Periodista Nadia Mendoza, Presencia Universitaria

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert Honduras y la Secretaría de Energía, organizaron el foro “Reforma energética: justicia tributaria, derechos humanos y acceso universal a la energía”, en donde funcionarios del Gobierno expusieron las iniciativas encaminadas a garantizar justicia energética y tributaria.

El diputado Ramón Barrios puntualizó los decretos que han sido aprobados en el Congreso Nacional que promueven un avance hacia la justicia social, entre ellos la creación de la caja única del tesoro nacional, la eliminación de fideicomisos y la Ley especial para garantizar el servicio de la energía como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

Asimismo, mencionó la Ley de Justicia Tributaria, la cual ya fue socializada, pero aún no ha sido aprobada, y que implica tres leyes, una de ellas es la reforma constitucional para añadir el principio de progresividad y prohibir la condonación de las obligaciones tributarias, la ratificación de la convención de asistencia administrativa mutua en materia fiscal y la Ley de Beneficiario Final.

Reforma energética

Por su parte el ministro de Energía, Erick Tejada, aclaró que el trabajo que le han encomendado está orientado a atacar los problemas estructurales en materia energética para garantizar la energía como un derecho humano, y esto solo se puede lograr con verdaderas reformas.

El funcionario aclaró que los resultados no se obtendrán en dos años, ya que las inversiones en distribución y transmisión requieren tiempo, sobre todo en situaciones críticas como la de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sin embargo, existen avances para rescatar esta empresa y garantizar la energía como un bien común.

“Estamos por enviar trece adendas al Congreso en el contexto de la renegociación de contratos… Lo que nosotros planteamos con la reforma energética es que se debe democratizar el acceso a la energía”, agregó el secretario, Erick Tejada.

Por su parte la directora de comunicaciones de la ENEE, Ninoska Alonzo, aseguró que existe una élite en el país que no ha podido negociar con el Gobierno, por lo que están intentando desestabilizarlo.

“Han montado una matriz mediática que se ha volcado a los intereses del capital privado en el país en perjuicio del interés público, sosteniendo una narrativa que coloca al gobierno como radical, que no quiere negociar, pero el problema es que el modelo actual ya no da para más, tenemos un endeudamiento de más del 600% y un índice de pobreza de más del 70%”, expresó.

Ley de Justicia Tributaria

Por su parte, el ministro del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, presentó el diagnóstico que dio lugar a la creación de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, asegurando que el sistema tributario actual profundiza la desigualdad.

“En Honduras los que más ganan son los que menos contribuyen, por ejemplo, hay una persona de Cortés que, en 2021, sus 16 empresas tuvieron ingresos de 6,300 millones de lempiras y pagó cero de impuestos y no ha pagado impuestos desde el 2017… El 10% de la población más pobre paga hasta el 50% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 10% de los más ricos solo paga el 21%”, lamentó Ochoa.

También mencionó que el SAR es la administración tributaria de América Latina que menos accede a información bancaria, en ese sentido, aseguró que además de eliminar los privilegios y abusos en las exoneraciones fiscales, la Ley Justicia Tributaria eliminará los mecanismos de opacidad tributaria que permiten a los más ricos ocultar sus ganancias en paraísos fiscales.

Finalmente, el investigador social y analista político Álvaro Cálix señaló que pese a la voluntad que tenga el Gobierno para lograr justicia social, si no hay alianzas políticas entre partidos y entre grupos sociales, no se podrán lograr los cambios.

“Esta correlación de fuerzas, además, necesitará de las capacidades institucionales de las entidades públicas en Honduras para implementar procesos de reforma una vez que estos son aprobados, si se contratan personas por color político y no por méritos, no pueden llevarse a cabo las reformas”, concluyó el investigador.

Este foro es el segundo de un ciclo de conferencias denominadas “Democratización de la energía” y fue acuerpado por estudiantes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas, así como de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.