Periodista Elin Rodríguez, Presencia Universitaria

Bajo las figuras delictivas Crimen organizado, Asociación para delinquir y Abuso de autoridad, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el juez ejecutor de la causa Sidunah (Sindicato de Docentes de la UNAH), por la sustracción de 113 millones de lempiras de las cuentas de la Máxima Casa de Estudios y la pretensión de 33 millones más.

El rector fue recibido por el fiscal general, Johel Zelaya, con quien trató diversos temas, entre los cuales se determinó el trabajo en conjunto de los equipos legales en diferentes acciones, incluyendo el caso Sidunah, organización que, mediante abuso de poder y exceso de atribuciones de juez ejecutor, perjudicó el patrimonio de la UNAH.

La referida agrupación sindical que se adjudicó la membresía sin autorización de sus supuestos miembros, apenas cuenta con una membresía de 80 docentes, pero exigió la cuota sindical de la totalidad de la planta docente (unos 3,000) de la Máxima Casa de Estudios, realizando tres embargos entre 2019 y 2020; dos de 40 millones y uno de 33 millones, sumando un total de 113 millones.

“Este es un robo, hurto, apropiación indebida descarada que hoy se está haciendo en contra de las finanzas públicas de la Universidad, lo mencioné al fiscal general de que en el pasado nos llegaron a sacar más de 113 millones de lempiras y hoy están procediendo a sacarnos 33 millones de lempiras en contubernio con el juez ejecutor”, denunció el académico.

Fernández dejó claro que la UNAH reconoce como organización sindical de base al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), por lo que mensualmente se hace la retención.

“Cada vez que se les termina el dinero recurren a embargar las cuentas de la UNAH cuando en estos momentos la necesidad de los recursos es bastante grande; el juez ejecutor se ha excedido en sus facultades y en sus funciones en base a la determinación que la Corte Suprema de Justicia ha prescrito, pero hoy nos quieren sacar más recursos sin tener la razón”, manifestó.

El rector, quien es experto en derecho penal y procesal penal, refirió que esta modalidad de operar es al estilo de criminalidad organizada porque existe un juez ejecutor en concierto previo y un sindicato que se constituyó únicamente con 80 profesores, por lo tanto, la deducción debería de ser por esta cantidad, pero está cobrado por más de 3,000 miembros y no le corresponde, drenando de esta forma fondos públicos.

Amplió que al juez ejecutor no le compete determinar la cantidad de personas porque ya existe una sentencia, por tanto, es la CSJ la que tiene que mandar a la UNAH a realizar las retenciones correspondientes.

Definió que el concepto de crimen organizado “es cuando dos o más personas se constituyen para delinquir de manera sistematizada y con base a lo que establece el Código Penal; de manera categórica podemos decir que estamos ante crimen organizado que se ha dedicado a drenar fondos públicos de la Universidad y en mi gestión yo no lo voy a permitir”, subrayó.

Concluyó que se debe investigar la actitud de la junta directiva del Sidunah y del juez ejecutor que tiene un concierto previo. "No tengo pupitres en la Universidad y 33 millones me ayudarían en mucho para honrar las necesidades que se presentan en todos los campus", indicó Fernández.

El rector se hizo acompañar de la titular de la Oficina del Abogado General, Gloria Caridad Alvarado, y del abogado Carlos Sánchez en su calidad de asesor legal de la Rectoría.

 Antecedentes

El conflicto que data desde casi una década se remonta al 5 de abril del año 2013, cuando el abogado Jesús Ferrera presentó ante la Secretaría General de la UNAH una solicitud de acreditación del Sidunah, incluyendo en la misma una acta de retención del 1% de los salarios de todos los docentes universitarios en concepto de aportación sindical, siendo un sindicato gremial constituido con una nómina de únicamente 186 afiliados, estos se tomaron la atribución de decidir por más de tres mil docentes, algo que al día de hoy es inadmisible para las autoridades universitarias.

La UNAH ha reiterado que la institución condena el accionar del juez ejecutor quien, abusando de la autoridad y de las facultades a él conferidas por mandato de la Sala de lo Constitucional, procedió sin reparo alguno a afectar el patrimonio de la Máxima Casa de Estudios favoreciendo a un sindicato que no cumple con lo establecido en la ley y que no ha operado un tan solo día ni ha logrado conquista alguna para sus supuestos afiliados.

OIT

En el primer semestre de 2022 la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se pronunció respecto al conflicto y recomendó ante el caso que, "cumplidos todos los requisitos establecidos en la legislación de Honduras, la UNAH solo podrá trasladar al Sidunah las cantidades de dinero correspondientes a cuotas sindicales deducidas, únicamente de los afiliados de su gremio que lo hubieran autorizado con todas las formalidades de ley respectiva, ante las autoridades de la Máxima Casa de Estudios del país”, señaló este organismo que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

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