Desapariciones en Honduras, un análisis de la coordinadora del ONV-UNAH

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Periodista Yuri Vargas

La inseguridad en Honduras sigue siendo un problema crítico. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen y reducir la violencia mediante estrategias como patrullajes, retenes policiales, incautaciones de drogas y armas e incineración de plantaciones de cocaína en varias regiones del país, especialmente en los departamentos de Yoro, Colón, Olancho y El Paraíso, los desafíos persisten.

Según indicó Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), si bien es cierto el 2023 cerró con una tasa de 34 muertes violentas por cada cien mil habitantes (pccmh) y en el primer semestre de este año se reporta una reducción de aproximadamente 500 homicidios, lo antes mencionado y la captura de personas involucradas en actividades ilícitas han llevado a que otros fenómenos se exacerben.

“A pesar del estado de excepción y de las estrategias, persiste el accionar del crimen organizado, especialmente de las maras y pandillas y el narcotráfico, que siguen desarrollando su actividad criminal y causando miedo en la población por medio de amenazas, secuestros y extorsiones”, expresó Ayestas.

“En este momento es preocupante el aumento de personas desaparecidas, por ejemplo”, expuso, al tiempo que explicó que la desaparición por violencia inicia con un desplazamiento interno forzado, como ocurrió con los cinco jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en una zona montañosa de Tatumbla, Francisco Morazán, tras haber desaparecido varios días antes, y la hipótesis de que su muerte estaría vinculada al interés de los responsables por la vivienda a la que pretendían mudarse.

“En muchos casos esto tiene que ver con el control de territorios, lo cual afecta el diario cotidiano y la convivencia pacífica; por eso es importante la presencia del Estado en los barrios y colonias y la investigación científico-criminal que dé cuenta de quiénes son los grupos ilícitos que están amenazando y controlando a la población”, resaltó.

La experta de este ente adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales añadió que lo anterior debe complementarse también con la organización comunitaria y la prevención de la violencia para tratar de frenar esta problemática.

“No solo basta con el control del delito y la disuasión con más policías, más postas policiales, más armas y más vehículos, sino que hay que trabajar el tema de la convivencia pacífica y cultura de paz que permita a los niños, niñas, jóvenes y población en general, conocer cuáles son los factores de protección para evitar ser víctimas de la violencia”, dijo.

“Solo así vamos a evitar que los barrios y colonias sean controlados por el crimen organizado y que las organizaciones comunitarias puedan desarrollar sus actividades sin miedo a ser víctimas de grupos criminales”, acotó.