La Junta Directiva en Representación del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a la sociedad hondureña envía la presente carta pública con relación al proceso de selección de los y las candidatas para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto.

En principio, tenemos que establecer que el pueblo hondureño requiere de instituciones fuertes y consolidadas, las que deben estar rectoradas por personas que además de capacidad, posean los atributos de independencia y honorabilidad, con una sólida formación jurídica, ética y moral, comprometidas con el bien común, el interés público y un garante del respeto a los derechos humanos.

En este contexto, el Ministerio Público, como institución encargada por rango constitucional (artículos 232 y 233) para defender y representar los intereses de la sociedad de manera independiente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia político-sectaria, le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, por lo que su titularidad debe recaer en profesionales con un perfil idóneo de amplia y reconocida trayectoria profesional.

La importancia del Ministerio Público para la vigencia plena del Estado de Derecho es trascendental, puesto que sin Estado de Derecho no son posibles: ni el respeto al principio de legalidad, ni la Democracia ni los derechos y libertades fundamentales del ser humano.

Bajo estas premisa, el Ministerio Público debe generar en la sociedad una expectativa de transparencia y eficacia en la aplicación de la ley, descartando las distorsiones y selectividad en la aplicación de esta, asegurando su aplicación sin distinciones de ningún tipo. Su deber es promover una cultura de la legalidad, definiendo una política de persecución penal eficaz que constituya un límite a los espacios de la Criminalidad Organizada, así como de cualquier otra manifestación delictiva que lesione los intereses de la sociedad; sin convertirse en un acusador a ultranza, ni buscar popularidad en sus acciones, pues también debe someter sus actuaciones al principio de objetividad para garantizar una aplicación decidida, pero a la vez justa y ecuánime de la ley penal.

De esta manera, vislumbrando la importancia del proceso de selección que lleva a cabo la Junta Proponente, queremos dejar sentado nuestro apoyo al proceso, a la vez de reconocer a las distintas organizaciones de la sociedad civil, su permanente veeduría para que el proceso esté enmarcado en la transparencia y de la legalidad.

El Claustro de Profesores, sabe de la gran responsabilidad de la Junta Proponente, de enviar los y las candidatas idóneas para el cargo, puesto que de ello depende la escogencia del próximo (a) fiscal general y adjunto, que restablezca la confianza en la institución y sobre todo, que sea salvaguarda de los intereses de la sociedad.

Como ciudadanos de este país, también nos dirigimos al Congreso Nacional para demandar transparencia y buen criterio en el proceso de selección del fiscal general y adjunto. Consideramos que es fundamental que se eviten los intereses de grupo y políticos-partidistas que puedan afectar la independencia y la imparcialidad de la justicia.

Dado en la ciudad universitaria, 25 de julio de 2023.