Periodista Nadia Mendoza, Presencia Universitaria

De manera reciente se envió al Congreso Nacional la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, iniciativa que ha generado un clima antagonista entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Gobierno, y ante esta polémica, académicos de la Máxima Casa de Estudios aseguran que la propuesta puede ser beneficiosa, el problema es la falta de información que genera incertidumbre. 

Para Sammy Castro, doctor en Economía y catedrático universitario, con esta propuesta se buscan corregir procesos a través de los que se han cometido abusos, se elimina la corrupción y se implementa la justicia tributaria, evitando que utilicen los regímenes fiscales para beneficios personales mediante la evasión.

“La propuesta de ley tiene enfoques de beneficio claros para la población en general, que se obtendrán a través de las corrección de algunos beneficios que fueron otorgados con propósitos específicos y que no han cumplido, los resultados no han sido los esperados, se han cometido abusos a juicio de los funcionarios del SAR y Sefin”, expresó.

Amplió que con la ley se pretenden eliminar privilegios y/o procesos orientados a beneficiar puntualmente a grupos o sectores que nunca han mostrado evidencia de cumplir su papel de generar empleo y crecimiento económico.

Respecto a la socialización de la misma, el docente mencionó que según los reportes del Gobierno esta se ha dado a conocer con todos los sectores, y aclaró que la socialización no debe entenderse como el proceso de modificar o eliminar el objetivo principal de la ley.

“Socializar es dar a conocer todos los beneficios y que los sectores aporten insumos para que pueda fortalecerse y, en la medida de lo posible, que con su aplicación se alcancen los beneficios para todos”, expresó.

Por su parte, el jefe de la Carrera de Economía, Henry Rodríguez, opinó que el problema entorno a la propuesta de ley se debe a la falta de información clara que explique de manera concreta cuáles serán los beneficios de la misma.

” Si el gobierno, de manera clara y transparente, dice ‘voy a quitar esta reforma que nos da tanto y nos va a aportar más beneficios de los que tenemos’, tendríamos más claridad, pero solo se habla de eliminar regímenes sin saber cómo quedará el país, generando incertidumbre”, manifestó.

Recalcó que, si bien, la propuesta ha sido socializada, lo que se percibe es una imposición más allá de convencer a las personas con datos concretos los beneficios que traerá esta ley.

Por otro lado, aclaró que, de aprobarse la normativa, esta se implementará de manera gradual. “Si una empresa ya tiene concesiones y beneficios otorgados por decreto para los próximos 15 años, se le van a respetar, y en la medida que se vaya cumpliendo el plazo para cada una de ellas, se va a hacer una revisión y si está cumpliendo con las metas, va a seguir, si no está cumpliendo se los van a quitar”, explicó.   

Recordó que desde la Academia han propuesto una reforma integral, es decir, más profunda, que involucre a todos los sectores de la sociedad para definir los problemas del país de manera consensuada.

“Hemos venido proponiendo, no desde ahora, sino que desde antes que llegara este gobierno, una reforma fiscal integral, o sea lo que nosotros proponemos es una reforma más grande que lo que están proponiendo ahora, solo así vamos a avanzar”. indicó.