiscal y la necesidad de explorar alternativas que no comprometan la estabilidad económica ni generen desabastecimiento.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento del agro, la generación de empleo y la revisión de políticas fiscales que incentiven la inversión; de lo contrario, el país podría enfrentar una crisis más profunda.

En Honduras, el precio del combustible no solo mide el costo de la energía, sino también la capacidad del Estado para equilibrar sus finanzas, proteger a la población y responder a un entorno internacional cada vez más incierto, mientras el galón sube, la presión sobre la economía y los hogares no da señales de detenerse.