Las personas con discapacidad a través de la historia han sido excluidas y marginadas, enfrentando barreras en el libre acceso a la educación, empleo, protección social, salud, medios de transporte y de información. Actualmente, estas personas tienen derecho a una educación integral en espacios con adecuada accesibilidad.

El artículo científico “Inclusión educativa del alumnado en situación de discapacidad en la educación superior: una revisión sistemática”, trabajado por Eddy Paz Maldonado, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y publicado en la revista científica Teoría de la Educación, mediante un análisis de 22 estudios empíricos sobre la situación de discapacidad en la educación superior, concluyó que existen muchas barreras en las instituciones centradas en el déficit, la falta de protocolos y competencias docentes, agregado a un acceso universal arquitectónico limitado.

Según la investigación, los centros universitarios deben mejorar la accesibilidad, implementar estrategias de actualización docente, crear políticas públicas, diseñar programas de atención y articular las instancias universitarias responsables de apoyar a este alumnado.

“En conclusión, se deben realizar cambios significativos en los espacios de aprendizaje desde una perspectiva que evite el paternalismo y promueva la autodeterminación en todas las carreras que se imparten en la formación universitaria”, determinó la investigación.

Los resultados del trabajo se organizaron en cuatro secciones, el número, género y edad de los participantes; el tipo de discapacidad y las carreras que cursan; los obstáculos que enfrentan las universidades para propiciar espacios educativos inclusivos y finalmente los desafíos para generar la inclusión educativa en los establecimientos de enseñanza superior.

La investigación resaltó que las evidencias científicas afirman una prevalencia de alumnado en situación de discapacidad física, psíquica, visual y auditiva en universidades de Europa y América Latina.

“Los programas de profesionalización docente de las instituciones de formación universitaria deben impulsar el desarrollo de competencias en el profesorado que permitan la promoción de cambios significativos en los espacios de aprendizaje, desde una perspectiva que evite el paternalismo, reconozca la autonomía, posibilite nuevas formas de inclusión educativa y estimule la autodeterminación del estudiantado para el logro de objetivos personales y educacionales”, expuso el investigador.

Obstáculos que enfrentan las universidades para propiciar espacios educativos inclusivos

Existen múltiples obstáculos a la hora de propiciar espacios educativos inclusivos, ya que la temática de discapacidad se sigue viendo desde el paradigma del médico-rehabilitador-asistencialista, causando que las personas los estigmaticen.

Ante estos panoramas, se debe fortalecer al apoyo a estos grupos en condición de vulnerabilidad en la accesibilidad universitaria, donde una de las mayores barreras se encuentra en el acceso universal arquitectónico de los campus educativos donde no hay condiciones de infraestructura, hay inexistencia o incumplimiento de las normativas y comportamientos en el contexto universitario. De esa forma se propone a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como una herramienta que evitará la exclusión de este estudiantado. 

Por otro lado, hay profesores que no implementan las acciones educativas inclusivas manifestando la falta de competencias y apoyos. Los estudiantes con discapacidad auditiva muchas veces carecen de intérpretes o profesores que manejen la lengua de señas. Ante esto, las instituciones deben implementar lineamientos institucionales sobre la inclusión de estos grupos y capacitar a las personas de las instituciones para implementar los procesos inclusivos.

“Es esencial favorecer las actitudes individuales proactivas frente a la discapacidad y la instauración de políticas públicas inclusivas en los diversos niveles educativos. La familia realiza un papel trascendental en la generación de valores inclusivos y la sensibilización”, detalló la investigación.

Entre los elementos para generar una inclusión en la educación superior destacan:

Propiciar condiciones para que los establecimientos de enseñanza superior sean accesibles para los estudiantes con algún tipo de discapacidad.

Crear estrategias institucionales con una visión de derechos humanos para tomar en cuenta a estos colectivos.

Preparar al profesorado para atender a estos estudiantes mediante programas de profesionalización docente.

Los centros de enseñanza deben implementar estrategias de actualización en el tema de discapacidad para el personal docente. Se debe transformar la formación tradicional con adecuaciones curriculares para superar la exclusión.

Las TICS y el diseño de guías de buenas prácticas superará las barreras físicas, temporales o de capacidades cognitivas.

