Periodista Esdras Díaz, Presencia Universitaria
Uno de los grandes problemas que afronta el país desde hace décadas es el incesante aumento de hondureños que deciden abandonar el territorio nacional en condición irregular, sobre todo hacia Estados Unidos; en esta ruta miles de compatriotas se ven expuestos a múltiples riesgos producto de un viaje que atraviesa dos países que también presentan complejidades.
Muchos de ellos perecen en el camino, enlutando a familias hondureñas año con año; en ese contexto, desde el año 2015 hasta el 2023 el gobierno hondureño ha recibido un promedio de 25 solicitudes mensuales de repatriaciones de cuerpos, esto según los datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) y el último Boletín Informativo del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras.
En un trayecto de miles de kilómetros muchos de ellos fallecen por causas naturales como el ahogamiento o producto de la violencia por el crimen organizado; en el período 2015-2022 se registraron 2,430 solicitudes de asistencia a hondureños fallecidos, estimando un promedio de 304 solicitudes anuales.
Las cifras arrojan también que la mayor incidencia de cuerpos repatriados corresponde a los departamentos de Atlántida, Cortés, Francisco Morazán y Yoro. Con relación al género de esta población, históricamente se han registrado más repatriaciones de hombres.
Según la legislación hondureña, el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional (SRECI), es responsable de la repatriación de hondureños ya fallecidos, en respuesta a la petición de los familiares.
En materia legal se cuenta con herramientas para la repatriación de estas víctimas, entre ellas la Ley de Migración y Extranjería, así como la Ley de Protección a Hondureños Migrantes y sus Familiares y su Reglamento, dicha normativa con el objetivo de definir los procedimientos y delimitación de la ayuda monetaria a través de un fondo de solidaridad y protección al migrante.
Esta misma manda al Gobierno de Honduras a cubrir hasta el 90% de los gastos para repatriar un cadáver, en casos de ser requeridos, así como su respectiva asistencia legal.
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