Periodista Yuri Vargas, Presencia Universitaria
Según estadísticas del Poder Judicial, dadas a conocer este lunes 30 de julio, en el marco del Primer Congreso Jurídico en Criminología y en Derecho de la Niñez, Adolescencia y Mujer, entre el 2018 y marzo de 2021 se judicializaron en el país 3,324 menores involucrados en la comisión de diversos ilícitos.
Durante el encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el abogado Sergio Mejía, jefe del Departamento de Derecho Penal, detalló que 1,329 de dichos casos fueron judicializados durante el año 2018; 1,235 en el 2019, 727 en el 2020 y 33 en los primeros meses de 2021.
Asimismo, indicó que el 86% de los infractores penales tienen entre 15 y 17 años y el sexo masculino es el de mayor incidencia, con la extorsión como principal delito, seguida por el de robo y en tercer lugar la facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de droga.
Respecto al nivel educativo de los hechores, el académico señaló que el 30% tiene secundaria completa, 29% primaria incompleta, 20 ningún grado de escolaridad, 19% primaria incompleta y apenas 2% secundaria completa.
“Podemos atrevernos a decir que una causa y factor de la criminalidad es el grado de escolaridad. Si un menor tiene educación, es menos probable que se involucre con grupos del crimen organizado y participe en actos delictivos”, expresó respecto al porqué de este fenómeno,
En ese sentido, destacó que debido a su falta de madurez y corta edad, el Estado no solo debe jugar un papel represivo, sino también diferenciado frente a los adultos, apostándole a la rehabilitación.
Por su parte Carlos Alejandro López, juez de Letras de la Niñez y Adolescencia, del departamento de Francisco Morazán, hizo énfasis en el trato diferenciado y especializado a los menores de 18 años como parte de los compromisos internacionales de Honduras y de diferentes normativas nacionales, debido a su situación de vulnerabilidad; con el fin de verle como un sujeto al que hay que proteger, no como un objeto; tomando en cuenta su entorno social y psicológico, entre otros factores, así como la perspectiva de género y de infancia.
De igual manera explicó que a diferencia de los adultos, los juicios para los menores infractores son orales y reservados y reveló que debido a que no existen tribunales de sentencia especiales para ellos, la mayor parte de los actos delictivos cometidos por este grupo poblacional son atendidos en los tribunales del Distrito Central, donde recae el 75% de la carga procesal de todo el país.
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