Periodista Ilda Corea

El actual Gobierno de la República inició esta  semana el desembolso del decimocuarto mes de salario para un aproximado de 250 mil empleados pertenecientes al sector público. Es por eso que la Secretaría de Estado en el Despacho de  Finanzas (Sefin), a través de un comunicado oficial en su cuenta de X, dio a conocer que se transferirá un monto de 4,119 millones 110 mil lempiras correspondientes al decimocuarto mes de salario a los empleados públicos.

En el comunicado también se menciona que ya están cargadas las planillas por las instituciones en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), destacando que a partir de hoy, 6 de junio, iniciará la cancelación a los empleados.

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estima que los trabajadores recibirán de parte de empresarios un aproximado de más de nueve mil millones de lempiras, y el pago a los empleados estará disponible a partir de la próxima semana.

Consejos

El máster Rafael Núñez, del Centro de Emprendedores, menciona que el referido pago es una oportunidad de inversión que permite dinamizar la economía en el país y para un emprendedor, generar mayores ventas, y en el caso de las medianas empresas, este pago representa una oportunidad de ahorro, no obstante, en el país no existe cultura del ahorro.

Además de ello, también es una gran oportunidad para cancelar deudas porque en otros meses no alcanza el presupuesto y también depende del monto que se deba abonar.

Por otro lado, el economista Mario Palma sostiene que el pago del decimocuarto mes afecta en gran manera en la inflación, es decir, se  altera la economía y se pierde poder adquisitivo ya que el dinero rinde cada día menos, debido a que todo lo que se consume se encuentra a un alto precio y una gran cantidad de la población dispone el ingreso para dedicarse a compras para su propio beneficio y los comerciantes aprovechan para vender a un precio que los beneficie.

El decimocuarto salario se aprobó mediante decreto número 135-94, de fecha 12 de octubre de 1991 por el soberano Congreso Nacional. En el capítulo IX Medidas de Compensación Social, artículo 34, se establece como un derecho de todos los empleados. Se aprobó bajo el mandato del entonces presidente Rafael Leonardo Callejas.