Instituciones como el Estado tendrán que implementar acciones y crear una política pública inclusiva para este alumnado. Asimismo, se tienen que impulsar transformaciones culturales y desarrollar políticas de admisión, protocolos que establezcan buenas prácticas y realización de adecuaciones curriculares.

“Las alianzas estratégicas entre las instituciones de educación secundaria y universitaria fortalecerán el ingreso de este estudiantado y eliminarán las barreras de la transición de un nivel a otro mediante un plan individualizado de orientación y acompañamiento”, se recomendó en el artículo.

En Latinoamérica muy pocas instituciones han trabajado en la creación de programas de atención y políticas educativas inclusivas para este colectivo, siendo Chile el país con mayor interés en ello.

“Las transformaciones personales del profesorado constituyen uno de los más importantes elementos para tomar en consideración para eliminar los estigmas y la discriminación que por años ha limitado el desarrollo integral de los seres humanos en situación de discapacidad. Se demanda la implementación de una serie de mecanismos que permitan concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de generar espacios educativos inclusivos y reconocer a este y a otros grupos que han sido marginados socialmente con el paso del tiempo”, detalló el artículo.

Metodología

El artículo se desarrolló mediante revisiones sistemáticas con base en elementos cuantitativos y cualitativos de trabajos publicados del 1 de enero de 2012 al 1 de agosto de 2019 citados en Scopus y SciELO. Como motores de búsqueda se utilizaron los términos: inclusión, estudiantes, discapacidad y educación superior, en español para scIELO y en inglés para Scopus.

Los criterios de inclusión y exclusión eran: que fuera un artículo empírico, que fuera una investigación realizada en la educación superior, investigación vinculada a la educación y ciencias sociales, que cumplieran con los años de publicación, que fueran en el idioma español, que no fuesen revisiones, ensayos, libros ni capítulos de libros. De cada estudio se analizó la cantidad de participantes, el género, la edad, las discapacidades y las carreras a que pertenecen.

La mayor parte de los trabajos revisados eran de España (9), Chile (5), México (3), Costa Rica (2), Venezuela (1), Argentina (1) e Italia (1). 13 publicaciones usaron una metodología cualitativa y en seis no se reportó el aspecto metodológico. Dos se realizaron bajo un enfoque mixto, y en una el método cuantitativo. Siete estaban indexadas en ScIELO y quince en Scopus.

Doce investigaciones tuvieron una muestra menor de 50 personas, producto del uso de la metodología cualitativa o mixta. Por otro lado, dos de ellas tenían una muestra menor a las 109 personas. En la primera se validó el cuestionario CUNIDIS, una versión adaptada y en la segunda participaron estudiantes de seis universidades públicas de España.

Cinco artículos tenían una muestra igual o menor a 500 participantes. Un trabajo tuvo una muestra oscilando entre 500 a 1000 personas y solo dos investigaciones superaron los 1,000 participantes. En el primero se identificaron actitudes hacia los educandos en situación de discapacidad por parte del profesorado y el estudiantado, que también se validó mediante la Escala CUNIDIS. En el segundo de dio a conocer la opinión del alumnado y profesores en relación con la atención a la diversidad usando un instrumento Diver-Form, un cuestionario sobre diversidad y formación universitaria.

En el estudio Novo-Corti y Muñoz-Cantero (2012) se consultó a universitarias(os) sin discapacidad de 18 a 27 años mientras que Alba y Zubillaga (2012) desarrollaron su trabajo con alumnado en situación de discapacidad entre los 18 y 54 años. En cinco investigaciones se contó con una edad inicial de 19 años. Figuera y Coiduras (2013) contaron con participantes también en situación de discapacidad de 19 a más de 30 años. Luque de la Rosa y Gutiérrez Cáceres (2014) utilizaron un rango de 19 a 26 años, Díaz Gandasegui y Funes Lapponi (2016) contaron con jóvenes de 19 a 33 años también en situación de discapacidad. Villafañe et al. (2016) lograron contar con estudiantes en situación de discapacidad de 19 a 40 años, profesores, autoridades y personal administrativo.

