PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (JDU-a.i.)

EN RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE ACTUALMENTE AFECTAN

 AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA VIDA ACADÉMICA DE LA UNAH

“La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso”.

Jean Paul Sartre

La JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (JDU), máximo órgano administrativo de la UNAH, responsable de la planificación, organización, control administrativo y seguimiento de los resultados operativos de la institución, se dirige nuevamente a la comunidad universitaria y a la ciudadanía hondureña para exponer lo siguiente:

1. Tal como lo planteó en junio de 2016, la JDU señala su absoluto rechazo a la violencia que se ejerce a través de agresiones materiales o de los discursos de grupos radicalizados, en nuestra Máxima Casa de Estudios, por considerarla una práctica contraria a los valores universitarios, como la tolerancia, el diálogo y respeto mutuo, y que, además, pone en riesgo la seguridad de la comunidad y viola derechos fundamentales y de terceros, como el acceso a la educación y el respeto a la integridad física.
   
   
2. Que la toma de edificios, intentos de provocar estallidos de combustibles, quema de bienes, daños a la infraestructura o interrupción forzada de clases, por parte de algunas agrupaciones estudiantiles, no son procedentes si se consideran, por ejemplo, las decisiones adoptadas por el Consejo Universitario, cumpliendo con la dotación de mayores recursos presupuestarios para seguir ejecutando los acuerdos de la mesa de diálogo suscritos con sectores estudiantiles, entre ellos el MEU, en julio de 2016, como: mejora de  las condiciones para el aprendizaje, información  y capacitación docente-estudiantil, fortalecimiento  de la investigación,  readecuación curricular y el monitoreo y evaluación académica y administrativa, así como para satisfacer las crecientes necesidades de  infraestructura y financiamiento de cada centro regional.
   
   
3. La REFORMA UNIVERSITARIA ha significado grandes avances en la vida académica de la UNAH, al punto que actualmente se tiene una inversión proyectada para este año de más de mil millones de lempiras en obras de infraestructura, así como el equipamiento de laboratorios y tecnología, para facultades y centros regionales.  Esto se evidencia en el 71% del presupuesto de la UNAH dedicado al desarrollo académico y físico-tecnológico para el 2017, que contrasta con el 42% invertido en ese mismo concepto previo a la Reforma (año 2000). Esa política institucional incide positivamente en el rendimiento académico estudiantil, que ha mejorado progresivamente de valores de índice académico promedio del 56% a valores actuales superiores al 70%, por lo que cualquier retraso en el proceso de Reforma será en perjuicio de los mismos estudiantes.
   
   
4. La implementación de la actual  REFORMA UNIVERSITARIA, cuyo punto de arranque  fue la aprobación de la Ley Orgánica en 2004, es y debe ser un proceso de democratización permanente que lleva a tomar en cuenta lo siguiente: a) demandas que exigen derechos a través del uso de la violencia, atentando contra la misma ley y acuerdos suscritos, pierden total legitimidad, b) que la institucionalización de mecanismos internos de diálogo y consulta es permanente, y,  c) que la profundización de la Reforma genera tensiones entre los privilegios individuales o gremiales y los derechos colectivos, conflictos que deben superarse en el marco de la legalidad.
   
   
5. Cabe aclarar, que, con motivo de esta coyuntura, se reabre la discusión sobre los alcances de la autonomía universitaria. Para algunos, la autonomía es concebida en términos absolutos, no sujeto a límites legales, como si se tratara de un Estado dentro de otro Estado y con su propia soberanía. Sin embargo, la autonomía universitaria se enmarca en la Constitución de la República (Art. 160), la Ley Orgánica de la UNAH (Art. 2) y demás leyes vigentes, es decir, no se trata de un ordenamiento jurídico paralelo o al margen de los procedimientos que las leyes establecen para la defensa del patrimonio público. La autonomía es un principio que garantiza a la universidad pública su autorregulación en los ámbitos normativo, de elección de sus propias autoridades, manejo de su administración y recursos económicos, con transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a los entes contralores del Estado y la sociedad en general, así como promueve la libertad académica y de cátedra, libre de imposiciones y dogmas, imprescindibles para el desarrollo de las ciencias y una educación de calidad.
   
   
6. En la actualidad, es imprescindible analizar esta situación puesto que las consecuencias de la escalada de agresiones contra la institucionalidad universitaria y el honor de las personas que la dirigen son prolongadas, alteran la convivencia basada en el principio de la pluralidad, el respeto a la legalidad, las diferencias y la diversidad. A raíz de la ocupación arbitraria de los bienes de la institución, propiedad del pueblo hondureño, ha surgido la disyuntiva de si las autoridades universitarias debían optar entre atender las demandas a favor de la impunidad, permitiendo que las protestas criminalicen sus propias acciones, o presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para alertar sobre la gravedad de los daños causados al patrimonio o el descrédito generado para la imagen de la institución.
   
