Ada Alicia Aguilar Hernández, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo, presentó su tesis denominada “Alcances y Limitaciones de las Políticas Públicas Educativas en el Desarrollo Humano Sostenible”.

El concepto de políticas públicas, por lo general está asociado a las exclusivas acciones de gobierno, de ahí que, cualquier gestión de los actores gubernamentales es considerada erróneamente como políticas públicas. Según Franco (2013) toda política pública es una acción de gobierno, pero no toda acción del gobierno, puede considerarse como una política pública.  Dicho de otra manera, lo concreto y esencial de la política pública, radica en que es, un conjunto de acciones deliberadas, orientadas a la materialización de un objetivo de interés público.

El informe contempla, que las Políticas Públicas se llevan a cabo con base a criterios de oportunidad, calidad y transparencia. Para lograr esta aspiración legítima, es necesaria la participación integral de todos los actores sociales, especialmente las de los afectados, en el diseño de política pública, ya que le otorga legitimidad a este proceso y permite que la sociedad esté incluida, y sea copartícipe en la solución de los problemas de interés común, con el máximo de efectividad y apertura ciudadana, valorándolas previamente, durante y con posterioridad a su puesta en marcha, para garantizar primero su pertinencia y después sus resultados.

Aguilar, expresó: “Es preciso reconocer de manera preliminar, que las políticas educativas en la contemporaneidad, se han constituido en un asunto estratégico, en una cuestión de poder, de fortalecimiento del capital humano en la sociedad, y que se relacionan con la intención del Estado por controlar los procesos educativos”.

La tesis sostiene, que la falta de claridad en la definición de las políticas públicas en el sistema educativo nacional, limita sustancialmente el desarrollo de la educación del país. La investigación da a conocer los alcances y limitaciones de las políticas públicas educativas y cuyas consideraciones servirán de fundamento a los tomadores de decisiones, para reorientar un sistema educativo nacional que asegure la equidad, inclusión, cobertura y calidad en todos los niveles y que procure a la población mejores estándares de vida.

Los objetivos de la investigación fueron: 1. Identificar la relevancia y la pertinencia social de las políticas públicas educativas de Honduras. 2. Definir la factibilidad de las políticas públicas educativas en el desarrollo de la educación del país. 3. Caracterizar las políticas públicas educativas de Honduras, a la luz de cuatro componentes básicos: interés público, racionalidad, efectividad e inclusión de acuerdo a los logros de sus ejecutorias. Y 4. Analizar los resultados de las evaluaciones educativas para valorar el logro de la política de calidad de la educación, requerida para el desarrollo del país.

El estudio se realizó desde la perspectiva del enfoque cualitativo, para lo cual se adoptó el método fenomenológico.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION

Entre los principales hallazgos están los alcances de las políticas educativas en el país en los últimos cinco años. Para el caso: hay más posibilidad de acceso, inclusión e incorporación de los excluidos al sistema educativo, se han establecido y sistematizado relaciones a nivel macro entre diferentes instituciones para apoyar el cumplimiento de metas entre varios sectores.

En cuanto a cobertura se ha resuelto en parte educación pre básica y básica, pero, aún falta su universalización y queda por resolver la gran deuda que se ha acumulado en educación media y el nivel superior. De igual forma, ha habido un avance en la creación de centros educativos más próximos a las comunidades de residencia de los estudiantes y hay avances en Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, se ha dotado de libros de texto a los estudiantes de educación básica en las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, pero estos recursos son insuficientes y aún quedan zonas que no cuentan con estos beneficios.

Los datos indican que en los últimos años se ha recuperado la gobernabilidad del Sistema educativo y el rescate del poder por parte de la Secretaría de Educación sobre la dirigencia magisterial, lo que ha permitido el cumplimiento de doscientos días de clase como mínimo en el año lectivo. Se ha avanzado en la implementación del uso de tecnología con el propósito de hacer más eficiente la administración del sistema educativo (SACE), lo que ha permitido la depuración de la nómina de docentes y hacer un mapeo de los centros educativos y los docentes que en ellos laboran. Asimismo, se cuenta con estadísticas más confiables.

En cuanto a las limitaciones de las políticas públicas educativas se encontró entre otras las siguientes: la injerencia política, la carencia de compromiso de los actores, la insostenibilidad de las políticas, debilidad en la  integración entre los responsables del diseño de las políticas y los ejecutores, insuficiencia de recursos, escaso liderazgo de la Secretaría de Educación, falta de actualización del personal docente, técnicos y administrativos, desconocimiento de las estrategias a seguir para que la política llegue hasta el aula de clase, cambios gubernamentales que no abrazan la visión institucional, falta de acompañamiento y monitoreo, escasa relación entre Estado, docentes y padres de familia, decisiones arbitrarias.

Aguilar afirmó que: “Muchas políticas son diseñadas desde el escritorio las cuales se tratan de imponer por decreto, sin ningún nivel de consenso y de participación de los actores por lo que tienen pocas probabilidades de ejecución y de sostenibilidad, lo que las condena al fracaso”.

 Por otra parte, se encontró que las políticas públicas educativas se están diseñando sin un estudio de factibilidad de ejecución, de materialización y sin crear las condiciones necesarias para asegurar su éxito, además, cada vez se está visibilizando más la colaboración de los organismos cooperantes, sin su ayuda, los estudiantes y docentes se verían limitados en la obtención de recursos didácticos, y la calidad de la educación estaría en riesgo, pues el presupuesto del Estado asignado  a la Secretaría de Educación, en su mayor parte, sirve para pagar los salarios de los docentes, administrativos y cubrir toda su burocracia, y los beneficiarios directos son los menos favorecidos. Es a través de la cooperación internacional, que se logra dotar de materiales educativos, equipo y en algunos casos hasta infraestructura física.