Moriña y Melero (2016) realizaron un artículo biográfico-narrativo solo con alumnado de 19 a 59 años en situación de discapacidad. Cabe destacar que todos los artículos tratan de abordar la inclusión del estudiantado en situación de discapacidad desde diversos puntos de vista.

“Cruz-Vadillo (2016) reportó que el estudiantado presentaba discapacidad física, visual y auditiva, pero no especificó las carreras que cursaban estos. Tenorio Eitel y Ramírez-Burgos (2016) investigaron a universitarios en situación de discapacidad sensorial, auditiva y visual, sin reportar los estudios en los que estaban inscritos. Mainardi-Remis (2018) trabajó con alumnado en situación de discapacidad visual, física, auditiva, intelectual y enfermedades incapacitantes sin mencionar las carreras de ellos”, se detalló en el artículo, haciendo hincapié en las particularidades de las 22 investigaciones.

Contexto

El término “diversidad funcional”, está ligado con la bioética y los derechos humanos en busca de garantizar la dignidad de las personas, y gira alrededor de que estas no presentan limitaciones, sino que sufren de marginación e injusticia producto de su condición.

El término inclusión educativa en contextos educativos comienza en los años 80 en Europa y Estados Unidos, concepto que plantea los múltiples desafíos para el desarrollo de procesos inclusivos en la enseñanza que sean accesibles para todo el alumnado.

“A nivel internacional, alcanzó consenso a partir de la promulgación de la convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad emitida en el año 2006 (Fajardo, 2017). Dicho acuerdo señala que el Estado garantizará el acceso general a la educación superior, en igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación hacia este colectivo (ONU, 2006)”, se expuso en el texto.

Cabe señalar que la inclusión en la enseñanza inicialmente fue definida como “el restablecimiento de oportunidades para el estudiantado con necesidades especiales”, luego fue aplicado a grupos sociales aislados por su condición de pobreza, género, cultura, y problemas de adaptación social. Hoy en día este concepto busca disminuir las brechas de desigualdad y opresión.

La Unesco ha sido uno de los organismos que a través de declaraciones, conferencias e informes ha trabajado en la inclusión educativa en personas en situación de discapacidad. Otros países han incorporado los planes de educación individual para apoyar la inclusión.

La inclusión de la enseñanza primero se entendió como el restablecimiento de oportunidades para los estudiantes con necesidades especiales, luego alcanzó a grupos sociales que han sido aislados ya sea culturalmente, por género y pobreza; actualmente busca disminuir las brechas de desigualdad y opresión en base a un sistema educativo guiado por la igualdad, la participación y la no discriminación.

De forma positiva la inclusión en la enseñanza en Latinoamérica ha agarrado fuerza a través de la promulgación de la convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad emitida en el año 2006, mismo que señala que el estado debe garantiza el acceso general la educación superior, en igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación hacia este grupo.

Según la investigación, es de suma importancia que el profesorado se prepare sobre la inclusión del estudiantado y que se impulse la equidad a nivel social y formativa.

Entre algunos de los obstáculos que enfrentan los individuos en situación de discapacidad es que si no cuentan con formación profesional se limitan a su desempeño laboral, así como la falta de políticas públicas inclusivas en los países, por lo que se debe trabajar en universidades participativas, flexibles y democráticas donde puedan converger las distintas ideas religiosas, sociales e ideológicas.

“El proteccionismo o la ayuda excesiva, así como el asistencialismo, son actitudes que tienden a desvalorizar las capacidades de los individuos en esta situación. Las barreras mentales y físicas presentes de forma visible e invisible en muchos seres humanos son parte de las dificultades para aceptar la discapacidad. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que existe hoy en día en la sociedad es reconocer la autonomía de estas personas”, se expuso en la investigación.

En el espacio Investigación Científica para Todos, que se transmite todos los miércoles a las 2:00 PM vía Facebook Live en las páginas oficiales de UNAH y Presencia Universitaria, Eddy-Paz Maldonado expuso sobre la metodología y hallazgos de la investigación.

Si quiere escuchar la entrevista haga clic en el siguiente enlace https://www.facebook.com/PresenciaUNAH/videos/333233254386809