Periodista Elin Rodríguez, Presencia Universitaria

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) publicó su Boletín Económico número 42 dedicado a analizar el índice de riesgo de corrupción en Honduras: una visión desde la economía, donde expone seis efectos negativos de ese flagelo histórico y para su combate pone a consideración cuatro posibles acciones.

Como está plenamente demostrado, la corrupción refleja una problemática persistente en el país, que se alienta con factores como la debilidad institucional, impunidad, interferencia política y falta de una sólida cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Esta problemática, arrastrada por décadas, ha ocasionado un profundo impacto en el desarrollo del país constituyendo un obstáculo significativo en el progreso económico y social, socavando la confianza en las instituciones gubernamentales y generando una serie de desafíos que exhiben las deficiencias del Estado para hacer frente a las necesidades de la población, indica la publicación de la Máxima Casa de Estudios.

De este flagelo no está exento ningún sector, pues la corrupción permea las diferentes esferas de la sociedad hondureña, mismas que se complementan con un entorno donde impera la inseguridad y la impunidad, y que ponen de manifiesto la incapacidad institucional de orientar su marco de gobernanza hacia acciones concretas para generar valores públicos que sean tangibles para la sociedad en su conjunto.

Efectos negativos

Los efectos negativos a la economía, producto de la corrupción, van desde el desvío de recursos, impacto en el desarrollo humano, desconfianza y falta de credibilidad, desincentivo a la inversión extranjera, ineficiencia económica e impacto en el sector privado.

Por otro lado, el boletín 42 de la UNAH señala que la falta de integridad en el sistema de contratación pública ha sido otro de los puntos críticos que han impulsado en altos niveles a la corrupción, lo que se ha reflejado en las ineficiencias y elevados costos que implican el otorgamiento de contratos y licitaciones en diversos proyectos de inversión productiva y social, mismos que han afectado la calidad de estos, a la vez que representan cargas adicionales para las finanzas públicas.

De igual forma remarca que la distribución desigual de los recursos públicos ha dejado a los sectores más vulnerables de la población sin acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo, dando como resultado que, la pobreza y la exclusión social se sigan perpetuando, lo que minimiza los esfuerzos para alcanzar una mayor equidad y justicia social.

Impunidad

“La corrupción ha generado un ambiente de impunidad que ha dificultado el enjuiciamiento de los responsables y ha debilitado el sistema de justicia. La percepción generalizada de que los funcionarios corruptos rara vez reciben el castigo que merecen, ha contribuido a una cultura de tolerancia hacia estas prácticas, lo que dificulta aún más su erradicación”, expone el documento.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), con auspicio del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDACC), de la Cooperación Alemana, han unido esfuerzos para elaborar un Índice de Riesgo de Corrupción, que busca medir cuantitativamente la eficiencia y calidad de los servicios públicos que obtiene la sociedad hondureña por parte del Estado, a través de cuatro pilares fundamentales como ser bienes públicos en salud, educación, infraestructura y subsidios durante los años 2001 hasta 2021.

Este índice de riesgo de corrupción diseñado por la Máxima Casa de Estudios mide en una escala con valores entre 0 a 100. Entre más próximo a cero se encuentra el Estado, más proclive a riesgo de corrupción y al acercarse a 100 se presenta un riesgo menor.

Bajo esa medición, el índice de riesgo de corrupción calculado por la UNAH muestra para los últimos 20 años un promedio del 16.85 reflejando un riesgo alto, problema que tiene amplias repercusiones en términos de la provisión de bienes y servicios públicos, dado que se visibiliza que las filtraciones en materia de corrupción limitan la ejecución financiera y física, así como la eficiencia en el manejo de los recursos.

Impacto de la corrupción

El análisis de las principales dimensiones que componen el índice de riesgo de corrupción muestra un panorama de desigualdades y exclusiones para la población en áreas claves como la educación, la salud, la infraestructura productiva y subsidios.

La corrupción provoca serias deficiencias en educación, observándose un detrimento en las condiciones de cobertura, asistencia, eficiencia, permanencia e infraestructura escolar, en el 2021 uno de cada dos niños en edad escolar, de 6 a 17 años, no asistían a un centro escolar.

En lo referente a salud se destacan altos niveles de deficiencia que presenta el sistema de salud pública, lo que provoca que este atraviese múltiples dificultades que limitan su funcionamiento y capacidad operativa para ofrecer bienes y servicios.

En lo que se refiere al gasto público en infraestructura, en los últimos 20 años apenas se ha destinado el 1.9% del PIB, la corrupción en este apartado se presenta a través de la existencia de una alta burocracia y falta de transparencia en la contratación pública, lo que se traduce en una carga que absorbe una parte importante de los recursos orientados a financiar la inversión real provocando que estos resulten insuficientes para atender de manera oportuna los diversos proyectos de infraestructura, lo que obstaculiza y frena el desarrollo productivo de la sociedad.

Para abordar eficazmente este desafío, la UNAH propone las siguientes acciones:

Promover una mayor transparencia en la gestión gubernamental, garantizando el acceso a la información pública a la ciudadanía.

Fortalecer y mejorar la capacidad e independencia del sistema judicial y de los demás órganos contralores del Estado para garantizar la efectividad, eficiencia y transparencia en las actuaciones de los organismos judiciales, con el fin de prestar herramientas de monitoreo y así poder evaluar las acciones y decisiones que se lleven a cabo por parte de los operadores de justicia en el país.

Implementar de manera efectiva los mecanismos de rendición de cuentas para los funcionarios públicos, exigiendo que justifiquen sus decisiones y la utilización de los recursos a ellos asignados.

Incentivar una mayor participación de la sociedad civil en la supervisión y vigilancia de la gestión pública, permitiendo a los ciudadanos y a organizaciones sociales ser agentes activos en la lucha contra la corrupción.

El documento cierra con la disposición de la UNAH de contribuir desde la investigación científica y la vinculación Universidad-Sociedad, al abordaje integral y sostenido de esta problemática, promoviendo un camino hacia una sociedad más transparente, justa y próspera.

Descarga en PDF: https://dircom.unah.edu.hn/dmsdocument/15016-boletin-unah-042-julio-2023