Periodista Cristina Canahuati, Presencia Universitaria

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, según análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), publicado por Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizado desde el 22 de diciembre de 2022 a agosto del 2023, Honduras tiene 2.4 millones de personas en crisis o emergencia de seguridad alimentaria aguda en un período estacional de junio a agosto de 2023.

Los efectos globales de la inflación que repercuten en el incremento de precios de combustible e insumos de producción, el incremento de precios de la canasta básica alimentaria; inundaciones por tormentas tropicales que afectaron el año pasado, reducción de las áreas de siembra de maíz y frijol debido a los altos costos de producción, la pobreza multidimensional subyacente y la reducción en el precio de venta del café, agregado a los precios de insumos agrícolas que han incrementado, causan un déficit económico en los hogares productores.

Este informe indica en su clasificación por fases que existen 352,000 personas en emergencia, lo que equivale aproximadamente a 90,000 hogares y que se encuentra en la coloración de alerta roja y 2.07 millones en crisis, es decir más de 530,000 hogares.

Las estadísticas indican que la inflación de los alimentos a lo largo del 2022 y lo que va de 2023 han sido las más altas en la última década, registrando porcentajes que superan el 16% en semestre anterior, a ello se le han agregado los precios de los combustibles y los insumos de producción que se han mantenido superiores al promedio en los últimos 5 años.

Las personas en condiciones de emergencia alimentaria aguda (fase 4 de la CIF) son alrededor de 311 mil (3% de la población analizada). Las personas en condiciones de crisis alimentaria (fase 3 de la CIF) son alrededor de 1.9 millones, equivalente al 20% de la población.

La mayor magnitud de la condición de crisis o emergencia alimentaria (fase 3 o superior de la CIF) ocurre en el Distrito Central en el departamento de Francisco Morazán, con alrededor de 278 mil personas, la cual equivale al 21% de su población total.

Fase 4

Tienen brechas de consumo de alimentos principales que se reflejan en desnutrición aguda muy alta y exceso de mortalidad, para mitigar dichas brechas de consumo de alimentos las cuales únicamente se pueden realizar mediante estrategias de afrontamiento de emergencia y liquidación de sus activos.

Fase 3

Tienen brechas de consumo de alimentos que se reflejan en desnutrición aguda alta o peor de lo usual; son marginalmente capaces de satisfacer sus necesidades alimentarias, pero únicamente hasta agotar activos esenciales de medios de vida o mediante estrategias de afrontamiento de crisis.

Los factores de riesgo a monitorear en el caso de inseguridad alimentaria son la variación en los productos de la canasta básica alimentaria y otros insumos de uso cotidiano principalmente en aquellos lugares identificados como los de mayor alza de precios, entre otros.

El informe sugiere que debe realizarse la preparación de un plan de respuesta inmediata interinstitucional y multisectorial, siguiendo los protocolos para atender la población en crisis o emergencia (Fase 3 o superior de la CIF), con acciones diferenciadas para reducir brechas de consumo de alimentos, recuperación y protección de medios de vida.

Y por último, realizar la focalización de población en situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria aguda a nivel municipal y departamental, que cumple con características como el agotamiento de sus reservas y empleo de estrategias de crisis o emergencia, entre otras estrategias.