Periodista Keylin Espinoza, Presencia Universitaria

La alimentación, la conexión a internet y a equipos que puedan contribuir a continuar con el proceso de aprendizaje son imprescindibles para tener acceso a la educación, por ello en el caso de no tener cobertura a internet, los Estados deberían implementar estrategias que posibiliten el acceso a la educación; concluyó estudio con relación a las experiencias docentes en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19.

El estudio fue realizado en 2020 y publicado en 2022 en la Revista Internacional de Investigación en Educación, vol. 15, 2022 de la Pontificia Universidad Javeriana, y se denomina “Docencia en contexto de pandemia. En el vórtice de la injusticia social”.

Como participantes de la investigación se consideró la inclusión de profesoras que ejercieran en la educación básica, específicamente en el primer nivel (de 1º a 6º grado), durante el año 2020, con experiencia de al menos tres años en aula. Este último criterio se relaciona con un período en el cual puedan tener puntos de comparación con sus propias experiencias laborales en contextos anteriores.

Los resultados de la investigación se organizaron en cinco ejes: problemas de alimentación, factor económico relacionado con las actividades laborales de los padres de familia, nivel educativo de los padres de familia, acceso a la tecnología y compromiso docente.

Desde inicio de la pandemia, el panorama indicaba que la misma podría profundizar más los problemas alimentarios. La alimentación es un bien fundamental para el proceso de aprendizaje, por ello las docentes se sintieron impotentes frente a estas circunstancias.

Las docentes señalaron que los ingresos de estas familias se vieron mermados, pues la gran mayoría realizaba actividades económicas precarias, es decir que no contaban con un trabajo formal, con contrato fijo, ni con condiciones laborales adecuadas; por lo tanto, apenas pueden subsistir el “día a día”.

Otro de los resultados detalló que el proceso de aprendizaje, debido a las condiciones, se apoyó sobre los padres y madres de familia. Las docentes plantearon como un problema el nivel educativo de los padres, pues consideraron que un “bajo nivel” generaba dificultades para poder ayudarles a los niños y las niñas en sus deberes.

Las profesoras entrevistadas indicaron una gran dificultad de acceso a la tecnología y conectividad por parte de niños y niñas. A pesar de que desde el Gobierno se propusieron opciones para continuar con el proceso educativo, las condiciones materiales indican lo contrario.

A pesar de las dificultades a las que se enfrentaron las profesoras en esta crisis sanitaria, prevaleció el deseo de continuar con su quehacer pedagógico. El compromiso por ayudar al estudiantado las llevó a realizar hasta sacrificios personales.

El propósito de este artículo fue avanzar en la comprensión del sentido de justicia social por parte de profesoras de educación básica que laboraban en escuelas públicas urbanas y rurales de Honduras durante la pandemia por COVID-19, a través de sus experiencias docentes. Así se enmarcó en un contexto mayor visibilizado por la propia crisis sanitaria.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pandemia puso al descubierto las desigualdades existentes y las proyecciones económicas señalaron una agudización de estas desigualdades en la medida que se mantenga la crisis sanitaria.

En uno de sus informes, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) 2020, señaló: “El contexto general de Honduras es el de un país que además de su histórica desigualdad, se mueve en medio de la incertidumbre política, con un gobierno de baja legitimidad. La crisis sanitaria, política y económica prevé incluso la profundización de los niveles de violencia. Actualmente existe un alza de aquella violencia histórica que se ha normalizado como una práctica cultural en la sociedad hondureña”.

El sistema hondureño de educación se organiza en cuatro niveles: educación prebásica, básica, media y superior. Y es la Secretaría de Educación la encargada de administrar los tres primeros, mientras que la formación universitaria está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

A la fecha de realización del estudio (2020) existían aproximadamente 18,089 centros educativos públicos y privados que atendían a cerca de 2,032,593 estudiantes matriculados en prebásica, básica y media.

El sistema educativo presentaba déficit de cobertura y equidad en el acceso, lo que produjo exclusión, en especial socioeconómica, pero también en otros aspectos asociados a condiciones étnicas, de discapacidad, preferencia sexual y género.

En tanto, el Estado destina alrededor de USD $628.58 anuales por cada estudiante matriculado en alguno de los diferentes establecimientos gubernamentales.