   
7. La decisión de las autoridades universitarias, encabezadas por su representante legal, la Rectora Julieta Castellanos, de respetar el principio de autonomía y seguir el procedimiento legal de respuesta a la violencia, en lugar de permitir la impunidad (raíz de la corrupción y violatoria de múltiples derechos), se apega con fidelidad al Artículo 321 de la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” y lo enfatiza el Artículo 323: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”. La omisión de esa responsabilidad hubiese colocado a la UNAH en un estado de indefensión y al gobierno universitario en la misma ilegalidad que adversa.
   
   
8. Por otra parte, la JDU no puede dejar de señalar su preocupación en torno a que muchos de esos actos, constitutivos de delitos, son alentados por algunos empleados de la misma universidad, incluyendo la intervención activa de docentes, gremios, y sectores políticos que buscan convertir los campus del Alma Máter en una prolongación de la contienda electoral del país.

En consideración a lo anterior, y en función de sus altas responsabilidades, la JDU se pronuncia de la siguiente manera:

• Ratificar el apoyo a la gestión de la Rectora de la UNAH, Licenciada Julieta Castellanos y a todas las autoridades en la conducción de la Universidad y en la solución de esta conflictividad. Lamentamos que las autoridades sean víctimas de una serie de señalamientos denigrantes por parte de algunos estudiantes, ciertos sectores docentes, gremiales y extrauniversitarios que adversan la Reforma y vuelcan campañas de odio y resentimiento a través de las redes sociales digitales.

• La constante acción de personas encapuchadas proyecta una imagen de la universidad que no corresponde con la realidad de una institución que, año con año, alcanza mejores lugares en los rankings académicos de América Latina, como el prestigioso QS Rankings, en cuyo listado de las 300 principales del continente ni siquiera figuraba la UNAH y hoy la ubica entre las mejores cinco (5) de Centroamérica, reconociendo grandes logros en reputación académica, credibilidad de empleadores hacia los egresados, y publicaciones de investigaciones científicas.

• Ante la imposición y la fuerza, la respuesta institucional debe ser dada a partir de la defensa del derecho a la educación de calidad, como bien público, el apego a la legalidad y la mesura ante las provocaciones, tomando como base que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) está inmersa en un proceso de Reforma Integral, tanto a nivel académico como administrativo, y que es preciso consolidar para asegurar los resultados del mismo, dejando bases firmes para su continuidad. 

• La JDU subraya que las autoridades universitarias no han abandonado el diálogo para dirimir diferencias internas, firmes en su compromiso con la Universidad Pública y Laica, incluyendo en ese diálogo facilitar y apoyar, de conformidad con el Decreto No. 46-2013, del Congreso Nacional, y la Ley Orgánica de la UNAH, que los estudiantes deben organizarse y elegir en un proceso democrático y pluralista a sus representantes ante el Consejo Universitario y otras instancias de representación.

• El movimiento estudiantil debe organizarse para que se someta a procesos de elección de sus representantes a partir de la gestión y realidad del propio movimiento estudiantil, de las diversas formas de organización que asume, de su especificidad académica y de la capacidad que tenga de apropiarse de formas de consulta democrática y de defensa del proceso de producción de conocimientos de calidad que promueve la Reforma de la UNAH.

• Tomando en cuenta que está en marcha el proceso de elección de la próxima JDU en propiedad, la  JDU a.i. reitera su compromiso con el fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad democrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para lo cual sus miembros asumen con profesionalismo, independencia de criterios, ética y respeto a la ley su deber de garantizar al máximo la credibilidad de todos los procesos de convocatoria y elección de las próximas autoridades, entre ellas Rector (a), Decanos (as) y Directores (as) de los Centros Regionales. La JDU tiene plena conciencia que la elección de las autoridades de dirección es un proceso fundamental en la vida universitaria y que diversos sectores aspiran a recuperar los espacios que consideran haber “perdido”, para lo cual cada procedimiento que se adopte en el proceso será para garantizar la legitimidad de sus resultados.

• Finalmente, viviendo la UNAH una etapa decisiva de su vida institucional, en la encrucijada de seguir avanzando o retroceder en sus cambios internos y en su vinculación con la sociedad, la JDU hace un llamamiento a todos los actores internos, estudiantes, docentes y trabajadores para que se interroguen a sí mismos ¿Qué papel están cumpliendo en la defensa y desarrollo de una universidad transformadora? 0 ¿Qué actitud asumen ante grupos encapuchados, minoritarios, cuya opción por la confrontación busca tener un impacto desproporcionado en los medios de comunicación y redes sociales, y que manejan agendas con intereses encubiertos? Ante los hechos, es preciso que la mayoría de la comunidad universitaria se sume en la defensa activa de su derecho a recibir clases y no sentirse amenazada por acciones irresponsables que incluso ponen en riesgo sus vidas, y respalde un diálogo  académico en lugar de político, constructivo en lugar de destructivo, basado en el respeto recíproco y no en insultos, ajeno a intereses partidaristas, personales o gremiales, y que responda oportunamente las demandas y expectativas justas de la comunidad universitaria y, en especial, de la sociedad hondureña que es la que realmente paga el funcionamiento de la UNAH.
  
  

JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (a.i) 

Aleyda Lizett Romero Escobar

Directora Presidenta